La denuncia tiene un par de meses, luego que se conociera el decreto del presidente Macri, proyectando el desarrollo de un complejo urbanístico en la costanera, el famoso ‘plan costero’ de la capital de Corrientes. Familiares de desaparecidos vuelven sobre la denuncia tratando de impedir que se venda un sitio de memoria y el tema será tratado en el primer encuentro provincial de derechos humanos de la provincia, el sábado 3 de agosto, en los mismos cuarteles donde se torturaba gente en los años ’70.
Aseguran que se esconde un negociado -según denunciantes-, valuado en más de 30 millones de dólares.
La decisión del presidente Macri “representa un grave retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia”, según critican desde el colectivo.
Organismos de derechos humanos de Corrientes, familiares, querellantes y víctimas de delitos de lesa humanidad recordaron su denuncia que el Ejecutivo Nacional habilitó por decreto la venta del ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención emplazados en la Provincia durante la última dictadura cívico militar, reconocido como sitio de memoria y protegido como medida de prueba por una cautelar judicial.
Se trata de un predio codiciado por su ubicación -plena costanera de la ciudad de Corrientes- que el Gobierno Nacional, el provincial y la municipalidad quieren poner en manos del mejor postor con la excusa de desarrollar un “proyecto urbanístico”.
“Consideramos que es ilegal”, apuntó el presidente de la Asociación Civil "Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9”, Daniel Cian, que busca hace varios años proteger las instalaciones que dentro de ese predio que perteneció al Ejército Nacional fueron convertidos en espacios de secuestro y tortura a disposición del terrorismo de Estado que gobernó al país entre 1976 y 1983.
Se refirió al decreto número 345/2019, mediante el cual Mauricio Macri autorizó a “disponer y enajenar” el terreno completo con el objetivo de impulsar el Plan Urbano Costero, un proyecto urbanístico habilitado mediante un acuerdo entre el Plan Belgrano -órbita nacional-, el gobierno provincial de Corrientes y el municipal que, supuestamente, logrará la “recuperación social, ambiental y urbanística de la costanera correntina”, según plantea el texto del decreto.
En el decreto, Macri asegura que tanto el ex RI9 como el resto de los predios a los que “les puso un cartel de remate”, resumió Cian, “no se encuentran comprendidos en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como así tampoco resultan adecuados para cubrir alguna necesidad actual de la Administración Pública Nacional”.
DETALLE FUNDAMENTAL
La norma omite un detalle fundamental. El ex RI9 es un terreno de unas 11 hectáreas localizado en una de las esquinas más codiciadas de la costanera de la ciudad de Corrientes. Según los denunciantes, estaría valuado en más de 30 millones de dólares. Parte del predio, una edificación conocida como “Hospital Militar” y un galpón llamado “Cuadra Número 9”, fue reconocida hace años como centro clandestino de detención: sobrevivientes identificaron que allí estuvieron encerrados y fueron torturados un centenar de secuestrados y secuestradas durante la última dictadura cívico militar.
El lugar integra la Red Federal de Sitios de Memoria (ReFiSim) y en 2014 fue formalmente señalizado. En las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en la provincia durante el terrorismo de Estado, el RI9 resalta como un lugar preponderante en el plan sistemático de tortura y exterminio desplegado entonces.
En 2004, con la intención de preservarlo como prueba, la Justicia Federal protegió al predio de toda modificación a través de una medida cautelar que aún sigue vigente. En 2008 culminó el primer juicio por delitos de lesa humanidad que lo tuvo como escenario principal y hay otro en gateras, que espera hace rato su elevación. No obstante, el lugar no cuenta con recursos destinados a su preservación y su estado es alarmante, apuntaron desde la asociación civil conformada por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes que buscan una habilitación pública para ponerse manos a la obra con su preservación.
TRANSMISIÓN DE MEMORIA
En 2017 solicitaron ante la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa que les permitiera desplegar allí un proyecto de recuperación del espacio “para el desarrollo de actividades con eje en la transmisión de la memoria y la promoción de derechos humanos”, apuntaron desde el colectivo. No obtuvieron respuestas formales a este pedido. Semanas después llegó el decreto presidencial, frente al cual volvieron a reclamar ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. “Los espacios de memoria son lugares públicos que hoy están destinados de manera permanente a la trasmisión de la memoria, la educación y la promoción y defensa de los derechos humanos”, así como “ámbitos abiertos a la comunidad que proponen actividades culturales, cursos y talleres, muestras, charlas, jornadas de debate, proyecciones, encuentros y diversas alternativas que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro pasado, a conocer nuestros derechos y a construir una sociedad más justa e inclusiva”, plantearon en una carta formal que remitieron el 14 de mayo.
