La entidad que reúne a jueces y funcionarios judiciales de todo el país emitió un comunicado de prensa a raíz del operativo antidroga ordenado por la Justicia Federal de Reconquista y ejecutado por la Policía de Santa Fe en la ciudad de Goya y que implicó además el traslado de testigos desde la ciudad de Corrientes.
Dicho operativo fue cuestionado por el Gobierno de Corrientes debido a que no existió comunicación alguna con las autoridades provinciales ni con la Policía de Corrientes, y por el trato brindado a los testigos que fueron subidos a la fuerza a los móviles de la Policía de Santa Fe y trasladados más de 200 kilómetros sin aviso a sus familias.
En el hecho participó el mismo gobernador Ricardo Colombi que se acercó al lugar de los operativos, y la intervención de la Policía de Corrientes llegó incluso a la detención del jefe del operativo de la Policía de Santa Fe.
Tras la repercusión nacional del caso, ahora la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación indicó que observan con preocupación la intervención del gobernador en los operativos así como la amenaza del Gobierno de Corrientes de promover un juicio político al juez federal de Reconquista Aldo Alurralde.
El comunicado, con fecha 1 de noviembre, es firmado por María Lilia Díaz Cordero, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y por Marcelo Gallo Tagle, secretario general, ante las noticias periodísticas que dan cuenta de la actuación personal del gobernador de la provincia de Corrientes a fines del pasado mes de diciembre, en una diligencia judicial ordenada por el Dr. Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista, y de la velada amenaza de iniciar una denuncia a través del consejero de su "propio partido, en referencia al diputado nacional por Corrientes, Gustavo Valdés, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. "Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se ve en la necesidad de recordar su reiterada postura en cuanto a la necesidad de evitar toda injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una inaceptable intromisión en cuestiones de exclusiva competencia jurisdiccional” indica el comunicado oficial.
