La diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayal,a declaró que es víctima de una "persecución política" por parte de la justicia federal chaqueña, luego de que saliera a luz una nueva denuncia en su contra.
La diputada nacional Aída Ayala declaró hoy que es víctima de una persecución política por parte de la justicia federal chaqueña, luego de que saliera a luz una nueva causa en la que se la investiga por presuntas irregularidades en el manejo de fondos durante su paso por la secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación.
Durante una conferencia de prensa realizada en el local partidario de Cambiemos, Ayala aseveró que "la jueza (Zunilda Niremperger) hace lo que le dice (el intendente de Resistencia, Jorge) Capitanich, y esto no lo digo yo, sino ella misma, quien al momento de asumir le agradeció por haberle abierto las puertas".
La justicia federal de Chaco había pedido el mes último detener a la diputada de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia por presunto lavado de dinero durante su gestión en la capital de la provincia.
La jueza Niremperger pidió el arresto, previo desafuero, de la legisladora de Cambiemos, en la causa que tiene en la mira el contrato que la municipalidad de Resistencia celebró con la empresa PIMP S.A. a cargo de la recolección de basura de esa ciudad.
Ahora, en esta nueva causa por presuntas irregularidades en su paso por el Ministerio del Interior nacional, Ayala fue más allá y apuntó contra el fiscal Patricio Sabadini, a quien acusó de pertenecer a la asociación Justicia Legítima, y mencionó que "el kirchnerismo está usando a la Justicia".
"Esto es una persecución política y es manifiesto el ensañamiento que tienen la jueza y el fiscal contra mi persona", dijo Ayala durante la conferencia en la que estuvo acompañada de varios dirigentes de Cambiemos.
Explicó que, a primera hora de la mañana de hoy, se presentó en las oficinas del juzgado federal porque se enteró de esta nueva investigación "por los medios" y quiso saber "por qué se me investiga y de qué se trata".
"Estoy a derecho y quiero aportar pruebas para que se investigue todo lo que se tiene que investigar", dijo Ayala.
Esta nueva causa se abrió luego de que el Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Quitilipi aportara supuestas pruebas en las que se da cuenta de que mediante la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación se bajaban fondos para la compra de equipos con la condición de que sean mediante determinados proveedores.
A esto se sumó la declaración espontánea ante la Justicia del intendente local, Carlos Casalboni, quien según fuentes judiciales, aportó datos para que la investigación avance.
Ayala, ante esto, aseguró que Casalboni "es una persona inestable que tiene denuncias penales y que hace un año se enojó y se fue a otro partido".
"La relación institucional era con el intendente, se plasma en un convenio, y no existen intermediarios ni bolsas de dinero. Si dudan y si quieren investigar, les digo que dejen de perseguir a este equipo de políticos y que allanen mi casa o la Secretaría", desafió.
