Por María Sucarrat
El operativo de prensa que la dictadura chilena puso en marcha para ocultar la desaparición de 199 personas. Cómo usaron de pantalla a la Argentina para encubrir los crímenes y cuáles fueron los medios de comunicación que se prestaron a la campaña de "desinformación". La condena a los responsables de la DINA, cincuenta años después.
Hay hechos que quedan atrapados en los archivos judiciales. De alguna manera, la escena de justicia se ocupa de tragarse a la historia. Y ése habría sido el caso de Operación Colombo si hace algunos años, el fiscal Federico Delgado, con cientos de hojas entre sus brazos, no hubiera dicho "Esto se muere y es necesario que se dé a conocer". Operación Colombo es el nombre de pila de una causa judicial que tiene más de 40 años y que continúa sin ser resuelta. ¿Cuáles son las telarañas en las que quedan extraviados aquellos sucesos que pertenecen al patrimonio colectivo de la historia?
La Operación Colombo refiere a un montaje de prensa destinado a ocultar el crimen de 119 personas desaparecidas en Chile por la DINA (servicio de inteligencia chileno) durante 1974 y 1975. A través de unas cuantas publicaciones se intentó hacer creer a los lectores que militantes de grupos de izquierda, que estaban desaparecidos, en realidad habían sido asesinados por sus propios compañeros en "ajustes de cuentas" durante la gestación de un "ejército revolucionario" en la Argentina que luego cruzaría a Chile. La operación fue un montaje para ocultar el objetivo: el exterminio de militantes políticos chilenos por parte de integrantes de servicios de inteligencia, fuerzas armadas y policiales y también medios de prensa de la Argentina, de Chile y de Brasil. El encubrimiento incluyó la instalación de noticias acerca de supuestas peleas internas y enfrentamientos letales dentro de los grupos de militancia de izquierda de Chile. Entre esas noticias se aportaron los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, y también colombiano, venezolano, mexicano, francés. Las notas publicadas mencionaban que en el seno de los grupos de resistencia chilenos se había producido una purga interna por diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El caso que puso el pie en la justicia argentina fue el de Jaime Eugenio Robotham Bravo, un ciudadano chileno de 23 años, secuestrado por la DINA y trasladado al Centro de Detención "Villa Grimaldi" en Chile, el 31 de diciembre de 1974. Unos meses más tarde, el 11 de julio de 1975, aparecieron en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, dos cadáveres totalmente carbonizados en el interior de un automóvil. Los cuerpos llevaban consigo cédulas de identificación a nombre de "Jaime Eugenio Robotham Bravo" y de "Luis Alberto Guendelman Wisniak". Llevaban, además, una nota: "Dados de baja por el MIR" (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Mucho tiempo después se supo por peritajes y testimonios de familiares que los cuerpos no pertenecían ni a Robotham Bravo ni a Guendelman Wisniak y que los documentos eran falsos.
Esos hechos fueron recogidos por la prensa. Entre el 15 y 17 de julio de 1975 se publicaron en el diario "O´Día", de Curitiba, Brasil, y en la revista "Lea", de Buenos Aires, una lista con 119 nombres de personas, la mayoría militantes del MIR, detenidas en Chile. A todos, hombres y mujeres, se les dio por muertos en la Argentina ya sea ejecutados por sus propios compañeros o fallecidos en enfrentamientos con la policía. Pero lo más siniestro del caso es que ambas publicaciones tuvieron una única edición. Y ese es, quizás, el dato medular de Operación Colombo: valerse de los medios de comunicación para garantizar su éxito.
Tanto la publicación argentina "Lea" como su par brasileña "O'Dia" nunca tuvieron una existencia real. Ambos salieron un solo día. El supuesto semanario argentino editó sólo el N9 1. Consignó como director a José López Rega, ex ministro del gobierno bonaerense y jefe de la Triple A. La dirección que apareció en el staff de la publicación, Brandsen 4845 era falsa. De igual manera, la Asociación de Prensa Brasileña declaró no conocer publicación alguna en Curitiba, ni en todo el Estado de Paraná, con el nombre de "O'Dia". En ambas publicaciones aparece la nómina de supuestos guerrilleros, de quienes ni siquiera tenían el detalle los gobiernos de ambos países.
El 18 de julio la argentina "Lea" publicó una nota fechada en México. "Sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha, en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política. (…) El plan de ejecuciones materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa, parece ser el comienzo de una gigantesca purga con la que culmina un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero que desde el mismo día de su caída ha envuelto a la debilitada unidad popular en el exilio. (…) El hecho trascendió de unos de los círculos, de asilados en México, muchos de cuyos integrantes viven en un frenético terror, pues temen estar incluidos en las sentencias dictadas por los "tribunales populares" que han comenzado a funcionar dentro de la clandestinidad en diversos países latinoamericanos". Al término de la nota y bajo el título "Los que callaron para siempre", publicó los nombres de 60 chilenos muertos. La publicación "O'Dia" dio a conocer que 59 "extremistas chilenos" fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en Salta, Argentina e incluyó una nómina de los supuestos extremistas caídos en el extranjero.
Días más tarde y tomando como fuente esas dos publicaciones, el 23 y 24 de julio de 1975, la filial chilena de la agencia de noticias United Press International (UPI), y los diarios "El Mercurio", "Ultimas Noticias", "La Segunda" y "La Tercera" publicaron en riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino y también colombiano, venezolano, mexicano, francés. Los textos daban a entender que en los grupos de resistencia chilenos se producía una purga interna, a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El 18 de agosto, el semanario norteamericano "Times" daba cuenta de la relación entre la Triple A y la DINA chilena. "El terrorismo derechista de ambos lados de Los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos". En el diario "La Opinión", de Buenos Aires, una solicitada que insinuaba que el gobierno chileno estaría involucrado en la falsificación de documentos y en la atribución fraudulenta de identidad a los cadáveres aparecidos en Argentina.
Hoy
Pocos días antes del 50 aniversario de la conmemoración del golpe de Estado de 1973, la justicia chilena condenó a 31 responsables, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia por el secuestro calificado de Pedro Enrique Poblete Córdova, dirigente sindical metalúrgico y militante del MIR, quien desde septiembre de 1974 está desaparecido. El fallo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema y revoca y corrige la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a parte importante de los acusados y sancionó a otros con castigos más bajos. Con esta sentencia, Miguel Krassnoff sumó más de 1000 años de condena, por estar involucrado en crímenes de lesa humanidad. Además, condenó por el mismo delito a diez años de prisión efectiva a 25 ex agentes, antes absueltos por la Corte de Apelaciones, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como autores y cómplices en la conocida como Operación Colombo.
La dictadura de Augusto Pinochet dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, unos 3.000 opositores asesinados de los que más de 1.400 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsquedas se encontraron e identificaron restos óseos de 307 personas. El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional para que el Estado asuma la búsqueda de los desaparecidos que hasta hoy está en las manos de familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.
