La Justicia federal de Resistencia realizó hoy varios allanamientos en la Casa de Gobierno del Chaco, en una causa por evasión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a funcionarios del gobernador Domingo Peppo, confirmaron fuentes judiciales.
La Justicia investiga al secretario general del Gobierno, Horacio Rey, y al subsecretario de Comercio, Marcelo Lugo, y a familiares de ambos, por lo que la jueza de Resistencia, Zunilda Niremperger dispuso este viernes allanar con efectivos de la Prefectura varios allanamientos en distintas oficinas de la Gobernación chaqueña, según informó el portal Chacohoy.com.
Mientras tanto, el gobernador Peppo no quiso cancelar su viaje a Estados Unidos, donde el lunes expondrá en la Universidad George Washington sobre “transparencia” fiscal, aunque fuentes oficiales indicaron que el mandatario ordenó a sus ministros “colaborar con todo el procedimiento de la Justicia”.
Los funcionarios están imputados por evasión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa que tendría relación con la constitución y administración de fideicomisos.
Además, la jueza federal ordenó un operativo en una agencia de publicidad que depende del gobierno provincial, una guardería náutica en la zona costera y dos oficinas de un fideicomiso. Tras los allanamientos, las autoridades secuestraron documentación y cinco lanchas.
Chacohoy.com informó que, además del funcionario Horacio Rey, la investigación alcanza a su esposa Susana Fernández, a su cuñado, Ismael Fernández, al subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, su pareja, y otros proveedores de los denominados “polirrubros” del Ministerio de Desarrollo Social y de publicidad oficial.
Los allanamientos ordenados por la Justicia Federal se centraron a su vez en el Ministerio de Desarrollo Social, haciendo hincapié en diversos “polirrubros” que sirvieron de proveedores durante la última etapa de la exministra y luego diputada, Beatriz Bogado, y la continuidad de Roberto Lugo ya durante el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff como vicegobernador a cargo de la Provincia.
La juez Niremperger ordenó el secuestro de documentación desde el año 2015 ubicada en el Ministerio de Desarrollo Social.
