Son siete entre los que se encuentran: María Eugenia Demetrio, Directora del Registro de la Propiedad e Inmueble de la Provincia y Narcisco Toffoletti, titular de la Dirección de Catastro. El Gobierno provincial se despegó del escándalo al asegurar que sus mecanismos de control posibilitaron los arrestos. Pero la causa se inició en febrero pasado y aún hay una prófuga que es clave para el caso.
Desde las 7 de este mañana los detenidos, siete en total, deben prestar declaración ante la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas. Según lo que se supo hasta anoche a última hora, todos los detenidos fueron alojados en la dependencia de Prefectura Naval Argentina (PNA), fuerza de seguridad federal que había empezado el caso en febrero pasado.
Las pesquisas judiciales entienden que las maniobras consistían en la inscripción de propiedades ubicadas en cercanías de la capital correntina, pero con títulos adulterados luego de operaciones económicas de venta.
Los imputados detenidos hoy, cinco mujeres y dos hombres, permanecen en dependencias de la Prefectura Naval Argentina y fueron citados a declarar mañana en los tribunales del microcentro correntino, desde donde podrían ser derivados de sedes policiales de la provincia.
Por su parte, el Gobierno de la provincia ofreció su versión a través de un comunicado oficial distribuido en momentos en los que se realizaban tres allanamientos en forma simultánea en Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, ubicados en el centro de la ciudad de Corrientes.
En su versión de los hechos, el Poder Ejecutivo provincial indicó que los operativos desarrollados ayer jueves 11 de agosto "corresponden a la continuidad del proceso iniciado por las denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor de los mencionados organismos provinciales".
