Por Hugo Alconada Mon
La Fiscalía probó que una mujer y un hombre también extraían los sueldos de otros posibles “ñoquis” mientras que las autoridades de la Cámara retacean respuestas a la Justicia.
A un mes de su detención, la situación procesal de los dos principales acusados por el multimillonario desfalco al Estado bonaerense se complicó todavía más. La fiscal Betina Lacki pidió la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini, tras señalarlos como los jefes de Julio Rigau en una presunta asociación ilícita que habría funcionado durante años y que incluiría más “Chocolates” y más “ñoquis” y prestanombres, ante la reticencia de la Legislatura a colaborar con la Justicia.
A lo largo de su dictamen de 365 páginas, la fiscal Lacki estimó que existen evidencias suficientes para sostener que el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini (67 años), actuó como el presunto jefe de una asociación ilícita y que su hijo, el concejal platense Facundo Albini, funcionó como un eslabón intermedio que le daba órdenes a “Chocolate” Rigau, quien también permanece detenido.
Lacki afirmó, además, que los titulares de las 48 tarjetas de débito que tenía Rigau en sus manos cuando fue detenido en una sucursal del Banco Provincia De esta capital fueron parte de la maniobra delictiva que habría comenzado a desarrollarse, como mínimo, en enero de 2021 y que habría cometido reiteradas estafas contra el Estado bonaerense, causándole un perjuicio de al menos $800 millones.
El juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, deberá ahora evaluar la situación procesal de los Albini, quienes permanecen detenidos desde el 22 de noviembre en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, donde también se encuentra alojado Rigau.
Hasta ahora, la investigación judicial chocó con la reticencia y el silencio de las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense, como también de los principales bloques políticos. Ni Unión por la Patria, ni Juntos por el Cambio, ni La Libertad Avanza requirieron una investigación administrativa, impulsaron medidas de transparencia interna o requirieron precisiones sobre lo ocurrido. Al contrario, según destacó la fiscal al pedir la prisión preventiva de los Albini, la Legislatura demora su colaboración con la investigación judicial.
“Al momento de la presentación del pedido”, remarcó Lacki, “resta obtener la respuesta por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en relación a los oficios oportunamente librados a ese organismo, tendientes a obtener información de interés para la presente investigación”.
La fiscal también consignó que existen evidencias contundentes de que Rigau no era el único involucrado en la trama delictiva que fatigó los cajeros automáticos de la ciudad para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito. Consignó que “Chocolate” se cruzó y saludó con una mujer que gestionaba 17 tarjetas y con un hombre que tenía 16 durante las madrugadas del 11, 17 y 18 de agosto, como también del 5 de septiembre.
Apoyada en los videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia que así lo demuestran, Lacki consideró probada “la existencia de una operatoria que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez Atencio]que ‘con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.
En la misma línea, la Fiscalía detalló que el análisis del teléfono de Rigau proveyó evidencias sobre el verdadero rol de “Chocolate”, quien decía “trabajar” cuando en realidad extraía dinero de los cajeros automáticos y le daba órdenes a varios de los 48 titulares de esas tarjetas, para luego “rendir cuentas” a Facundo Albini de acuerdo a las pautas e indicaciones de su padre, Claudio Albini.
El análisis de ese teléfono les permitió a los investigadores, además, corroborar que Rigau no sólo interactuaba con varios de los titulares de esas 48 tarjetas de débito, sino que tenía documentación personal de otros empleados de la Legislatura, que para la fiscal Lacki podrían ser más “ñoquis” o prestanombres en la trama delictiva.
Según detalló la Fiscalía, en su celular Rigau tenía copias de los recibos de sueldo de Sergio Lucero, Élida Palacio, Sabrina Morel y Néstor Estecho, imágenes de los carnets de IOMA de Cecilia D’Ovidio, Gisela De Luca, Néstor Estecho, Sabrina Morel, Ricardo Sánchez, Élida Palacio y de varios menores de apellido Guerra que serían hijos de un empleado o empleada de la Legislatura, como también copias de los DNI de Néstor Estecho, Yanina Palacio, Facundo Albino, Martín Lucero, Patricia Sánchez, Gisela De Luca, Javier Guerra, Ricardo Sánchez, Bautista Ratovsky, Jorge Omar Cruz, Leandro Acosta, Mirta Alcaraz, Raúl Boragina, Sabrina Morel, Gerónimo Ippoliti, Kiara Gorosito y Jonatan Pedraza.
“Todo ello no hace más que confirmar las gestiones efectuadas por Rigau a los fines de la obtención de contratos por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, lo que conlleva la obtención por parte de los ‘trabajadores’ de algún tipo de beneficio social, por ejemplo la obra social IOMA”, estimó la fiscal Lacki, que colocó entre comillas la palabra “trabajadores” para destacar sus sospechas sobre la situación laboral de esos empleados.
Para la Fiscalía, Rigau debía rendirle cuentas al concejal Facundo Albini, quien actuaba como intermediario con su padre. Y Claudio, como subdirector de Personal, se habría aprovechado de ese cargó para “otorgar contratos de locación de servicios a personas que prestan conformidad para la suscripción de los mismos a sabiendas del destino espurio del dinero correspondiente a la remuneración”.
