Los concejales peronistas y renovadores de Mburucuyá denunciaron la grave situación que atraviesan los trabajadores del Municipio local, cuando el 70 por ciento de ellos está en negro y el jefe comunal actual se niega a dar un informe sobre el personal.
La mayoría de los trabajadores municipales de Mburucuyá son changarines que cobran 110 pesos por día trabajado, por lo que no perciben ningún pago por sábados, domingos y feriados, en una angustiante precarización de la economía familiar.
Los concejales del PJ y Frente Renovador hicieron un relevamiento propio sobre la situación laboral porque el intendente radical Pablo Kelo Guastavino se niega a brindar un informe oficial sobre la planta de personal.
“Los feriados no comen, podemos afirmarlo claramente, porque si no consiguen una changa ese día en otro lugar del pueblo no tienen para comer, con una inflación que come el bolsillo”, afirmó el concejal Gustavo Aromí.
Según el relevamiento realizado por los concejales, estimativamente el 70 por ciento de los trabajadores está en negro, sin obra social, aporte jubilatorio ni ART. Cuando tienen un accidente de trabajo, son derivados al hospital local y deben costearse sus medicamentos.
Los de planta permanente ganan en su mayoría 6.000 pesos por mes, pero si faltan un día el intendente les descuenta casi la mitad porque el pago por presentismo es de 3 mil pesos. Por ejemplo, un personal de maestranza llega a ganar 7.300 pesos en bolsillo teniendo 20 años de antigüedad. Del salario del que está en planta, solo 4 mil pesos son en blanco y el resto en negro.
Los hermanos Guastavino, de la alianza ECO-Cambiemos, están al frente del Municipio desde hace más 8 años y quieren completar el tercer mandato (12 años). Antes de Pablo, el intendente fue Cristián Guastavino, quien ahora se desempeña como funcionario de Eduardo Tassano en la Capital de Corrientes pese a haber profundizado la crisis laboral en la Comuna de Mburucuyá.
Los concejales también señalaron que Kelo Guastavino no cumplió su anuncio del 1° de marzo, que era dar un aumento salarial del 30 por ciento en tres cuotas este año. En lo que va de 2018, los trabajadores todavía no recibieron ningún incremento.
“Guastavino quiere aprobar en el Concejo Deliberante el Pacto Fiscal que le exige transparencia en las cuentas, cuando él ni siquiera es capaz de dar un informe sobre la grave situación de la planta de personal municipal”, señaló el concejal Mario Soto.
“Además, le pedimos a Guastavino que explique cómo hará para regularizar a los trabajadores precarizados cuando el Pacto Fiscal le impide contratar más empleados”, sostuvo el concejal Marcelo Romero.
“También le solicitamos que diga ahora cómo va a cumplir su promesa del 30 por ciento de aumento salarial para los changarines si todavía no empezó con la primera cuota y el Pacto Fiscal le exige que no eleve el gasto público”, manifestó el concejal Franco Cáceres.
Por esta situación, los concejales Aromí, Soto y Romero del PJ; y Cáceres, del Frente Renovador, se reunieron este sábado para sostener que le exigen al intendente que brinde un informe sobre su política salarial y sobre qué planes tiene para regularizar a los trabajadores. En el encuentro, participó el exintendente peronista Ibrahim Saba.
“Dicha batalla, venimos librando desde 2015 porque los hermanos Guastavino se caracterizan por no ser transparentes, no tienen los papeles al día ni han nnca mostrado las cuentas públicas”, agregó Aromí.
“Es insólito que el Concejo y los vecinos no puedan contar con un informe oficial sobre el número de empleados municipales, aun cuando la Justicia provincial ordenó a los hermanos Guastavinos en agosto de 2017 que, en un plazo de diez, entregue los informes requeridos sobre la planta de empleados”, agregó Aromí.
