Con el ajuste en mente el gobernador del Chaco, Domingo Peppo terminó sus vacaciones en Punta del Este acosado por las lluvias que inundaron gran parte de la provincia, con epicentro en Presidencia Roque Sáenz Peña. Sin embargo, en medio de la ayuda estatal a los damnificados por la emergencia hídrica, el Ejecutivo chaqueño comenzó a aplicar una reducción de planes sociales, incluso antes de que el gobierno nacional anuncie un recorte en el mismo sentido.
La oportunidad no puede ser más propicia. El dirigente piquetero Tito López se fotografió al lado de su camioneta 0 kilómetro y en las playas de Brasil. No fue un escrache, más allá de que las primera imágenes que comenzaron a circular en las redes eran de comprovincianos que coincidieron con el piquetero en las playas de sur brasilero.
Las redes sociales de la familia López dieron detalles de las vacaciones y seguramente se prevé el retorno de a las marchas por las calles céntricas. Si le protesta estaba deslegitimada por el inflamado reclamo de la gente que demanda reprimir los cortes de calles, la publicidad familiar de este periplo veraniego no viene justamente a sembrar justicia en la protesta piquetera chaqueña.
Los medios oficialistas azuzan el enojo. Sin que se identifique a los delincuentes que atacaron vehículos con ayuda solidaria o que demandaban asistencia urgente para paliar los efectos de las inundaciones, se terminó señalando a “movimiento sociales” como responsables de acciones de pillaje y extorsión.
El prácticamente desconocido ministro de Desarrollo Social, en una de las provincias más pobres del país, se acompaña con fuerzas policiales para cumplir con la ayuda social que la hora demandada.
Paradojas de los nuevos tiempos el gobierno atendió la demanda del diputado radical, Livio Gutiérrez que públicamente pidió la represión de “siete” personas que cortaban la Ruta 16 en la zona de Quitilipi. Una fuerza policial de infantería y caballería lo hizo con diligencia, sólo para que quedara en evidencia que eran muchos más. Pero que además, con el uso de caballos, sirvió para poner en blanco sobre negro que los protocolos de actuación son cosas del pasado. Ni el de los tiempos de Nilda Garré, ni el de Patricia Bullrich al que el Chaco no adhirió, porque tenía uno propio, que también descansa en el archivo.
La fuerte carga mediática sobre esos movimientos, hizo desaparecer el reclamo de la piquetera oficialista, y esposa de Emerenciano Sena, Marcela Acuña. La dirigente de Mujeres al Frente del MTD Socialistas Unidos Emerenciano denunció que el Ministerio de Gobierno, ahora en manos de es conductor de las fuerzas de seguridad, el ministro Martín Nievas, juntamente con el ministro de Desarrollo Social, Roberto Acosta, dieron de baja un número de indeterminado de planes FOCO.
Muchos “muchas personas dependen del beneficio para comprar remedios y pañales a sus hijos”, dijo Acuña que planteó el reclamo y desapareció de los medios. Las causales pueden ser dos. La primera, la fuerte campaña que viene instalándose para deslegitimar a los movimientos sociales, en la que colabora la promocionada vacación del líder del Movimiento 17 de Octubre, y la segunda, el próspero matrimonio Sena-Acuña es en rigor la cabeza de un movimiento oficialista en la provincia con lo que más allá del planteo específico efectuado los acuerdos siempre terminan siendo en privado y sin escándalo.
La eliminación de planes sociales es una punta de lanza que pone nuevamente al gobernador Domingo Peppo en la vanguardia de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Macri, que recién esta semana debería anunciar acciones de ese tipo en diferentes provincias, pero centralmente en la de San Juan que gobierna Sergio Uñac, uno de los gobernadores del PJ opositores que no prestó legisladores nacionales a la sanción del brutal ajuste a los jubilados. Los diputados nacionales del peronismo sanjuanino directamente votaron en contra.
Importa recordar que el propio Macri pidió a su gabinete protección para una decena de mandatarios del peronismo, entre ellos Domingo Peppo. Uñac no estaba en esa lista. José Luis Gioja, antecesor del actual mandatario y formal presidente del PJ nacional advirtió que su provincia puede incendiarse si la Nación cumple la amenaza de recortar 13 mil planes sociales.
No solamente no es ningún secreto, sino que se adelantó por todos los medios. El gobierno nacional analiza recortar unos 28.000 planes sociales durante los próximos meses. Se trata de beneficiarios que no pudieron demostrar una contraprestación durante 2017 para mantener ese beneficio de estímulo al empleo.
Las irregularidades que detectó el Gobierno se concentraron en los planes “Entrenamiento para el trabajo”, una asistencia ofrecida a quienes aspiran a insertarse en el mercado laboral previa capacitación.
Paradójicamente, semejante anuncio no causa preocupación en la provincia del Chaco, en donde el recorte ya comenzó con los planes FOCO.
Ni siquiera en el Movimiento Barrios de Pie, que perdió su legislador nacional a fines del año pasado. Es que de un total de 80.000 planes que se entregan a nivel nacional, entre ellos este último movimiento, unas 28.000 personas del país no pudieron demostrar que estén entrenándose para un trabajo o tomando los cursos que les habiliten a conseguir un empleo.
Según los medios nacionales el recorte será del 35% del total de planes sociales y comenzarán el próximo jueves, en una primera instancia, 5.537 personas dejarán de recibir 1.800 pesos mensuales con los que les asistía el Gobierno, durante un plazo que llegaba a los 12 meses.
En el Chaco, en 2014 el entonces ministro de Educación, Sergio Soto, había denunciado a Barrios de Pie por aparente estafa y otros delitos vinculados con esa figura la que tiene vinculación directa con el Programa de Promotores Comunitarios para la Inclusión Ciudadana (PROCIC). En esa causa, la Justicia había pedido el desafuero del entonces diputado Carlos Martínez, que había pasado del Frente Chaco Merece Más a Unión por Chaco, la semilla en la provincia de lo que luego sería Cambiemos.
Martínez quedó sin fueros a fines de 2017 pero no hay novedades en cuanto al accionar de la Justicia.
Ahora lejos de una pelea de dirigentes, lo que se viene es el ajuste sobre los planes sociales, en tiempos en que la oferta laboral no está en condiciones de absorber mano de obra. Más allá de las acciones. Se produjo, además, en medio de la unidad de la conducción del PJ. La emergencia hídrica volvió a sentar en la misma mesa a Peppo y Jorge Capitanich. El gobernador atendió con indulgencia al intendente de Resistencia en una nota que el diario Clarín le hizo en sus vacaciones en la costa uruguaya.
Lo hizo pese a que días antes Capitanich había tratado de “genuflexos” a los mandatarios peronistas de los que no excluía a Domingo Peppo. Sonrisas de por medio, se anunciaron obras para paliar en el futuro los efectos de las recurrentes inundaciones de la capital chaqueña a causas de las lluvias.
Con este paraguas político, que en la ciudad de Resistencia incluye la búsqueda de un protocolo para atender los reiterados cortes de calles, el ajuste sobre los planes sociales se lleva a cabo con sigilo.
Se complementa con el acotado aumento que plantea el ministro de Hacienda, Christian Ocampo, para el sector público. Un 10 por ciento para todo el 2018, salvo que se vuelva a votar un nuevo endeudamiento. Los tiempos cambian. Los contextos se construyen.
Como hace más de una década, se buscó una salida al desempleo desmedido que dejó el final del menemismo, hoy se plantea profundizar aquello. Terminar con los planes, una demanda del votante de Cambiemos que sintetiza en ellos a una pléyade de vagos que se niegan a trabajar. Si hay trabajo o no, no hace a la cuestión.
La Nación y la provincia coinciden y empiezan por algo.
