Con gran parte de la provincia bajo agua las prioridades políticas del gobierno pasan exclusivamente por lo electoral. En ese marco incrementó la presión para conseguir la autorización para la toma de unos 400 millones de pesos en créditos que poco tienen que ver con la emergencia hídrica, sin importar el ropaje que los medios oficialistas, desde los más grandes o los más chicos, quieren imponerle.
Uno de los puntos cruciales que faltan para que el gobernador Domingo Peppo firme la convocatoria a elecciones es la sanción de la ley que posibilita el retorno de las colectoras. Se trata de la jugada más importante que planea el Gobierno para conseguir un resultado favorable a la reelección del actual mandatario. La idea oficial es que un alto grado de colectoras financiadas por el oficialismo terminaría definiendo cualquier elección. Independientemente de que la performance que pueda lograr el radicalismo con Carim Peche y su alianza Cambiemos e incluso que Jorge Capitanich decida ir por fuera de las estructura oficial del PJ chaqueño.
Los créditos que quiere aprobar el Ejecutivo que no logra acompañamiento de la oposición y de varios legisladores del oficialismo, tienen relación con obras de pavimentación ara algunos municipios del interior provincial, y otros relacionados a infraestructura para el futuro puerto de Las Palmas y el de Barranqueras.
Ninguno de esos fondos tiene relación con obras hídricas, que el mejor de los casos estarían llegando extremadamente tarde para enfrentar una contingencia que ya está encima de los chaqueños.
Paralelamente el Gobierno atraviesa un nuevo escándalo que fue destapado por el portal HDP. En medio de la crisis hídrica y el conflicto con los gremios docentes la provincia financió el viaje, la estadía y el curso para un economista chaqueño en Hardvard por un período de cinco meses. El curso, sin embargo duraba 5 días.
El affaire es público y la cuestión se debate en las redes sociales, pero ningún organismo de control se da por enterado. El caso de este economista, Marcos Isaias Montiel llegó al despacho del gobernador de la mano del Rotary Resistencia Oeste, según relató en su momento el propio Peppo.
El gobierno le dio una asistencia a este economista, ex propietario de una consultora. La excusa para haber aceptado una ayuda superior a los 300 mil pesos para un curso de 5 días, es que no conocía el idioma. Llegó a decir en un programa de Radio conducido por Eduardo Feinnmann que estaba aprendiendo “con una señora de turismo de Corrientes, voy a ir aunque no sepa inglés por caradura".
En esa misma época, principios de abril, la provincia había contratado a la disertante chilena Pilar Sordo para dar una charla por 400 mil pesos. Los gremios docentes que ahora cerraron un acuerdo con Peppo habían cuestionado ambas contrataciones. Sordo suspendió su charla. Todavía no se sabe si este economista planea devolver prácticamente todos los fondos que le dieron.
El decreto del gobernador que otorgaba esta asistencia no reintegrable exige que el “beneficiario” aporte una rendición documentada de sus gastos. Es oportuno reiterar entonces que por ahora, ningún organismo de control hizo planteo alguno. Son esos mismos organismos los que recomendaron el veto del gobernador a la auditoría que la oposición acordó con el oficialismo para aprobar el crédito que sirvió para cancelar la deuda de Secheep con CAMMESA.
