La Cámara de Diputados de Corrientes dio media sanción el miércoles pasado, al proyecto de ley que busca establecer el “Protocolo de intervención para situaciones de maltrato y abuso contra niños, niñas y adolescentes, detectado en ámbitos escolares”.
El proyecto de la diputada Any Pereyra, de convertirse en ley, debe formar parte de la normativa interna de las instituciones educativas, de gestión pública o privada de la provincia.
La iniciativa surgió, según explicó la legisladora, “ante la gravedad de la problemática y la imperiosa necesidad de regular un instrumento de actuación para las intervenciones dentro de los establecimientos escolares teniendo como premisa la protección del interés superior del niño, niña y adolescente y la máxima satisfacción en el ejercicio de sus derechos”.
Este protocolo, agregó, tiene como objetivos: la protección de la infancia con el acompañamiento de medidas y herramientas eficaces para abordar las mismas, la garantía de su disponibilidad como así también, su acceso y aplicación de manera eficiente y armónica. Asimismo, se busca mejorar la prevención, ya que la mejora en la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo o crisis de malos tratos y abuso, deberá impedir que la vulnerabilidad de las víctimas se mantenga o aumente.
El criterio que la intervención persigue es la adopción de medidas urgentes y de protección, en primer lugar dirigidas al cese del abuso o maltrato, y también a aliviar el dolor de la víctima, sin merma de las garantías procesales y asistenciales. Todas las víctimas de maltrato y abuso sexual tienen el derecho a ser tratadas con dignidad, así como a ser informadas, a expresar sus puntos de vista, a ser escuchadas, a ser asistidas y sobre todo el derecho a ser protegidas. “La escuela es la única institución social por donde circula una gran parte de la población infantojuvenil, convirtiéndose en un ‘observatorio’ de excelencia para detectar situaciones donde niñas, niños y adolescentes se encuentren sometidos a algún tipo de maltrato”, resumió.
Los roles y espacios
“En el análisis de esta problemática surge sin lugar a dudas la necesidad de brindar a los docentes las herramientas necesarias para que puedan actuar de inmediato y poder cumplir así con sus responsabilidades en un tema muy delicado como el del maltrato y abuso”, dijo la diputada Any Pereyra luego de la media sanción a su iniciativa.
El “Protocolo de intervención para situaciones de maltrato y abuso contra niños, niñas y adolescentes” posibilita identificar la singularidad de los perfiles que intervienen, delimitando los roles de cada uno; sin sobrecargar ni desestimar capacidades. En situaciones concretas, la sobrecarga de demandas es una realidad observable. Se entiende que un protocolo de acciones contribuye a definir el lugar y posibilidades de los docentes, así como aquellos aspectos que serán atendidos por otros profesionales.
