En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Alberto Fernández anunció que en el plazo de diez días enviaría un proyecto de ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE) “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. Sin embargo, el tres de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina y cuatro días después, el siete, ocurrió la primera muerte. El resto es historia conocida: el 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria y, más de 90 días después, el aislamiento, aunque con flexibilizaciones, permanece.
La llegada del COVID-19 cambió todos los planes del Gobierno y sin dudas el debate por el aborto legal es uno de los principales temas relegados. Así lo explicó el propio Presidente en diálogo con periodistas de Radio Nacional: “Yo no he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”. A poco más de dos años de su histórica aprobación en la Cámara de Diputados -luego sería rechazado por el Senado- hay quienes creen que, sin pandemia, a esta altura del 2020 ya habría ley o, al menos, estaría en su recta final.
Sin embargo, en el Poder Ejecutivo no dan por descartado que se pueda dar la discusión este año. Desde el entorno de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica encargada de la redacción de la norma, confirmaron a Infobae que la intención es enviar el proyecto al Congreso, pero que no sería hasta septiembre. Esto es porque consideran que ahora no están dadas las condiciones técnicas (sesiones remotas), sociales ni políticas para abordar un tema de tanta complejidad. Además, no quieren fallar con el timing: impulsar la discusión de una ley tan vinculada a la salud en el pico de una pandemia no sería lo más estratégico.
“Hay que saber manejar bien los tiempos para que se pueda dar un debate profundo, honesto y sincero”, resumieron desde la cartera de Vilma Ibarra.
Si bien hoy no es prioridad, existe cierta premura en el Frente de Todos para que la IVE se debate este año. Los motivos son dos. Primero, que el 2021 es electoral y no solo la actividad parlamentaria disminuye notablemente sino que son unos comicios clave para el oficialismo, que deberá revalidar la victoria de 2019 y buscar hacerse fuerte en ambas Cámaras. Y el segundo, que Alberto Fernández ya mostró un compromiso muy firme con la iniciativa por lo que no lograrlo o posponerlo sería una decepción para buena parte de la sociedad en general y de su electorado en particular.
A su favor, tanto desde la Casa Rosada como todos los bloques en Diputados y el Senado y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito coinciden en que cuando se debata será una discusión corta que se podría llevar a cabo en un mes o un mes y medio. Las exposiciones informativas se dieron en 2018. Por eso, en Balcarce 50 saben que hay margen para tratarlo entre septiembre y el 30 de noviembre o, en su defecto, dejarlo para sesiones extraordinarias. Pero bajo ninguna circunstancia quieren -al menos por ahora- considerar no enviar el proyecto.
El colectivo de mujeres que integra la Campaña está muy pendiente de lo que sucederá y de cuáles son los movimientos del Gobierno. Si bien puertas adentro hay divisiones porque una parte piensa que sería prudente exigir el tratamiento de la ley lo antes posible, con el Congreso sesionando de manera virtual y los esfuerzos del Estado abocados al coronavirus, otro grupo entiende las urgencias con las que está lidiando Alberto Fernández y su Gabinete y confían en que se podrá lograr sacar la norma a partir de septiembre.
Otra carta que juegan quienes militan esperar y debatir cuando pase el pico de coronavirus es la posibilidad de que vuelvan las sesiones presenciales y se retomen los vuelos de cabotaje. Además de que un tema de esta envergadura amerita abrir el recinto, con los números justos en el Senado tener a disposición aviones para que todos puedan venir a Buenos Aires no es un dato menor.
Más allá de estas posturas, en un encuentro llevado a cabo el miércoles, la principales referentes del movimiento decidieron que le pedirán una reunión al Presidente para tener precisiones sobre qué están pensando en el Ejecutivo y ejercer así una presión para que el tema vuelva a la agenda. Desde su lado ya están evaluando cómo podría ser el debate y qué posicionamiento van a adoptar cuando salga el proyecto oficial. Actualmente, el único texto que tiene estado parlamentario es el presentado por la Campaña en 2019.
En Juntos por el Cambio, segunda minoría en ambas Cámaras y principal bloque opositor, no ven dilaciones por parte del Gobierno y no tienen intenciones de salir a marcar la cancha para apurar la discusión. En primer lugar, porque la postura de la bancada no es unánime con respecto al aborto y, más importante aún, porque les parece lógico que el Ejecutivo ahora tenga otras prioridades.
“No parece encuadrar. Con este sistema (sesiones virtuales) los temarios son prefijados y los debates cortos. No están dadas las condiciones técnicas, sociales ni políticas. Hay otras urgencias como la situación de las pymes, el empleo y el alquiler de los comercios”, analizó ante Infobae una de las diputadas que más apoya la IVE.
En sintonía con lo que piensa la Campaña y con los planes oficiales, la misma legisladora coincidió en que el debate se dará este año pero a partir de septiembre, aunque es clave que lo haga el Ejecutivo cuando mejor lo considere: “Hay que esperarlos a ellos porque vuelcan el número. Tienen un compromiso con su base electoral y no lo van a romper”.
El proyecto oficial
Si bien no se sabe la letra fina del texto porque nunca se envió, había trascendido que Alberto Fernández le encomendó a Vilma Ibarra dos iniciativas. Hasta que el coronavirus cambió la agenda, la funcionaria trabajaba en tándem con el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comanda Elizabeth Gómez Alcorta.
El primer texto, central, es de legalización del aborto. La idea del cuerpo redactor es mantener los consensos logrados en el 2018. Esto incluiría la posibilidad de abortar hasta la semana 14 -está en discusión si bajarlo a 12- con la excepción de los casos previstos en el Código Penal, que permiten llevar a cabo la práctica más allá de este plazo. Esto es, cuando corre riesgo la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violación.
El otro proyecto, complementario a la IVE, será de “maternidad sustentable”. Aquí también estaba trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. Este contemplará la asistencia del Estado a mujeres embarazadas durante todo el proceso y posteriormente para que tengan un acompañamiento cuando nazca el bebé. El objetivo es que las mujeres de menor nivel socioeconómico no deban recurrir al aborto por no poder afrontar los gastos de un embarazo y crianza.
