Más de treinta expositores se expresaron esta mañana de lunes acerca de la suba de boleto. Las quejas fueron casi las mismas que se repiten en cada audiencia pública sin que se tomen cartas en el asunto.
Desde tildar una suba de boleto como “inmoral” hasta “la cantidad de trabajadores de Ersa que no podrán jubilarse por falta de pago de los aportes” pasando por los “subsidios millonarios” recibidos, fueron los lineamientos centrales de las exposiciones.
Esta mañana de lunes se realizó la audiencia pública por la suba del boleto de colectivo, con la participación de más de treinta expositores. Muchos lo hicieron en forma particular y otros, en representación de partidos, entidades u organizaciones sociales.
Previo a la audiencia, el referente de Libres del Sur, Gabriel Romero, había adelantado su exposición haciendo hincapié en: los sucesivos incumplimientos de las empresas de colectivo, la difícil situación económica en la que vive la mayoría de los usuarios del transporte urbano y el apresuramiento en tratar el aumento antes de conocerse las nuevas políticas públicas a nivel nacional que, se supone, informará el nuevo presidente de la Nación, son algunas de las objeciones a la suba del boleto.
“Un incremento de la tarifa se daría en una ciudad con un 44% de los habitantes que se desenvuelve en la pobreza”, había indicado Romero.
Se recuerda que el sector empresarial solicita un boleto a $ 37 y la Municipalidad, un boleto a $ 30. Tras la audiencia y su respectivo análisis, la nueva tarifa se evaluará en comisión.
El titular de Usuarios y Consumidores, Nelson Veas Oyarzo, fue uno de los oradores. Explicó que el sector empresarial ha recibido entre Nación, Provincia y Municipio “millonarios subsidios y no han dicho dónde va a parar todo ese dinero”, y se preguntó: “¿Cuánto reciben las empresas por boleto cortado?, suma que el usuario paga por adelantado y demás. Ese dato lo estamos pidiendo a Nación”, e inmediatamente destacó: “Son alrededor de 600 millones de pesos que han cobrado en todo el año, están los decretos municipales, provinciales y nacionales”.
Veaz Oyarzo recordó que “existe un fallo judicial” dictado a favor de “un municipio, de una provincia que se puso los pantalones largos porque Ersa cometía los mismos ilícitos que acá y le fueron incautadas las 162 unidades. Esa provincia es Santiago del Estero”.
El titular de Usuarios y Consumidores presentó un informe detallado de todos los incumplimientos cometidos por Ersa, y pidió a todos los concejales que, antes de dar un aumento, “pidan estos datos, que son oficiales, pídanlos a la AFIP que ahí está todo”.
Elvira Miranda, del Sindicato de Amas de Casa expresó que “se están poniendo sobre el tapete temas de suma gravedad, como por ejemplo el nivel de subsidio que ha recibido el sector empresarial.
Uno de los oradores –por Veas Oyarzo- señaló que Ersa recibió la suma de 600 millones de pesos. También se destacó que el sector empresarial no está pagando los aportes jubilatorios de sus trabajadores, desde hace muchísimo tiempo, y el cumplimiento de esto es condición indispensable para el otorgamiento de cualquier subsidio y cualquier tipo de aumento del boleto.
Está a la vista de todos los usuarios, la faltante de frecuencia del servicio, el incumplimiento de las inversiones en cuanto a el ‘sitio puerto’, por ejemplo, o las garitas que todavía brillan por su ausencia en los barrios correntinos.
Uno de cada dos correntinos está por debajo de la línea de la pobreza, en ese contexto se pretende aumentar el boleto. Ninguna de todas estas consideraciones parece impactar en el Concejo Deliberante ni en el Ejecutivo municipal.
Es ignorado, minimizado el poder de contralor. Es muy impactante escuchar todo esto, esperamos que se suspenda el debate en el Concejo por el aumento, que se genere un fuerte, pero un fuerte control hacia el sector empresarial y que se exija la inversión prometida y acabe esta presión económica sobre toda la ciudanía”.
A su turno, Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos, señaló: “No voy a hablar del negocio del transporte de pasajeros, de costos y beneficios empresariales ni de aspectos técnicos, ni financieros. Sino del transporte como servicio público, y su actual (dis) valor social y humano”.
Presman apuntó que la falta de “diversidad de medios de transporte, no hay trenes, no hay subtes. Hay una concentración monopólica en casi una sola empresa de transporte, que cubre todos los recorridos, una tarifa única, que te cobra lo mismo si hacés 20 cuadras o viajas 6 km.
En una ciudad que ha extendido su urbanización y han proliferado asentamientos alejados, hay barrios adonde no ingresan los colectivos, otros donde hay que caminar más de diez cuadras hasta una parada, otros con un sistema de calesitas, y en las barriadas más tradicionales, donde hay servicio, digamos que regular, la queja es siempre la misma, pocos coches que, además, reducen su frecuencia los fines de semana y días feriados.
Se viaja hacinados, sofocados en horario pico, sin aire acondicionado, sin cortinas en las ventanillas con un sol abrasador, sin refugios acondicionados para las inclemencias climáticas, sin señalética adecuada en las paradas, sin baños para los choferes, entre otras carencias siempre prometidas y nunca cumplimentadas”.
Hilda Presman, tildó de “inmoral” a un pretendido aumento del boleto de colectivos en el contexto de esta grave situación socioeconómica “Pretender que el costo de la crisis lo paguen una vez más y de manera casi excluyente, los usuarios, con sueldos de hambre, y no las concesionarias, que por su avaricia empresarial chantajean y condicionan, para nunca dejar de ganar”, destacó vehemente.
La coordinadora de la Red de DDHH resaltó otro aspecto al que consideró “criminal”, y se explayó: “Cuando tenemos un transporte público de pasajeros caro, ineficiente, escaso que obliga a los usuarios a circular en motos -hasta una familia completa va y viene al trabajo/escuela todos los días, ante los elevados costos del transporte-, imagínense cómo será si se aplica la suba de boleto”.
Y detalló la alta siniestralidad que existe en la ciudad de Corrientes que involucra a las motos, para luego remarcar: “Si tuviéramos un servicio de transporte de buena calidad, eficiente, con adecuada frecuencia, con adecuada combinación de líneas, estamos convencidos de que disminuiría la siniestralidad vial porque habría más usuarios de trasporte público que de motos y autos, como ocurre en la mayoría de los centros urbanos más desarrollados”.
Presman concluyó su exposición apuntando a la participación en una audiencia pública que no es vinculante: “No queremos ser estafados una vez más, con una formalidad de participación ciudadana que no es tal.
Y es por eso que interpelamos a los concejales, en quienes hemos delegado, circunstancialmente, nuestra representación, y se deben a ella, respecto al destino que tendrán nuestras intervenciones en esta audiencia pública”, y preguntó a los ediles: “¿Serán tenidas en cuenta las opiniones de los usuarios?
Porque una audiencia pública que solo sirva para ‘calmar’ a los sectores intervinientes, permitiéndonos hacer catarsis, exponer la problemática y que luego estas opiniones no sean vinculantes, a la hora de las decisiones, es una verdadera estafa a la comunidad. No estarán legislando ni gobernando acorde al mandato popular recibido, sino a intereses sectoriales muy poderosos”.
Por parte de la empresa Ersa estuvo su representante Javier Harfuch, que, como estaba previsto, defendió la postura de un aumento a $ 37 de un boleto de colectivo que hoy está a $ 19.
