Decidido a llamar a sesiones extraordinarias, el nuevo presidente quiere aprobar una serie de medidas clave para el inicio de su mandato.
El 2018 fue el peor ciclo desde el regreso de la democracia en materia de actividad legislativa: a pesar del triunfo electoral en octubre del año anterior, la dinámica de la política interna a partir de la aprobación de la reforma previsional dificultó al oficialismo la construcción de mayorías transitorias para pasar proyectos impopulares y el gobierno resolvió ese problema clausurando, en los hechos, el parlamento. Entre marzo y noviembre sólo se habían aprobado poco más de treinta leyes; se sumaron otras tantas más en el sprint de sesiones extraordinarias de fin de año.
La marca fue la más baja desde 1987, cuando el calendario legislativo era más corto, desde el 1 de mayo y hasta el último día de noviembre. Además, la cantidad de sesiones que se celebraron en el recinto el año pasado también estuvo entre las más bajas de la historia reciente: solamente 22, diez menos que el promedio para la última década. El Congreso estuvo virtualmente cancelado.
Este año los números son aún peores (apenas una docena de sesiones hasta ahora) y estaríamos encaminados a batir todos los récords negativos de no ser por las iniciativas que prepara el Frente de Todos para sembrar el terreno de cara al exigente primer semestre de gobierno. Algunos proyectos podrían llegar al parlamento incluso antes del recambio de poder, previsto para dentro de cinco semanas.
Independientemente de eso, en los pasillos congresales se descuenta que el presidente electo convocará a sesiones extraordinarias a partir del diez de diciembre para avanzar con su agenda legislativa. Los diputados y senadores del peronismo y sus aliados recibieron avisos para que posterguen, hasta las fiestas, sus planes para regresar al terruño.
Músculos agarrotados por la falta de actividad comienzan nuevamente a sentir la tensión propia de las grandes ocasiones: “El Congreso también será protagonista de estos años”, se entusiasma un añejo legislador peronista.
Entre las prioridades que impulsará el peronismo en las próximas semanas aparece un proyecto que ya lleva su tiempo a la espera: la ley de alquileres (que el macrismo primero impulsó y luego metió en el freezer). Su principal operador es el diputado ¿de Cambiemos? Daniel Lipovetzky, que sufrió una doble afrenta de su espacio: primero quedó afuera de las listas y luego le retacearon el quórum en la sesión donde se iba a dar media sanción a su proyecto. “Lipo” estuvo la semana pasada en Tucumán para la asunción del segundo período de Juan Manzur y recordó en un par de notas recientes sus orígenes cafieristas.
La iniciativa que lleva su firma satisface a los diputados del Frente de Todos y va en línea con la postura que tomará el gobierno de Alberto Fernández en materia habitacional, por lo que no debería extrañar que el peronismo termine acompañando el proyecto para que se apruebe antes de que deje la cámara baja, como mimo de despedida.
Otra ley en gateras que se encolumna con el proyecto de Fernández y podría tener vía rápida antes del 10 de diciembre es la ley de góndolas, que establece mecanismos para diversificar la oferta de productos de primera necesidad en los supermercados.
Uno de los diagnósticos comunes en el Frente de Todos es que parte del problema del precio de los alimentos, uno de los más urgentes a resolver, tiene que ver con la concentración del mercado a manos de dos grandes empresas; la ley de góndolas sería una herramienta para empezar a desarmar esa posición dominante. Basada en una experiencia francesa y con impulsores tan dispares como Elisa Carrió y Sergio Massa, la iniciativa no puede ser sospechada de bolivarianismo, a pesar de las advertencias, algo melodramáticas, de las grandes cadenas, que hicieron un fuertísimo lobby durante los últimos meses para detenerla.
Tiene moción de preferencia: deberá ser discutida en recinto durante la próxima sesión ordinaria.
Para diciembre podemos anotar una larga lista de proyectos que sienten la base para los primeros meses del próximo gobierno, particularmente en materia económica.
Entre ellos, nada menos que el Presupuesto 2020, que el presidente electo decidió discutir una vez que haya asumido la nueva composición del Congreso. Respecto al texto para “reperfilar” los vencimientos de deuda, que Mauricio Macri envió al Congreso después de las PASO, quedará descartado, aseguran fuentes del FdT. Fernández no quiere discutir condiciones hasta tanto no haya un consenso con los acreedores; prefiere negociar sin mostrar sus cartas y una vez que se haya llegado a un arreglo, referirlo al Poder Legislativo para que le dé validez.
Así se hizo cuando él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, con éxito. Se espera que el proceso de diálogo con los fondos de inversión tomará al menos seis meses, así que el parlamento no se abocará a ese tema en el corto plazo.
Sí, en cambio, se discutirá antes de fin de año una batería de cuestiones que Fernández anunciará en su discurso de asunción, o poco antes, y que apuntan a mejorar la situación económica de los argentinos. En ese paquete se incluiría una reforma tributaria que contemple un aumento de retenciones al agro, mayores impuestos para las grandes fortunas y beneficios para las inversiones productivas, especialmente las PyMEs.
El tema lo planteó el sindicalista de La Bancaria Sergio Palazzo en una nota que dio esta semana, pocas horas después de almorzar a solas con el presidente electo. También está en estudio un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, para facilitar la llegada de financiamiento a yacimientos convencionales y no convencionales.
Por último, se buscará la creación por ley de un Consejo Económico y Social: para encabezarlo, el futuro mandatario imagina a uno de sus rivales en la última elección, el economista Roberto Lavagna.
Otro debate que ingresará al Congreso el 10 de diciembre y promete discusiones acaloradas en el recinto es el de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad que reemplazará en sus funciones al ministerio de ese nombre y a la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE, y que tendrá el control de las fuerzas federales y sus respectivos órganos de vigilancia.
Según pudo averiguar El Destape, en el borrador que trabajan por estos días los equipos técnicos se prevé que participen de la Agencia representantes de todas las provincias, y que esté encabezada por un director con rango de ministro y nombrado por el Presidente con acuerdo del Poder Legislativo. Hay consenso entre los distintos sectores del Frente de Todos en avanzar con esta reforma; no lo hay respecto al nombre que debería hacerse cargo de un lugar tan sensible. Alberto Fernández guarda bajo llave esa designación, con versiones que buscan instalar candidatos de un lado y del otro.
Aunque el dibujo que quedó después de las elecciones marca que el nuevo oficialismo no consiguió apuntarse con quórum propio, al menos en la cámara baja, los que conocen bien el poroteo aseguran que Fernández no tendrá problemas en sentar 129 diputados y 37 senadores dispuestos a acompañar sus iniciativas, al menos durante los primeros meses. En el Senado, el escenario es más sencillo, con 39 votos propios si se logra sortear sin dificultades la unificación de los dos bloques peronistas y el reparto de roles.
Por ahora, CFK elegiría quién ocupa la presidencia provisional (es muy probable que sea la mendocina Anabel Fernández Sagasti) mientras que Alberto Fernández pondría al titular de la bancada (continuaría el cordobés Carlos Caserio). En diputados, Sergio Massa deberá negociar para llegar al número dorado. Los diputados santiagueños y misioneros dejan al FdT muy cerca de su objetivo. El bloque lavagnista puede ser la llave para alcanzarlo.
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Diferente es el panorama para Juntos por el Cambio, que ya comienza a sufrir las dificultades de la intemperie, a pesar de una sorpresiva elección que los deja, a priori, cerca de las 120 bancas en la cámara baja.
Algunos intransigentes, calculadora en mano, imaginan reeditar el infame Grupo A, que en 2009 logró el número suficiente para bloquear todas las iniciativas del gobierno (hasta el presupuesto), pero lo cierto es que el clima político es muy diferente hoy y entre esas diez docenas de legisladores hay más dispuestos a negociar con el nuevo gobierno que los que quieren pintarse la cara para ir a la guerra.
A priori, Emilio Monzó asegura contar con un grupo de entre cinco y diez diputados dispuestos a armar un bloque propio que pivotee con el oficialismo. A cambio, ya no pide la embajada en España, con la que soñaba hace unos meses. Ahora negocia con Massa para ser designado Defensor del Pueblo. Temporada de liquidación en Entre Ríos y Rivadavia.
El radicalismo, en tanto, convive entre las tensiones internas y la posibilidad de arrebatarle al PRO algunos espacios de poder. Con casi 40 diputados propios al interior de Juntos por el Cambio, algunas fisuras en el armado macrista podrían dejarlos como el espacio más numerosos de la alianza e imponer figuras propias para encabezar algunas comisiones clave además de presidir el interbloque.
Las rencillas ya comenzaron esta semana, cuando Macri impuso a Christian Ritondo para encabezar la bancada amarilla, desplazando al larretista Álvaro González. Una puja similar sucede al interior del bloque UCR, donde se disputan la conducción Mario Negri y Alfredo Cornejo. A la postre, es posible que la grieta que parta a Cambiemos no sea UCR contra PRO sino dos facciones en cada uno de esos espacios. La pregunta del millón es si podrán conservar la primera minoría hasta que se elijan los representantes del Consejo de la Magistratura. Nadie se anima a apostar que va a suceder.
