En la región noreste integrada además por Formosa, Chaco y Misiones; se concentra el 17% de recursos que el gobierno libertario dejó de enviar durante todo 2024 y que no se activará este año. La administración correntina además no rindió casi $500.000 que eran para construir 172 casas en el Barrio Dr. Montaña. Algunas provincias y municipios del país irán a la Justicia para reactivar el envío de recursos.
Con la confirmación del cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), se puede decir adiós al sueño de la casa propia al menos mientras esté gobernando La Libertad Avanza (LLA).
Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el país, la mayoría en la zona pampeana (que concentra el 36 por ciento de trabajos no completados), seguida por las provincias del Noroeste (24 por ciento) y el Noreste -Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones (con el 17). “Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas, nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones y todo eso va a terminar en un proceso judicial”, agregó Basso. Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con las obras, pero Nación no habilitó el traspaso como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Corrientes la provincia gobernada por el radicalismo no rindió la documentación para la construcción de 172 viviendas en el Barrio Doctor Montaña, en la provincia de Corrientes. La obra quedó en estado "A iniciar" y pese a que se firmó un convenio de rescisión de común acuerdo por un total de $297.112.365 y la secretaría de Hábitat intimó a los responsables, los fondos nunca fueron devueltos. A esta situación se suman otros cuatro convenios con irregularidades similares, acumulando un total de $468.862.212 transferidos sin que las obras comenzaran. (ver link aparte)
Algunas provincias y municipios que tenían obras avanzadas en más del 60% posiblemente irán a la Justicia para que la administración nacional reactive el envío de fondos.
En el decreto en el que dieron de baja el fondo del Procrear, el argumento del Gobierno fue que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
En un año -durante 2024-, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Procrear y el Fondo para la Vivienda Social, que afectaron programas claves como Fonavi, Lotes con Servicio, Casa Propia, Reconstruir y Casa Activa, un programa en conjunto con PAMI y ANSES que otorgaba casas en comodato a jubilados en complejos habitacionales, con equipamientos comunes para hacer actividades educativas, deportivas y de recreación.
También se interrumpió proyectos sustentados con fondos internacionales (Promeba y Prosofa, entre otros), que tenían una evaluación positiva de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros. En su mayoría, estaban direccionados a las poblaciones más vulnerables como las que viven en las villas o a las comunidades originarias, zonas en las que se trabaja el acceso a agua, cloacas y electricidad.
Pero los efectos van más allá del drama personal y familiar por los inminentes despidos, la falta de respuesta a los problemas habitacionales de millones de personas y los futuros juicios al Estado por parte de los contratistas, también tiene impacto en las economías locales en las que se desarrollaban las obras. Según cálculos de ATE Ciudad de Buenos Aires, hay 21.335 industrias afectadas por la paralización y 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos.
Con información propia y de página12
