Por Lautaro Rivara
El asalto ordenado por el presidente Daniel Noboa a la sede de la embajada mexicana en Quito en la noche de 5 de abril desató un escándalo internacional sin precedentes. El objetivo del procedimiento, comandado por la policía local, fue la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se encontraba refugiado en la sede diplomática de México y vio aprobada un día antes su petición de asilo.
Cabe destacar que el derecho al asilo es un pilar fundamental de la política exterior mexicana, y que históricamente el país acogió, incluso bajo gobiernos conservadores, a multitud de exiliados y perseguidos, desde los republicanos de la Guerra Civil Española hasta las víctimas del Plan Cóndor.
Pero la posición mexicana no se explica sólo por los tratados vigentes o por su doctrina de política exterior. Diferentes especialistas consideran al ecuatoriano como una de las víctimas más notorias del lawfare regional. Con tres causas gravitando en su contra y tras purgar ocho años de prisión por condenas viciadas de irregularidades, Glas es uno de lo tantos dirigentes de la Revolución Ciudadana que fueron encarcelados o forzados al exilio, ya sea por la comisión de presuntos delitos económicos o bien acusados por “instigación” y “rebelión” tras las multitudinarias protestas de octubre de 2019.
Además, la defensa de Glas considera que su vida corre riesgo en Ecuador; tanto por la violencia carcelaria que ha ido in crescendo en los últimos años –con recurrentes y sangrientos motines– como por su precario estado de salud. De hecho, el 9 de abril fue excarcelado por la concesión de un hábeas corpus interpuesto con tal motivo.
La violación flagrante de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, llevó a que la totalidad de las cancillerías se pronunciasen, con más o menos entusiasmo, contra este hecho completamente inédito. Pocas veces en la historia reciente América Latina vio tal unanimidad de posturas frente a un conflicto internacional. La casi totalidad de los mandatarios de la región –incluso conservadores–, pero también la ONU, la OEA, la Unión Europea y hasta el Departamento de Estado, salieron en apoyo de la parte agredida y ratificaron la normativa vigente.
De momento, la aventura de Noboa le costó al Ecuador no sólo la ruptura de relaciones con México, país por el que transitan anualmente miles de migrantes ecuatorianos que se dirigen hacia los Estados Unidos, sino el que otros países como Bolivia o Nicaragua estén evaluando proceder de la misma manera. Además, miembros del Parlasur de Argentina y Uruguay solicitarán la exclusión de Ecuador del Mercosur, bloque del que la nación andina participa como estado asociado desde hace 20 años.
La inviolabilidad de las sedes y las garantías del personal diplomático eran hasta hace poco una de las escasas líneas rojas del derecho internacional que aún no habían sido profanadas: ni durante las dictaduras del Plan Cóndor, cuando numerosos perseguidos buscaron seguridad en las embajadas europeas y latinoamericanas; y ni siquiera en el caso de Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres entre 2012 y 2019, hasta que el expresidente Lenín Moreno negoció la entrega del fundador de WikiLeaks con Inglaterra y los Estados Unidos.
Los motivos tras la aventura
Es por todo lo antedicho que la aventura de Noboa ha generado incluso más desconcierto que rechazo. Hay una extraña sincronía en los hechos que en las últimas semanas destemplaron gravemente las relaciones latinoamericanas. Al asalto ecuatoriano debemos sumar los ataques verbales de Javier Milei a sus homólogos de México y Colombia, así como la entrega a los Estados Unidos del avión venezolano de Emtrasur, hechos recientes que también sacudieron el avispero regional. No casualmente, tanto Ecuador como Argentina intensificaron en los últimos meses los contactos con altos funcionarios estadounidenses, tanto civiles como militares.
Tras asumir la presidencia en noviembre de 2023, Noboa visitó Washington en uno de sus primeros actos como mandatario. Apenas un mes después, una delegación presidida por la canciller ecuatoriana se reunió, de nuevo en Estados Unidos, con el Secretario de Estado Antony Blinken. El 22 de enero la Jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, visitó Quito y sostuvo reuniones con Noboa, con las fuerzas armadas locales y también con la fiscal Diana Salazar, sindicada como la principal responsable de la guerra judicial desatada contra el partido del ex presidente Rafael Corra.
Además de la violación flagrante de lo estipulado en Viena, Noboa impulsa una interpretación capciosa de los acuerdos de Ginebra, invocados para declarar a más de 22 cárteles de la droga y bandas armadas como “actores no estatales beligerantes”. Este encuadre permite al gobierno presentar la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno” y militarizar el país, tanto por parte de las fuerzas armadas locales como a través de los acuerdos suscritos con el Comando Sur, el Pentágono y el Departamento de Estado.
El respecto, Richardson afirmó que Estados Unidos prevé desarrollar en Ecuador un plan de seguridad quinquenal, a lo que se suman tres acuerdos de cooperación militar ya suscritos, que incluyen, además de la formación y el envío de equipos, la presencia “temporal” de militares norteamericanos para "visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias", así como para “actividades de cooperación frente a retos de seguridad compartidos”. Retos que, como la propia Richardson se ha encargado de explicar, encarnan en el hemisferio China y Rusia.
Problemas domésticos y urgencias electorales
Pero la explicación del accionar ecuatoriano no es tan sólo internacional. El frente doméstico tampoco luce fácil para el flamante presidente, que a una crisis de seguridad desbocada y a una situación económica nada halagüeña, suma la convocatoria a una consulta popular que puede encaminarse hacia la derrota.
Además, Noboa corre una carrera contra el tiempo, dado que el suyo es un breve gobierno surgido de la “muerte cruzada” decretada por Guillermo Lasso en noviembre de 2023. El joven empresario, sin ser ni de cerca el favorito, ganó la segunda vuelta de unas elecciones atípicas, profundamente trastocadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
De hecho, la autoridad electoral ya puso fecha a los próximos comicios, que se celebrarán en febrero del año 2025, por lo que Noboa busca asegurarse desde ya el comando de la transición política. Para eso debe desalentar a los posibles competidores del espectro conservador, así como profundizar el asedio político, mediático y judicial contra sus adversarios progresistas. Su temeraria aventura diplomática le garantiza dejar fuera de juego a Glas (el candidato original en las elecciones del año pasado), además de que complace a un aliado que, como los Estados Unidos, ve con buenos ojos cualquier síntoma de discordia que profundice la desintegración regional.
