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Política Presos

Ex intendentes de Perugorría se abstuvieron de declarar

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Crédito: 89168

Corona y Lesieux no declararon ayer en la causa en la que están imputados por presuntos delitos vinculados a la administración pública. Continuarán apresados junto con otros tres ex funcionarios, mientras avanza la investigación. No descartan nuevos allanamientos.


Los ex jefes comunales de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, ayer se  abstuvieron de declarar ante el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega. Ellos al igual que otras tres personas que  fueron parte de sus gabinetes continuarán detenidas, en el marco de la causa en la que se investigan una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a la administración de fondos enviados por Nación para la ejecución de obras en la localidad. La Justicia seguirá con la investigación que podría derivar en la citación de más personas y nuevos allanamientos.


El martes 19 de diciembre del año pasado, en horas de la tarde, efectivos de seguridad fueron con una orden del juez a buscar a cinco personas que habían ejercido diferentes roles en la Municipalidad de Perugorría. Esa noche, detuvieron a Patricia Vera, quien fue tesorera desde el 2005 hasta el 2015 y Sabrina Lammens, ex secretaria de Gobierno.


Mientras que al día siguiente, en la madrugada del miércoles 20, el ex auditor comunal, Ernesto Moray Mussio, fue arrestado en su domicilio en Santa Lucía.

 


Desde aquellas jornadas, los  tres permanecen detenidos en la alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá.


Sin embargo, en aquella oportunidad, la Justicia no logró encontrar a Lesieux y Corona. Y con el paso de los días, surgieron diferentes versiones sobre dónde podrían estar; incluso, se difundió un mensaje de la cuenta de Twitter de la ex intendente: “Ya estamos en Cancún. Besitos”.


Sin embargo, personas allegadas a Lesieux aseguraron que su red social había sido “hackeada”. Y entre los fundamentos de esta versión indicaron que la última publicación que ella había realizado era de noviembre del 2016, “es decir, que desde hace más de un año que no la usaba”, indicaron.


En tanto, desde su defensa legal, ratificaron ayer a este diario que “ellos estaban  descansando en el Sur, estaban desconectados de todo. Nunca salieron del país”. Asimismo, aseveraron que recién cuando regresaron días atrás, se enteraron de que eran considerados prófugos y que incluso existía una alerta roja de Interpol.

 

Entrega


Transcurrieron 52 días desde que fue ordenada la detención de ambos hasta que el último viernes se presentaron voluntariamente en el Juzgado. Allí, fueron detenidos en forma inmediata por personal de la Policía Federal.


Quedaron así a disposición de la Justicia y alojados en la alcaidía de la comisaría curuzucuateña donde también permanecen detenidos los otros tres ex funcionarios.


Desde allí, según pudo saber El Litoral, Lesieux y Corona acompañados por sus defensores fueron trasladados hasta el Juzgado de Instrucción a fin de que prestaran declaración ante el magistrado Martín Vega. Sin embargo, ambos resolvieron hacer uso del derecho de abstenerse.


Por ello, tras terminar con los trámites correspondientes, ambos retornaron a la dependencia policial donde al menos por ahora continuarán detenidos junto con Vera, Lammens y Moray Mussio.


Por su parte, la Justicia continuará con la investigación para determinar si los funcionarios cometieron, o no, irregularidades en la administración de fondos públicos.


En este marco, en la conferencia de prensa que en la noche del viernes brindaron la fiscal Alejandra Talamona y el juez Vega, indicaron que continuarán con las investigaciones, por lo que podrían citar a más personas a declarar como así también realizar nuevos allanamientos.

A la vez, según precisó El Diario de Curuzú, el magistrado expresó que “también estamos investigando a los inspectores de Nación que aprobaron las obras que se estaban ejecutando en Perugorría, algunas sin terminar. Ellos serán citados en algún momento para formar parte de la causa”.


Asimismo, durante la conferencia, Vega se refirió a que averiguarán si una o más personas prestaron algún tipo de colaboración a los ex jefes comunales para que estos pudieran estar prófugos durante más de 50 días. “Cooperar con prófugos de la justicia es un delito”, recordó.

En otro tramo del contacto con los medios locales, indicaron que la etapa de instrucción de la causa puede demandar tres o más meses debido a su “complejidad y voluminosidad”.


Por último, destacaron la tarea realizada por los efectivos tanto de la Policía de la Provincia como de la Federal.

 

 

 

NOTA RELACIONADA 

 

 

Corona y Lesieux están alojados en celdas comunes

 


Los ex mandatarios de Perugorría Jorge Corona y Angelina Lesieux pasaron sus primeras horas de detención alojados en calabozos comunes de la Unidad III de la Policía correntina de Curuzú Cuatiá, donde se encuentra el resto de los imputados en la misma causa por presunto desvío millonario de fondos públicos para viviendas de programas nacionales. Corona y Lesieux decidieron entregarse a la Justicia viernes cerca de las 11, momento de la jornada en el cual se presentaron en la sede de la Unidad Regional III de la Policía provincial, con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Luego del trámite documentario, efectivos a cargo de dicha dependencia los arrestaron y trasladaron esposados hasta el tribunal a cargo de Martín Vega, juez de Instrucción de esa localidad, ante quien formalizaron su descargo con los motivos por los cuales estuvieron ausentes desde diciembre último.

 

“Somos inocentes, confiamos en la Justicia”, dijeron Corona y Lesieux luego del trámite ante Vega, y previo a ser devueltos a la Unidad III donde permanecen alojados en celdas comunes, separadas por género, y con tratamiento igualitario.

 

“Hacen lo mismo que todos los detenidos. Comen la misma comida y cumplen los mismos horarios y condiciones que el resto”, comentaron fuentes judiciales a periodistas de época. “El lugar fue remodelado a nuevo hace poco, para cumplir con todas las normativas exigidas para este tipo de instituciones”, aseguraron las mismas voces, y agregaron que “la comida que se les sirve es la que suministra la prestataria contratada para esa finalidad”.

 

La conmoción que generó la entrega voluntaria del matrimonio sacudió los cimientos institucionales y políticos no sólo de Curuzú Cuatiá y Perugorría, sino de toda la provincia y hasta el país, por su trascendencia. Eran buscados desde diciembre por INTERPOL y sobre ellos pesaba un pedido de captura internacional.

 

Los teléfonos, tanto personales como de las oficinas de Vega y de su fiscal Alejandra Talamona, estuvieron al rojo vivo a partir de la detención. Eran llamados, más que nada, de la prensa.

 

Atentos a ello ambos brindaron, en horas de la tarde de ese mismo viernes, una conferencia en la que dieron detalles de los procedimientos realizados para dar con el paradero de los imputados, y de la continuidad de la causa.

 

“Se sentían rodeados y no tenían posibilidades de seguir ocultándose”, manifestó en ese marco Talamona, quien repasó los distintos operativos realizados en casas de supuestos “prestanombres”, en la propia finca matrimonial donde encontraron una “oficina municipal paralela” -dijo Vega- y electrodomésticos comprados con fondos de la Municipalidad de Perugorría, ambos entre diciembre y enero pasados; y el reciente allanamiento con resultado negativo en la estancia turística Rincón del Diablo, en los Esteros del Iberá. Esta última, según la Fiscal, pese al resultado, fue el “puntapié” para que se entregaran a la Justicia.

 

A su turno, el Juez señaló que la causa por presunto desvío de fondos públicos para viviendas nacionales es “grande” (involucra a ex ministros de la Nación durante la gestión Kirchner) y que si “en el marco de la investigación suceden más pruebas que puedan involucrar a más personas, no se descartan nuevos detenidos en el hecho”, agregó. A su vez, indicó que en adelante resta “investigar a aquellas personas que prestaron colaboración y cooperaron con los prófugos, por ejemplo en el campo donde ellos estaban escondidos”, porque “cooperar con prófugos de la Justicia es un delito”, remarcó Vega, quien añadió que “también investiga a los inspectores de Nación que aprobaron las obras que se ejecutaron en Perugorría, algunas sin terminar”. “Ellos serán citados en algún momento para formar parte de la causa”, adelantó el Magistrado.

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