Por Andrés Asiain
La principal política oficial de defensa del salario fue evitar una brusca devaluación, mientras se impulsó un gran abanico de políticas para preservar el empleo y los ingresos durante la pandemia, como la prohibición de despidos, IFE y ATP.
Los salarios de la mayor parte de los trabajadores vienen deteriorándose desde hace algunos años. El gobierno macrista con sus tarifazos y saltos devaluatorios licuó aproximadamente el 20 por ciento de su poder de compra.
Desde la asunción de Alberto Fernández, el salario viene peleando mano a mano con los precios, con resultados muy dispares según sector. Del ranking de perdedores, los estatales y el salario mínimo del que dependen más de 500.000 trabajadores son los más afectados.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, la mediana de los salarios privados es de unos 50.000 pesos, mientras que el de los estatales nacionales es algo menor aunque no tanto como gran parte de los provinciales y municipales. Es decir, la mayor parte de los trabajadores (incluso los registrados) tiene ingresos similares o menores a la canasta básica que determina la condición de pobreza que rondaba los 47.210 pesos para una familia tipo en septiembre.
El salario mínimo se ubica en los 18.900 pesos que subirá en cuotas hasta alcanzar los 21.600 pesos en marzo. Los programas sociales que perciben casi 1 millón de trabajadores de la economía popular son apenas el 50 por ciento del salario mínimo y se encuentran muy por debajo de la canasta mínima alimentaria que fija la línea de indigencia en 19.430 pesos en septiembre, según el Indec, y 26.248 pesos en octubre, según el relevamiento de precios de supermercados del CESO para Buenos Aires.
En ese contexto, las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, definiendo el “salario digno” como aquel “que estamos en condiciones de pagar y mantener” son poco felices.
El impacto de la pandemia y el poco tiempo de gobierno son los justificativos para no poder revertir el deterioro salarial durante el macrismo. Aún así, la voluntad oficial expresada por el jefe de la cartera laboral de que “frente a la inflación corriente, determinados valores, como el salario mínimo ... crezcan por encima” tampoco se está cumpliendo.
El salario mínimo viene con una pérdida de poder adquisitivo de 12 puntos desde diciembre de 2019 y la perspectiva es que mantenga esa desvalorización dados los exiguos aumentos acordados.
La principal política de defensa del salario impulsada oficialmente ha sido evitar una brusca devaluación oficial, mientras se impulsó un gran abanico de políticas para preservar el empleo y los ingresos durante la pandemia (prohibición de despidos, IFE, ATP).
El desafío de la pospandemia es ir promoviendo una política de recuperación salarial, ya que el deterioro de su poder adquisitivo no sólo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la reactivación de la economía.
El consumo del sector privado representa aproximadamente el 60 por ciento de la demanda agregada (el 70 por ciento del Producto Interno Bruto), y el peso de la masa salarial dentro del consumo es el principal junto a los ingresos de la seguridad social y los programas sociales. ¿De dónde vendrá la reactivación económica si no se impulsa una política de recomposición salarial?
