Por Washington Uranga
En el momento de escribir estas líneas es muy incierto el final de la llamada y maltrecha Ley Ómnibus. La incertidumbre es para los periodistas pero también para los propios legisladores que –atendiendo a los procedimientos del gobierno que encabeza Javier Milei– se pueden encontrar con una nueva sorpresa una vez arribados a la sesión parlamentaria. El gobierno de la LLA es tan imprevisible como irresponsable.
Como lo anunció sorpresivamente el viernes por la noche el ministro Luis Caputo, el Ejecutivo decidió retirar de la iniciativa “el paquete fiscal”. También como es habitual, la información que se dio estuvo plagada de imprecisiones. Una y otra vez surge la pregunta ¿se equivocan, se trata de impericias o es realmente lo que quieren hacer a toda costa, atropellando los mecanismos institucionales y de búsqueda de acuerdos? Muchas voces coinciden hoy en que se trata de todo lo anterior al mismo tiempo, con el único objetivo de modificar, sustancialmente y con criterio “anarco capitalista libertario a la carta”, el sistema institucional y político del país. No hay que desestimar tampoco que Milei y su círculo muy íntimo cometieron un error de cálculo al sobrevalorar su propio poder a partir del resultado electoral y leyeron como cheque en blanco algo que está muy lejos de serlo. Se la creyeron. Otra demostración de falta de lectura respecto de cómo funciona la política.
Aunque no lo admitieron como derrota, está claro que el Gobierno se vio obligado a retroceder por el efecto generado por la multitudinaria movilización popular de la semana anterior, por la resistencia (así sea “blanda”) de parte de la oposición y los gobernadores damnificados. Pero la trampa sigue instalada por partida doble: el DNU 70 y la concesión de facultades delegadas a través de las cuales el Ejecutivo podría hacer todo o casi todo lo que ahora dice resignar. Poco les importa que la mayoría de los juristas –más allá del color político– sostienen la inconstitucionalidad de ambas iniciativas, en lo formal y en sus contenidos. Si las normas pasan, después vendrá la pelea judicial. Es otro capítulo. Mientras, la vicepresidenta Victoria Villarruel hace todo lo posible para impedir el tratamiento del DNU en el Senado –donde corre riesgo de ser rechazado–, Federico Sturzenegger opera desde las sombras en un departamento de Recoleta, Karina Milei y Nicolás Posse ajustan vertiginosamente el texto que se votará en Diputados para hacerlo “digerible” para la oposición “amigable”. Milei sigue diciendo que “no hay plan B” y que “no se negocia”.
El enfrentamiento con los gobernadores debe ser contabilizado como un error político del oficialismo, una fuerza que carece de sustento legislativo y armado político en las provincias. Los gobiernos provinciales tienen legitimidad por sí mismos y también recientemente validada. Por sobrevivencia no pueden ceder en temas que después complicarán su propia gobernabilidad. Y perderían credibilidad si traicionan su base electoral.
El Gobierno es sordo (no oye y no escucha), es ciego (afirma “no la ven”, cuando en realidad debería decir “no la vemos”) y mudo (quienes deberían hablar no lo hacen o se comunican por trascendidos o por canales no institucionales). Estas son las formas y el lenguaje del gobierno de la LLA que también incorpora como metodología la amenaza y la intimidación pública como modelo de gestión.
Si LLA quiere una revolución, ¿esos son los mecanismos y las formas políticas libertarias? ¿Aunque ello contradiga las bases de la Constitución y la historia política y cultural de la sociedad argentina? ¿Se puede permitir esto? Son respuestas que la ciudadanía y la política deben dar en un proceso que también es de revisión, de autocrítica y de búsqueda de nuevos consensos multisectoriales y multipartidarios. Tarea para la cual es preciso refrescar y renovar categorías para interpretar lo que nos está pasando como sociedad mientras intentamos desentrañar la manera como los libertarios entienden las relaciones sociales, el manejo del poder y la gestión del Estado. Es una labor imprescindible para encontrar las respuestas pertinentes.
Porque como bien lo escribió el economista chileno Carlos Matus en Teoría del juego social "una explicación no es independiente de quién explica, para qué explica, desde qué posición explica y frente a quiénes explica". Estamos en un nuevo escenario, protagonizada por actores de alguna manera inéditos. Por ese motivo, siguiendo a Matus, “en vez de buscar una sola explicación verdadera (…) se exige diferenciar las explicaciones, según sus autores”. Es un ejercicio de distinción indispensable para encontrar luego las respuestas políticas adecuadas y pertinentes. La tarea última consiste en recuperar el poder y la capacidad de la ciudadanía poniendo en valor la política y la defensa de los derechos.
