El Gobierno inició un ciclo de recorte de la masa salarial. Por qué se enfrenta con severas limitaciones para lograr una baja significativa del gasto en remuneraciones.
Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 93 en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración pública, que el el presidente Mauricio Macri había anunciado el lunes en conferencia de prensa, se dio el primer paso hacia la racionalización, modesta, del gasto público.
La medida, según lo anticipado por el Presidente, deberá ser complementada con la disposición del congelamiento de los haberes de los funcionarios de máxima jerarquía, desde ministros hasta coordinadores, cuyos sueldos se ubican al tope del ránking de la administración pública nacional, esto es entre $65.000 y $183.000 brutos, sin adicionales cubiertos con el denominado Unidad del Fondo Rotatorio, para gastos diversos, y que no es fijo, aun para similar clasificación en el escalafón.
Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino en ese rango se ubican gran parte de los 82.278 ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional, entre estables en relación de dependencia y contratados, que representan poco menos de 1 de cada 5 del total, pero que concentran en conjunto el 43% de la masa salarial, con un promedio de más de $77.000 por mes, al cabo del tercer trimestre de 2017.
Los datos oficiales también dan cuenta de que casi otro 40% del total de cargos percibe una masa salarial superior al promedio que se paga en el sector privado, actualmente en torno a $26.000 por mes.
Poco más del 21% de la nómina concentran en conjunto el 43% de la masa salarial que paga el Poder Ejecutivo Nacional.
Pero a la hora de hacer recortes en la masa salarial del sector público no financiero que en 2017 representó poco menos que el 14% del gasto corriente, y del 10% del total de las erogaciones, observan en el Ministerio de Hacienda que el margen se reduce sensiblemente porque la mitad de los cargos en el Poder Ejecutivo Nacional corresponden a Fuerzas de Seguridad y Militares, con un total 194.000 personas.
De ahí que la racionalización del gasto público en la administración de la cosa pública sólo puede concentrarse en una tarea de alta cirugía entre los 194 mil puestos restantes, con un promedio de alrededor de 8.500 por Ministerio.
Y aún así, los ahorros se presentan como limitados, porque también en la decisión presidencial que se trató en la última reunión de Gabinete se incluyó la orden de "reducir los puestos precarios", como se califica a los 72.000 contratados, porque los cargos que sean renovados e incorporados a planta permanente generarán un costo adicional del orden del 50%, por los aportes y contribuciones personales, cobertura de riesgo del trabajo, vacaciones, aguinaldo y previsiones por despidos.
Transformar puestos precarios, como se denomina los contratados, implicará un enorme aumento de la masa salarial.
En ese punto, se advierte en la nómina de la composición del empleo en el sector público que en 13 de las 23 grandes divisiones del Poder Ejecutivo nacional: presidencia, jefatura de gabinete de ministros y 21 Ministerios, el personal contratado supera a la dotación en relación de dependencia.
Los casos más notorios son los Desarrollo Social y Comunicaciones, con 6,7 y 6,1 puestos precarios por cada asalariado; seguidos por 2,5 y 2,1 veces en Cultura y e Interior y Obras Públicas; y entre 1,8 y 1,6 veces en los Ministerio de Hacienda y Finanzas; Salud; Jefatura de Gabinete y Producción.
Para el caso de las provincias y municipios que, en conjunto, emplean a unas 2,8 millones de personas, no se disponen de estadísticas públicas sobre su desagregacación, pero se estima que, como en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, gran parte corresponde a los sistemas de seguridad, educación y sanidad bajo su órbita, quedando algo menos de 1,5 millones de puestos distribuidos en la propia administración de las 24 jurisdicciones y miles de municipios.
