Por David Cufré
La reaparición de la puja distributiva, el aumento de los alimentos a nivel internacional y los abusos de sectores concentrados plantean nuevos desafíos al gabinete económico. Qué puede pasar con el Consejo Económico y Social.
La aceleración de la inflación que se observa desde el último trimestre del año pasado se convirtió en una amenaza para la recuperación de la economía. La suba de precios, en particular en alimentos, puede neutralizar el incipiente rebote en los niveles de consumo. En lugar de marchitarse, es indispensable que la demanda interna florezca para generar incentivos a la producción y el empleo. El Gobierno tiene el desafío de aminorar los aumentos en un contexto donde reaparece la puja distributiva, el incremento de precios de las materias primas suma presión al cuadro general y sectores concentrados intentan sacar provecho de su posición dominante para imponer ajustes a las mayorías populares, incluso cobrando cualquier cosa, como ocurre con compañías de televisión por cable, internet y telefonía celular.
La velocidad con que se están dando los aumentos se refleja en el índice de precios al consumidor, con registros de 3,8 por ciento en octubre, 3,2 en noviembre y 4,0 en diciembre. El gabinete económico deberá actuar en consecuencia, bajo el riesgo de pagar con puntos de crecimiento, menor creación de puestos de trabajo y disminución de la pobreza si demora la intervención.
“El contexto actual implica comprender que no habrá recuperación económica si los ingresos de trabajadores y trabajadoras no le ganan a la inflación”, advierte en ese sentido la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) en su último informe.
La primera respuesta, que se espera se concrete la próxima semana o a más tardar la siguiente, es la convocatoria al Consejo Económico y Social. El Frente de Todos lo imaginó desde un comienzo como un espacio donde administrar la tensión que existe entre empresarios y trabajadores por los márgenes de rentabilidad y la recomposición de los salarios, pero la llegada de la pandemia postergó su creación ya casi un año.
La convocatoria deberá ser amplia a fin de que los distintos sectores se sientan representados. Dentro del grupo Producción y Trabajo, donde confluyen organizaciones sindicales como la Corriente Federal de Trabajadores en la CGT y la CTA de los Trabajadores, pymes como la Mesa Nacional de Unidad Pyme y Cgera, cooperativas como la CNCT y Conarcoop y agrarias como CANPO y ex dirigentes de Federación Agraria, entre otros, existe cierta preocupación por la posibilidad de que no sean invitados.
En la semana hubo comunicaciones de dirigentes de esa corriente con funcionarios encumbrados para transmitirles su malestar si el espacio fuera relegado. El decreto que prepara el Poder Ejecutivo con el llamado al Consejo finalmente los incluiría.
El Gobierno no deberá ser neutral en las negociaciones. Tendrá que reforzar la acción para que los salarios suban más que los precios. El acuerdo por Precios Cuidados es una buena señal en busca de ese objetivo, así como lo fue la declaración de servicio esencial para la telefonía celular y fija, la televisión paga e internet o la sanción de la Ley de Alquileres. Estos últimos dos ejemplos muestran el rumbo, pero también las dificultades y falencias del Estado para hacer cumplir lo que dispone.
Las asociaciones de consumidores están abarrotadas de denuncias contra compañías de aquellos servicios porque a pesar de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó aumentos en enero del 5 por ciento para grandes empresas, Cablevisión y Telecentro enviaron facturas con incrementos del 20. Si bien la instrucción del organismo es que deberán reintegrar la diferencia en la próxima boleta, usuarios que reclaman una refacturación para no pagar ahora de más y esperar la devolución el mes siguiente, como es su derecho, reciben como respuesta mentiras o excusas para negarse a hacerlo.
Con la ley de alquileres ocurre algo similar. Como los precios siguen desregulados, propietarios de inmuebles aplicaron aumentos siderales frente al vencimiento de contratos o se negaron a renovarlos si los inquilinos reclamaban el cumplimiento de la norma.
Son dos ejemplos de medidas potentes a favor de las mayorías que terminan por generar enojo con el Gobierno al no ponerse firme en la exigencia de su aplicación o cerrar canales para su elusión. “Al final la ley de alquileres fue perjudicial para los inquilinos”, es una queja repetida, cuando la regulación buscaba todo lo contrario, terminar con abusos del sector inmobiliario en una relación desigual.
Los procesos de cambio casi nunca son lineales. Tienen avances, pausas y retrocesos, y aunque la cuestión de fondo es la orientación de las políticas, que terminan por imponer el marco general, la coyuntura actual demanda al Gobierno por parte de sus propios votantes que muestre más músculos en la pulseada con los poderes fácticos.
El llamado al Consejo Económico y Social puede ser una oportunidad para canalizar esa demanda. Así lo señala también el informe de FIDE. Destaca “la urgencia por crear un espacio de consenso con los principales actores económicos y sociales, donde se defina no solo cómo se distribuyen los frutos del crecimiento, sino también cómo se avanza en cuestiones estructurales de enorme relevancia para garantizar la sostenibilidad de la fase expansiva”.
La usina heterodoxa que dirige la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, plantea que “los empresarios deben comprender que parte de la recomposición de sus márgenes de ganancia pasará por la ampliación de sus volúmenes de ventas, de la mano de recuperación económica”. El Gobierno es el responsable de hacérselos entender y conseguir que ocurra, para no quedarse en las buenas intenciones.
Otro capítulo clave en ese proceso, también vinculado con la necesidad de contener la inflación, es la negociación que lleva adelante el Ministerio de Agricultura para garantizar el abastecimiento interno de maíz a valores razonables. La suba de precios de las materias primas anticipa que será una cuestión clave este año.
La perspectiva de un aumento en el ingreso de divisas por la mejora del precio internacional de la soja, el maíz y el trigo, entre otros commodities, es la contracara positiva a la presión inflacionaria que ejercen esas subas. Los sectores devaluacionistas, económicos y políticos, la tienen más difícil en las actuales circunstancias.
La consolidación de la paz cambiaria es un punto crucial a favor de la estabilidad de precios. Con todos los problemas heredados de la experiencia neoliberal de los CEO de Cambiemos, más los que trajo la pandemia, no es poca cosa. Sin embargo, el partido de la inflación se define ahora en otra cancha, la de la puja distributiva, cómo desacoplar los precios internacionales de los alimentos de los que rigen en el mercado interno y cómo disciplinar a sectores concentrados, incluyendo la discusión por las tarifas y los combustibles.
Además de la necesidad económica, los niveles de éxito o fracaso que obtenga el Gobierno en la tarea tendrán una influencia decisiva en el año electoral. Su misión será calentar la economía, pero enfriar la inflación.
