Los trabajadores del Invico denunciaron hoy que en Corrientes están frenadas más de 2.000 viviendas que el organismo no puede comenzar a construir porque el Gobierno de Mauricio Macri cortó los fondos prometidos. Además, revelaron que las autoridades siguen firmando nombramiento “ilegales y sin concurso”, en detrimento de la carrera administrativa interna de los empleados.
La noticia fue confirmada este jueves en la asamblea que los trabajadores y delegados de ATE realizaron en la sede del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), ubicada por San Juan 460, donde decidieron lanzar un plan de lucha con una marcha para el miércoles 16 hacia la casa de Gobierno.
En la reunión, los empleados denunciaron que la Nación no envía los fondos correspondientes a un total de 2.000 viviendas que el organismo licitó el año pasado y que solo falta que comiencen a ser construidas. Este dato es significativo si se tiene en cuenta que el mismo organismo tiene unas 45 mil familias anotadas que esperan una vivienda social en la Provincia.
Además, la falta de envío de fondos nacionales ocurre cuando la administración de Macri pide a los gobernadores que cedan hasta el 30 por ciento de sus fondos federales para obras públicas, en el marco del plan de ajuste nacional con el que el Gobierno nacional pretende bajar el déficit.
“Se decidió comenzar el plan de lucha el día miércoles 16 de mayo con una manifestación pública, en rechazo a estos nombramientos por fuera de la ley y en reclamo también de más fondos para viviendas por parte de la nación, ya que hay 2000 viviendas licitadas que no comienzan la construcción por falta de fondos que debe enviar la Nación”, sostiene un informe de los delegados del Invico.
Los trabajadores denuncian nombramientos a dedo “por afinidad política” que se decidieron recientemente en el organismo provincial. “El nuevo organigrama diseñado por las autoridades del INVICO crea más cargos jerárquicos de manera innecesaria. Hoy en el INVICO además de los cargos gerenciales, se han incorporado Consejeros y coordinadores externos sin ninguna función clara a desempeñar, causando más gastos en salarios jerárquicos”, detallaron.
Afirmaron: “No estamos de acuerdo que en estos cargos se nombre personal sin experiencia, sin antigüedad, sin estar ni siquiera contratado, y pasando por encima de la carrera administrativa de los trabajadores de más de 25 años de antigüedad en su gran mayoría, por el solo hecho de haber trabajado en la campaña electoral”.
