Por Germán Pinazo
Por suerte, mucho se está hablando estos días sobre la Universidad Pública y su financiamiento. La idea de esta nota es compartir algunos datos para clarificar algunas cuestiones sobre el asunto, en un contexto de gran desinformación.
Lo primero que debemos decir, para despejar cualquier duda sobre la eficiencia del gasto en educación superior en la Argentina, es que: teniendo la tasa de matriculación en educación superior más alta de América Latina, nuestro país gasta menos recursos públicos en dicho nivel educativo que países como Chile, Brasil, o Uruguay, con un gasto promedio similar al de la región en términos de Producto Bruto Interno.
¿Qué quiere decir esto? Que tanto cuando miramos a la población en su conjunto (lo que se llama matrícula bruta en educación superior) como cuando miramos a la población de entre 18 y 24 años (matrícula neta), no hay país en América Latina que tenga un porcentaje de personas en la educación superior tan alto como Argentina. Y quiere decir además que estos niveles de matriculación se financian, según el último dato disponible, con un 10% menos de recursos en términos de PBI que lo que destina Brasil, un 17% menos de lo que destina Chile o un 10% menos de lo que destina Uruguay. Y no es sólo una cuestión de gasto. Argentina tiene esos niveles de matriculación, con menos de la tercera parte de universidades (medidas como instituciones por cantidad de habitantes) que Brasil o México, por ejemplo.
Ahora bien, cuando miramos el peso del gasto en educación superior en relación a otros gastos que realiza el Estado Argentino o en relación a sus ingresos, también podemos apreciar que éste está lejos de ser un gasto superfluo o ineficiente. Todo el sistema universitario público, con sus casi 60 universidades nacionales, que cubre un territorio que es 4 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le “cuesta” al Estado Nacional alrededor del 1% del Producto Bruto Interno. Es un valor que no supera el 25% del conjunto de exenciones impositivas (según consta en el anexo del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de La Nación en septiembre de 2023) que el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido prorrogar en el año 2024. Los gastos de funcionamiento de todo ese sistema, con lo que las Universidades Nacionales financian cosas tan diversas como el mantenimiento de sus edificios, aulas, equipos y laboratorios, el pago de los servicios públicos, sus becas, sus programas culturales, o los alimentos en comedores y jardines maternales, no van a llegar en 2024 a representar la mitad de lo que recibirá una sola empresa (Mercado Libre) en concepto de esas exenciones impositivas.
El Gobierno Nacional ha decidido este año un ajuste inédito a los fondos del sistema universitario. Inédito, en primer lugar, por el impacto que ha tenido sobre el poder adquisitivo de los salarios de docentes y nodocentes: 42% de reducción, solamente entre diciembre y abril. Para tener idea de la magnitud de dicho ajuste, quizás alcance con decir que, durante los 4 años de Gobierno de Cambiemos, dicha caída apenas superó el 20%. En segundo lugar, inédito por el impacto en las partidas para gastos de funcionamiento. Recién en marzo de 2024 se ha producido un aumento del 70% de dichas partidas, pero que se produce contra los valores de enero de 2023. Sí, no es un error de tipeo: 70% de aumento contra una inflación acumulada entre enero de 2023 y abril de 2024 que supera el 300%; lo que ubica al poder adquisitivo de esa transferencia en alrededor de una cuarta parte del que tenía a principios del año anterior. En tercer y último lugar, por los múltiples recortes a distintas partidas que, si bien no forman parte específicamente de los presupuestos de las universidades, hacen a su funcionamiento cotidiano: a modo de ejemplo, se ha ejecutado apenas un 2%, durante el primer trimestre de 2024 y en relación al mismo período de 2023, de las partidas de la (ahora) secretaría de educación destinadas al mantenimiento y desarrollo de la infrasetructura universitaria.
En resumidas cuentas: estamos hablando de un ajuste inédito, radical, que no puede ser explicado por motivos estrictamente presupuestarios (porque no es un sistema que “costoso”, ni cuando se lo compara con otros sistemas, ni cuando se lo mide en términos de la estructura fiscal local) y que impide el normal funcionamiento de un sistema universitario que es de los más importantes y eficientes de América Latina. Las universidades públicas ya hoy no estamos funcionando como lo estábamos haciendo hace un año, ni como deberíamos. Hay universidades nacionales que han debido suspender turnos enteros de cursadas, por no poder afrontar el costo de la energía eléctrica; hay otras que han debido poner cupos en la cantidad de materias a las que pueden inscribirse los/las estudiantes, y habemos muchísimas que hemos debido suspender ofertas formativas que forman parte de nuestra historia y nuestra identidad. Sin mencionar el parate en el que se encuentran las actividades de investigación por el recorte en líneas presupuestarias que no han sido mencionadas en esta nota, sin las cuales es imposible pensar en un sistema universitario que funcione.
Un aspecto no menor de todo esto es, además, que el Poder Ejecutivo está haciendo uso de una clara limitación que tiene la Ley de Administración Financiera del Estado (que no prevé mecanismos indexatorios o de actualización para casos de altísima inflación) para avanzar, en los hechos, sobre las atribuciones del Congreso Nacional. Es éste poder de La Nación, y no el ejecutivo, el que, con sus múltiples representaciones (federalismo incluido), debe fijar el presupuesto universitario. También se está avanzando sobre la autonomía universitaria en la medida en que el autogobierno de las universidades no tiene ningún margen para decidir sobre su funcionamiento.
Por último: defender la universidad pública y gratuita, no es defender solamente el derecho de quienes trabajamos o estudiamos en ella, y mucho menos de quienes no pueden pagar sus estudios. La gratuidad universitaria, para todos y todas, para quienes no pueden y para quienes podrían pagar un arancel, es una decisión deliberada que hace al derecho colectivo de tener la mayor cantidad de profesionales posibles que contribuyan a una vida mejor para todos y todas. No se trata de derechos individuales sino colectivos, de quienes habitamos la universidad y de quienes no. Y se trata de un sistema que, aunque perfectible, como todo, funciona bien.
