El juez federal porteño Sergio Torres, que investiga causas narcos en Itatí, tendría información suficiente para ordenar una investigación penal contra magistrados federales de Corrientes que aparecen mencionados en escuchas telefónicas de los detenidos por narcotráfico en Itatí y que hablan de supuestos pagos de coimas, en un caso que podría desatar un escándalo en el Poder Judicial de la Nación
El juez federal porteño Sergio Torres, que investiga causas narcos en Itatí, tendría información suficiente para ordenar una investigación penal contra magistrados federales de Corrientes que aparecen mencionados en escuchas telefónicas de los detenidos por narcotráfico en Itatí y que hablan de supuestos pagos de coimas, en un caso que podría desatar un escándalo en el Poder Judicial de la Nación, publica Noticias Argentinas.
El expediente habría sido remitido por el Juzgado Federal Nº12 a cargo de Torres al fiscal Federal de Corrientes, Carlos Shaefer, quien ya investigó a un exfiscal de Paso de los Libres, Benito Pont, y que en 2016 solicitó al Procuraduría General de la Nación retomar la investigación en una causa que involucra al gobernador de esa provincia, el radical Ricardo Colombi, por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y otros funcionarios judiciales aparecen mencionados en las supuestas escuchas telefónicas, según el texto del procesamiento que el juez Torres, de Comodoro Py, firmó para mantener detenidos a 28 acusados por narcotráfico, entre ellos, el intendente de Itatí, Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino.
Es un expediente que podría motivar una grave denuncia penal que involucraría a magistrados y secretarios de esa jurisdicción por el supuesto pago de coimas. Se trata de las escuchas telefónicas ordenadas por Torres y que fueron transcriptas en el expediente de la causa con la que este magistrado procesó el 10 de mayo pasado y mantiene detenidas a 28 personas.
Según la transcripción de los audios en el expediente, una de las escuchas refiere a que habrían pagado una suma millonaria al juez Soto Dávila de Corrientes a cambio de conceder la libertad de un acusado, identificado como Cachito Bareiro, de Itatí, detenido hace varios años por tráfico de marihuana proveniente de Paraguay.
El expediente de procesamiento firmado por el juez Torres dice textualmente: "Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, el juez Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se haga efectiva la captura que pesaba sobre el mismo...se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones".
En esa supuesta cena, la entrega del dinero la habría realizado un hermano del detenido Bareiro; el expediente precisa que el pago de la supuesta coima se habría concretado a través del funcionario Pablo Molina, secretario del juzgado de Soto Dávila.
Además, en otra parte del expediente, las supuestas escuchas refieren a que el juez Soto Dávila no quería mantener contacto con un abogado de apellido Serial, (uno de los detenidos) defensor de los imputados, y que debía intervenir otro letrado, de apellido Leguizamón, quien tiene a una hermana trabajando en la Justicia federal, en relación a que esos vínculos familiares podrían conseguir supuestos beneficios para los narcos investigados.
"Si sabía que era así, lo ponía Leguizamón que tiene una hermana trabajando en la Cámara", dice textualmente la transcripción que hace el juzgado de Sergio Torres de otra parte de las supuestas escuchas.
Otra parte del expediente habla de conseguir la prisión domiciliaria para mujer detenida, María Lourdes Alegre, acusada de ser parte de la banca narco, y hace referencia a conseguir dinero para el defensor oficial ante la Cámara Federal de Corrientes. Rubén Molinari es el único defensor oficial de esa Cámara, aunque su nombre y apellido no están mencionados porque en las escuchas lo nombran simplemente como "Defensor Oficial de la...".
"Tiene que venir una buena moneda para que el Defensor Oficial", dice textualmente y el expediente aclara que no se escucha el audio, aunque quedaría claro que Molinari, con ello, tendría un incentivo para conseguir la prisión domiciliaria de Alegre. Fuentes de Comodoro Py indicaron que tanto el juez Torres, como el fiscal Shaefer de Corrientes, tienen los datos suficientes para abrir una investigación y, en principio, el grave contenido de las escuchas ya está en el expediente del procesamiento de la banda de Itatí.
