El gobernador volvió a mostrarse sorprendido ayer por el escándalo de corrupción desatado en dos organismos provinciales: Dirección de Catastro y Registro de la propiedad cuyos titulares están detenidos. Se investiga defraudación al Estado provincial en la compra y venta de terrenos.
Se trata de grandes extensiones de campos en la jurisdicción de la capital provincial, Santa Ana, Riachuelo, Loreto y San Cosme. Las maniobras que investiga la Justicia provincial son: adulteración de documentos públicos por parte de funcionarios provinciales, abogados y escribanos del ámbito privado, para hacerse de esos terrenos.
“Que la justicia actúe con celeridad y que los responsables vayan presos”, pidió el gobernador de la provincia en la jornada de ayer consultado por los medios al respecto del escándalo.
Justamente ayer se formalizó la presentación de la Provincia como querellante en el caso. El Fiscal de Estado adelantó un gran fraude para el sistema jurídico provincial: “Defraudación de impuestos" y "robo de terrenos”, explicó el funcionario que serían los principales delitos.
Informó que ayer formalizó las presentaciones para acceder a los expedientes de la causa. “La cabeza del Registro Público y la inscripción de inmuebles de la provincia y Catastro provincial que determina el parcelamiento de inmuebles del Estado y de particulares”.
La voluminosa causa es llevada adelante por la jueza de instrucción N° 3 Josefina González Cabaña y el fiscal de instrucción N° 6, Gustavo Robinau. Hay 25 imputados en el expediente y ocho detenidos entre los que se encuentran los directores de Catastro y la Directora del Registro de la Propiedad y el Inmueble.
El último arresto se produjo la semana pasada, un empresario gastronómico de la capital provincial quedó sujeto a la causa tras un allanamiento en su domicilio ubicado en la zona de Avenida Juan Pujol y calle Uruguay. También entre los investigados hay un fiscal de cámara de la Justicia provincial.
