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Política Sesión caliente

Ediles pedirán informes sobre la represión en Ersa

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Crédito: 122757

Repudian el procedimiento policial en el barrio Patono y exigen detalles de montos que recibe la empresa para destinarlos a mejoras salariales.


El Concejo Deliberante capitalino abordará hoy la conflictiva situación del transporte público de pasajeros, que terminó con una indiscriminada represión el pasado martes, en inmediaciones del galpón de la empresa Ersa.

 

Es así que hoy el bloque de concejales Podemos Más indagará con un proyecto de Resolución la candente cuestión; al tiempo que exigirán detalles de montos que recibe la empresa para destinarlos a mejoras salariales.


"Expresamos el más enérgico repudio a la represión policial efectuada por orden del Gobierno de la Provincia, sobre trabajadores de la empresa Ersa, quienes se manifestaban pacíficamente en defensa de sus derechos laborales, frente a la empresa que se encuentra en el barrio Santa Marta", expresaron en un documento.


También repudian el accionar policial "pues el mismo fue indiscriminado sin tener en cuenta en contexto en que se encuentra las instalaciones de la empresa. Los disparos a mansalva y la utilización de gases lacrimógenos, afectó a alumnos y docentes de la escuela N° 291 Eudoro Vargas Gómez, que se encuentra a escasos metros de los galpones de laempresa Ersa en la Ciudad de Corrientes y los vecinos de los barrios cercanos" detallaron.    

 

En este sentido, los legisladores opositores  argumentan que "ante los legítimos reclamos de los trabajadores, la respuesta del Estado no puede ser la represión de la protesta social. Exigimos la convocatoria inmediata del Simu, órgano que nuclea a todas las partes intervinientes en el sistema de transporte urbano, para conocer qué solución abordará el Ejecutivo municipal para destrabar el conflicto. Esta situación lamentable de inseguridad merece nuestro total y más absoluto repudio por atentar la integridad física de los trabajadores y sus dirigentes, que se encontraban realizando un justo reclamo por su salario y en defensa de sus fuentes de trabajo; lo cual debe ser garantizadas y custodiadas por las fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales que correspondan".

 

El monopolio se desligó de los incidentes


Tras los incidentes el pasado martes, la empresa Ersa emitió un comunicado desentendiéndose de la represión y apeló al argumento de "los infiltrados" para justificar el accionar policial.


En el documento emitido por el monopolio subrayan: "Lamentablemente y por causas que seguramente las autoridades judiciales intentarán dilucidar, cuándo se avizoraba el fin del conflicto, disponiéndose el inicio de un servicio limitado pero esencial hacia los usuarios del sistema, mediante el significativo aporte de los organismos de Seguridad, comenzaron a producirse hechos de violencia en contra empleados y directivos que ingresaban a trabajar a la empresa, amenazando la integridad física de las personas".


Asimismo argumentan: "Ersa quiere dejar en claro que, sin el accionar del personal policial que en todo momento quiso proteger al personal de la empresa que intentaba continuar con sus actividades y a los trabajadores que en forma pacífica se manifestaba en inmediaciones al ingreso de la empresa, la situación hubiese pasado a mayores, ya que agrupaciones y personas ajenas que nada tenían que ver con el conflicto comenzaron agredir para ingresar por la fuerza al centro de operaciones donde la actividad se desarrollaba con normalidad por el resto de los trabajadores que no se plegaron al conflicto".


Como corolario, la polémica firma puntualiza: "Bregamos por la pronta recuperación de las personas que se han visto afectadas; manifestamos nuestro expreso reconocimiento a los organismos estatales que tuvieron una fuerte predisposición en la resolución del conflicto y nos comprometemos a nuestro mayor esfuerzo para lograr una solución racional y pacífica de la difícil situación económica generada en el transporte público de pasajeros, que amenaza contra la normal continuidad de la actividad y pone en peligro la fuente de trabajo de cerca de 800 familias". El Libertador 

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