La intransigencia oficial ante el avance del desmonte en la provincia del Chaco en zonas protegidas terminó moviendo una de las piezas que hasta el momento no había intervenido, el Poder Judicial. El juez Civil y Comercial Nº 21, Julián Flores, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por el Defensor del Pueblo quien haciéndose eco de las organizaciones ambientalistas pidió que se detengan las acciones de las empresas que vienen transformando el monte en chacra en el Impenetrable.
La Justicia vino a poner en tema en el lugar en que las prioridades del Gobierno no le habían reservado. Como en otras cuestiones la realidad le impone la agenda al Ejecutivo. Greenpeace volvió a manifestarse en la provincia. Responsabiliza directamente al gobernador Domingo Peppo no solo del desmonte, también de las consecuencias en la destrucción del hábitat.
El freno que pretendió simbolizar el gobernador con el Decreto 298/19 a principios de año evidentemente no fue suficiente. Importa recordar que al momento de la firma de ese decreto la provincia del Chaco había sido la provincia que lideraba la tabla de tala de bosques en zonas prohibidas, paradójicamente con un presunto paraguas legal que concedía el gobierno de chaqueño.
Un informe de Greenpeace reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
El primer impacto del Decreto 298/19, permitió la errónea lectura de que el Chaco derogaba los permisos de desmonte sobre bosques nativos. En verdad, solamente suspendió nuevos permisos y el procedimiento de actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Sobre esa primera impresión se montó el Gobierno para intentar posicionarse encima del reclamo de las organizaciones ambientalistas.
La verdad el mismo decreto terminaba consolidando los permisos concedidos a empresas foráneas que compraron campos en zonas protegidas, posiblemente con conocimiento de las facilidades que otorgaba la provincia para las recategorizaciones.
Por encima del Decreto 298/19, pero también con su venia, el desmonte continuó en la provincia a una considerable velocidad. Todas las organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Somos Monte denunciaron que el desmonte siguió. El Centro Mandela publicó en varios informes datos georeferenciados sobre la ubicación de acciones de deforestación.
Nada de eso inquietó al Gobierno. El subsecretario de Recursos Naturales, la oficina del Gobierno que otorga las resoluciones de recategorización que permiten los desmontes aclaró hasta dónde pudo que no se iba a dar marcha atrás con las autorizaciones concedidas.
En este marco, además de la protesta que se mantuvo incólume, el único camino que quedaba era el de la Justicia. Si bien se trata de una medida precautoria, y falta la medida de fondo, el gobierno tiene diez días para frenar todos los desmontes en zonas protegidas. El paso que resta conocer es qué harán las empresas a las que el propio Gobierno le reconoció “derechos adquiridos”. ¿Acaso se puede esperar fuertes demandas de indemnización en juicios contra el Estado?
¿La reelección en el freezer?
Aunque no lo diga Jorge Capitanich avanza en su campaña para ir por un nuevo mandato como Gobernador de la provincia. Los medios oficialistas en la provincia ya confirman que Domingo Peppo ya no forma parte de Alternativa Federal, apuntan su repentino alineamiento a la fórmula Fernández-Fernández y algunos hasta lo ven como un posible miembro del Congreso Nacional.
Incluso se indignan con la Legislatura por querer avanzar con la idea de las colectora y cuestionan que el Gobernador que señaló que iba a fijar fecha de elecciones en septiembre no haya firmado el decreto respectivo.
Lanzan públicos auspicios para un acuerdo entre Capitanich y Peppo, que en definitiva pondría a resguardo las abultadas pautas que reciben, además de suavizar el salto de un oficialismo a otro nuevo que está en proceso de construcción.
El nuevo posicionamiento del gobernador Peppo, lejos de Pichetto, Urtubey o Massa, tiene sus primeras consecuencias. A diferencia de los últimos dos meses, el Chaco todavía no tiene un cronograma de pagos a empleados públicos, es apenas una señal, pero no hay que descartar señales de tensión con el gobierno de Mauricio Macri.
Las miradas ahora están sobre Capitanich. El intendente de Resistencia ya había rechazado encabezar una lista más cercana a Cristina Fernández, cuando Peppo postuló a Elda Pértile y Juan Mosqueda. ¿Volverá a hacerlo ahora?
Un acuerdo con Peppo importaría un borrón y cuenta nueva, incluso con aquellas cuestiones que el intendente preferiría no heredar, como los casos de corrupción que estallaron escandalosamente en la actual gestión.
También es cierto que un gobierno de Fernández-Fernández necesitaría en el Congreso espadas de más confiables. Algo que el actual gobernador no puede garantizar. Los pesos y contrapesos dejan varios interrogantes. Quizás cuando aparezca el decreto de convocatoria a elecciones y se defina el futuro de las colectoras, haya algunas respuestas. Por lo menos las más urgentes.
