Por Juan José Carbajales
El presidente electo Javier Milei ha ratificado su idea de “vender YPF” luego de recomponerla y ponerla al servicio de su ideario libertario. ¿En qué consiste esta decisión de alto impacto en el sector energético y la economía en general? Es posible analizarla en tres niveles: qué se está decidiendo, cómo se llevaría a cabo y qué finalidad busca la privatización de YPF.
▶ El qué: reformular la empresa, dotarla de valor (cotización bursátil, que ya repuntó un 35 por ciento como efecto del resultado electoral) y luego vender sus acciones, donde el Estado Nacional y las provincias detentan el 51 por ciento del capital por ley 26.741 de soberanía energética de 2012.
▶ El cómo: mecanismo legislativo que requiere de amplios consensos (mayoría simple ó 2/3 si se interpreta la ley de "orden público" y el juego de la ley 27.181 que protege las acciones del FGS) + negociación con las provincias (que tienen directores en YPF y voto mancomunado con Nación por 50 años).
▶ El para qué: ¿qué se busca con la privatización de YPF? En el corto plazo dar una señal al mercado y, tal vez, lograr la capitalización en dólares vía la puesta en garantía o venta de acciones. En el mediano plazo, reconfigurar el rol del Estado en un sector estratégico y rebalancear el mapa de actores del sistema Vaca Muerta, para que sea la iniciativa privada quien diseñe, ejecute y financie obras de infraestructura y la producción de Oil&Gas no convencional.
¿Qué pasaría con una YPF privada? Veamos ejemplos históricos (1999/2012 y 2015/2019):
1) Quedaría librada a ser una empresa más del mercado, desligándose de activos no estratégicos (como subsidiarias YPF Gas/Luz/Litio/Y-Tec/Metrogas) y las inversiones en cuencas maduras o el off shore.
2) Dejaría de ejecutar políticas públicas, articular con otras empresas estatales (Enarsa, Cammesa) y ser el brazo ejecutor de políticas de obra (GPNK), servicios (GLP) y canalización de subsidios (gasoil), con la probable pérdida de valor para la compañía (reducción de market share en gas natural, venta de combustibles a pérdida, negocios ruinosos como exportación de GNL, etc.).
3) Se concentraría exclusivamente en un portfolio rentable, con foco en Vaca Muerta y con perfil exportador (sin eje en el mercado interno).
Ergo: la venta no es una decisión que pueda resolverse de forma unilateral por el PEN, y tampoco responde a la típica crítica liberal “las empresas públicas pierden plata”, pues YPF es superavitaria, sino a una decisión ideológica de un Estado subsidiario/suplente, retirado de la producción de hidrocarburos y la gestión de cometidos públicos.
Está por verse si este proceso encuentra resistencia social, puesto que YPF es parte de patrimonio público como empresa de bandera, centenaria, omnipresente en todo el país, mayor productora de crudo, gas natural, GLP y combustibles, arraigada en trabajadores y pueblos enteros, y con fuerte incidencia en las finanzas provinciales.
Una selección sin capitán...
* Director de la consultora Paspartú y exSubsecretario de Hidrocarburos 2019/2020.
