Por Santiago Pérez Pons
Desde el inicio de la actual gestión de Javier Milei, se ha puesto un énfasis absoluto en alcanzar el superávit fiscal durante 2024. Ahora bien, ¿Existe realmente sustento teórico práctico detrás de un ajuste de tal magnitud? ¿hubo un criterio de sostenibilidad en la política fiscal del primer cuatrimestre de 2024? ¿Se justifica pagar los costos sociales y económicos de este rumbo tan apresurado?
En cualquier curso introductorio de economía se resalta la importancia de que cualquier administración de gobierno respete su restricción presupuestaria intertemporal, básicamente que su trayectoria de ingresos sea compatible con su trayectoria de gastos en el corto y mediano plazo. Esto es con el fin de no perder credibilidad en los principales instrumentos de política monetaria y fiscal que tienen los Gobiernos frente a los distintos escenarios de la actividad económica y no comprometer la sostenibilidad de la deuda manteniendo adecuados niveles de crédito público.
Sin embargo, frente a un estado que ha garantizado un piso importante de derechos – una prestación mínima universal, programas de protección a la niñez como la AUH, la realización de obra pública en las 23 provincias , la contribución al financiamiento de la educación y la salud en las provincias, la Educación Pública Superior Universitaria, entre otras – cualquier cambio en la provisión de estos bienes y servicios públicos terminan alterando lo que en economía se conoce como el Bienestar Social.
Transcurrido el primer cuatrimestre completo del año 2024, podemos decir que los números de la caja del Gobierno de Javier Milei “cerraron”. El Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF) consolido un superávit financiero de $1,1 billones gracias a una caída en torno al 32% en el gasto público primario.
Sin embargo, la incapacidad política y de transformación del Gobierno de la LLA, imposibilitó que este pueda llevar adelante reformas de fondo que permitan mejorar los ingresos del Estado (tanto en cuantía como en calidad) o poder achicar el tamaño del mismo reduciendo el gasto de manera “saludable”. Aun así, siguiendo el precepto establecido en cualquier manual de economía, la decisión fue avanzar hacia el superávit fiscal sin importar las formas ni las consecuencias.
El gobierno improvisó un ajuste que lejos de recaer sobre la “casta” golpeó a los ingresos de la mayoría de los argentinos e indujo una de las peores recesiones de la historia.
En cuanto a la contracción en el nivel del gasto público, el ajuste del 32% durante el primer cuatrimestre de 2024 no tiene precedentes, más que duplica cualquier intento ajuste fiscal de los últimos años, inclusive aquellos donde la meta manifiesta del gobierno era el llamado “déficit cero”.
No hay dudas de que la reducción de un tercio del gasto público en solo 4 meses es algo histórico. El gasto en jubilaciones y pensiones, la obra pública y las transferencias a provincias aportaron más del 70% del total del ajuste.
Trasladando los números a la realidad, la mayor parte del ajuste fue pagada por sectores sumamente sensibles , cuyos niveles de ingresos dependía en gran medida de la presencia del Gobierno Nacional.
Los efectos sobre la economía real fueron inmediatos. A partir de diciembre, las capacidades de consumo se reprimieron más de un 20% de manera generalizada de un mes para el otro y desencadenaron desplomes en todos los sectores de actividad económica – construcción (-42,2%), industria (-21,2%), comercio (-16,7%), entre los principales y con mayor demanda de mano de obra- que repercuten directamente en la recaudación de impuestos centrales para los ingresos del SPNNF como el IVA, impuesto a los cheques, aportes a la seguridad social, entre otros.
A pesar de los efectos recesivos, el gobierno logro sostener los ingresos del Sector Público, gracias al salto devaluatorio, que genero un efecto positivo sobre la recaudación ligada al tipo de cambio (retenciones a las exportaciones y derechos de importaciones), y un endurecimiento regulatorio vía subas del impuesto P.A.I.S. a los importadores que casi que cuatriplica su recaudación de 2023.
Paradójicamente el Gobierno autoproclamado libertario salvo su superávit fiscal interviniendo el mercado y subiendo impuestos distorsivos. En concreto, los ingresos del SPNNF mostraron una caída del 4,8% interanual real en estos 4 meses, en el mismo periodo que la recaudación interna cayo 16,8%.
A pesar de que el presidente se jacte de haber implementado las reformas estructurales más grandes de la historia, la realidad de hoy es otra. El superávit alcanzado se encuentra colmado de desprolijidades y carece de una verdadera sostenibilidad. En lugar de lograr una transformación profunda podemos afirmar que hoy tenemos el mismo Estado imperfecto, pero totalmente desarticulado, abandonado y con un funcionamiento aún más deficiente.
El método, o mejor dicho, la falta de método, es evidente en la manera en que se llevó a cabo este ajuste desmedido y sin criterio de sostenibilidad, de la cual ahora se empiezan a manifestar las consecuencias. La opinión pública y el impacto social del ajuste han hecho saltar numerosas alarmas en los últimos dos meses
La excesiva licuación de los haberes jubilatorios generó un gran malestar en la opinión pública, llevando al gobierno a intentar paliarlo con una nueva fórmula de movilidad vía indexación inflacionaria que, sin embargo, no resuelve el problema de fondo y dejará a los haberes estancados en niveles en torno a un 20% más bajos que 2023.
Los recortes a la universidad pública y el discurso oficialista en su contra desencadenaron una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. Asimismo, el desfinanciamiento de las provincias han tensado la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores, comprometiendo el avance de la ley de Bases y cualquier tipo de reforma que quiera llevar adelante el ejecutivo. La traba de pagos de los subsidios, que puso en jaque al funcionamiento del sistema energético, incrementó el stock de deuda con las generadoras por encima del superávit fiscal logrado en los 4 meses, perjudicando a los argentinos no solo con aumentos tarifarios, sino también con una peor provisión de servicios. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el gobierno empieza a sufrir las consecuencias de sus propias negligencias.
Todo esto ha limitado los niveles de ajuste sobre el gasto y ha comenzado a diluir los logros obtenidos en los primeros meses del año. El gasto público, que inicialmente cayó un 38% interanual en el primer bimestre, ahora solo cae un 23%, lo que demuestra la falta de consistencia y sostenibilidad de la política fiscal.
A la par que los ingresos tampoco colaboran, la persistencia de la recesión económica y el retraso en la restitución de la cuarta categoría de ganancias sitúan al superávit fiscal en una situación delicada, reduciéndose drásticamente hacia el mes de abril.
Es esencial comprender que la convergencia a un equilibrio fiscal de mediano plazo es una condición necesaria aunque no suficiente para un desarrollo económico sostenible, con un Estado que mantiene un rol significativo en la economía y cuyas políticas económicas tienen un efecto positivo en el bienestar social. La “forma” que le dio el actual gobierno al ajuste fiscal resulta sumamente costosa para la economía, tal como se viene reflejando mes a mes en la mayoría de los indicadores. En lugar de obsesionarse con un número en los libros contables, el verdadero desafío radica en implementar medidas estructurales que permitan una gestión fiscal eficiente y efectiva. Así, se promoverá una convergencia fiscal real, basada en reformas profundas y sostenibles, que fomenten la inversión productiva y el bienestar social a largo plazo.
