La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional Julieta Lucila Ripoli reveló que hubo un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública a socias de las empresas del Presidente, Mauricio Macri, mediante la renegociación de los peajes del acceso Norte y Oeste a la Capital Federal.
En una entrevista con Página 12, la abogada explicó que el primer paso de la estafa se dio en 2015 cuando AUSOL -que tenía acciones de Macri- hizo un reclamo administrativo pidiendo la renegociación integral del contrato, que vencía recién en 2020. Tras ganar la elección, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich aprueba la renegociación por U$S500 millones.
La última parte de la estafa ocurrió cuando Macri vendió sus acciones que aumentaron en su valor por la decisión de Dietrich. “Como ya se descontaba la renegociación integral con la prórroga del plazo de concesión, el precio de las acciones se disparó", explicó Ripoli.
La abogada ingresó a Vialidad Nacional como pasante en 2004 y llegó hasta la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos que estudia los contratos de obra pública. De acuerdo al medio, a Ripoli la echan tras participar de las primeras reuniones por la renegociación de las concesiones de Ausol en el acceso Norte y del acceso Oeste.
Los diputados nacionales del FpV-PJ ratificaron en Comodoro Py la denuncia presentada contra Macri y los ministros Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por la maniobra realizada para que Ausol, Sideco Americana y otros socios comerciales del presidente ganaran millones de dólares por la concesión de los peajes de acceso norte.
Los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau denunciaron que tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, tal como explicó Ripoli. Detrás de esta maniobra, argumentaron, presionaron para renegociar el contrato que vencía en 2020.
Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el Estado arregló con la empresa por 499 millones de dólares. Además les otorgaron nuevos contratos de concesión sin llamado a licitación ni concurso público de precios, y con cláusulas leoninasen detrimento de los intereses del Estado y en beneficio de las empresas.
