Los concejales de San Roque ampliaron la denuncia penal contra el viceintendente macrista, José Altamirano, a quien acusaron de impedir, por segunda vez consecutiva, que funcione el Concejo Deliberante que debe sesionar para poner en funciones a su reemplazante. Ediles de ECO-Cambiemos se niegan a sesionar y buscan protegerlo.
El asesor letrado del Municipio de San Roque, Juan Manuel Cubilla Podestá, reiteró este sábado que “se aguarda que la Justicia responda al pedido de detención de Altamirano porque el Concejo sigue sin poder funcionar, lo que afecta al carácter republicano de toda institución”.
Altamirano está suspendido en su función como presidente del Concejo porque está con procesamiento firme por un delito de corrupción en la causa por el cobro ilegal de dos sueldos públicos al mismo tiempo.
El viernes 7 de agosto, los concejales comprobaron que no podían sesionar porque seguían sin aparecer el libro de actas, las resoluciones y las llaves de las oficinas del Concejo, lo que impide el normal funcionario de esa institución municipal. Lo mismo había ocurrido la semana anterior cuando Altamirano fue acusado de bloquear las sesiones para evitar que nombren a su reemplazante.
Luego de comprobar que no podían sesionar, en las últimas horas, los concejales de San Roque ampliaron la denuncia penal que se presentó durante semana contra Altamirano en el Juzgado de Instrucción de Goya. Al mismo tiempo, los ediles esperan una respuesta del Tribunal Oral goyano al pedido judicial para que se ordene su detención teniendo en cuenta que un procesado, que además está camino a juicio, no puede volver a cometer el delito de impedir el funcionamiento del Concejo.
Los concejales presentes firmaron un comunicado en el que sostienen que, ante la ausencia de Altamirano, “el problema radica en que la secretaria del Concejo también se ha ausentado sin aviso y no ha contestado los requerimientos de las autoridades de los libros de actas y llaves de las oficinas para llevar adelante la sesión, que se presume están en poder de Altamirano. Pese a la insistencia telefónica e incluso una exposición policial, el Viceintendente, retuvo nuevamente el libro de actas y evito dolosamente el acceso a las oficinas del Concejo por parte de las autoridades dispuestas por el artículo 178 de la Carta Orgánica (Vicepresidentes primera y segundo) lo que importa un gravísimo incumplimiento de los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad lamentable”.
No dan cuórum
Además de la imposibilidad de sesionar, la mayoría de los concejales de ECO no dieron cuórum en las últimas dos sesiones y protegen al procesado Altamirano. Ellos son: el radical Nicolás Domínguez, que también fue abogado del cuestionado viceintendente, es actualmente presidente de la UCR local y empleado de la Legislatura; Lidia Montenegro, docente y dirigente del Partido Autonomista; y la concejal Mariana Pasetto, que es dirigente de ELI, abogada e integrante del Colegio de Abogados, tampoco asistió a la sesión a pesar de conocer la gravedad del delito de corrupción por el que Altamirano fue procesado.
Domínguez, Montenegro y Pasetto son entonces los tres concejales (todos de ECO-Cambiemos) que no asisten a sesionar y, de esa manera, garantizan la impunidad de Altamirano ante su negativa de someterse a la decisión de la Justicia y aceptar su suspensión inmediata como viceintendente y presidente del Concejo.
