Antes de irse, Mauricio Macri envió un mensaje con cinco ascensos de militares carapintadas, que se levantaron contra el primer Gobierno democrático pos dictadura cívico militar. Esta decisión, revelada por El Destape, generó un fuerte rechazo en la política y dentro de los organismos de Derechos Humanos.
Con la firma de Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Ejecutivo envió un mensaje al Senado el 1 de noviembre para recabar "el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del Cuerpo de Comando - Armas del Ejército Argentino" detallados en el documento que ingresó por mesa de entrada el 4 de este mes.
Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S., le dijo a El Destape que esta decisión del Presidente "es coherente con su matriz ideológica de Gobierno", por lo que no le extrañó que haya ocurrido. Sin embargo, destacó que es triste que "ésto suceda justo cuando se produce un golpe de Estado, un golpe cívico militar policial en Bolivia, y que este Gobierno no lo haya condenado".
Sobre esta situación, Victoria Montenegro, legisladora y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, aseguró que recibió esta noticia "con preocupación, sobre todo en este contexto que incluye la falta de pronunciamiento del presidente (Macri) contra el golpe militar que sufrió Bolivia". En declaraciones a este medio, analizó que esta postura es ideológica y "desde ese lugar, antes de dejar su gobierno, busca ascender a oficiales que habían sido parte del alzamiento carapintada", lo que pone a la población en una situación de alerta.
Respecto a las promociones, Pisoni recordó que el Gobierno macrista aplicó constantemente políticas contrarias a la lucha de los organismos de derechos humanos: "Desde el momento en que quisieron impulsar el 2x1 a genocidas, junto a la Corte Suprema, y tuvieron que dar marcha atrás, pasando por la decisión de que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interior, algo que está prohibido por la constitución, continuando con la doctrina Chocobar y el protocolo que habilita el uso de las pistolas taser y disparar sin preguntar, hasta llegar a la actualidad y esta decisión, no nos extraña. Nos parece coherente con la política que lleva adelante".
El pliego de ascensos de militares carapintadas, que se levantaron contra el primer presidente democrático de la Argentina después de la última dictadura cívico-militar, incluye cinco nombres: Carlos Alberto Corradi; Carlos Andrés Freites; Marcel Javier Alem Troncoso; Eduardo Pablo Garbini y Jorge Oscar Fernández. Todos ellos - salvo Garbini - alcanzados por el decreto 1004/89 de indulto realizado por el expresidente Carrlos Menem.
Los cinco tuvieron ascensos durante el Gobierno kirchnerista, entre 2005 y 2006. Sin embargo, según pudo averiguar este medio, esas promociones corrieron por parte de las propias Fuerzas Armadas ya que las subas hasta el cargo de Teniente Coronel (que tuvieron lugar en esos años) son internas. Los superiores a este rango sí deben pasar por el Senado, explicaron desde el entorno de Nilda Garré.
Estos últimos deben pasar por la Cámara Alta, particularmente por la Comisión de Acuerdos, y no hay posibilidad de una doble votación. Si se rechaza, no ascenderán y pasarán a una especie de retiro, como "una ley no escrita", según confiaron a este medio.
Así, pasaron 14 años sin que estos cinco hombres hayan recibido ascensos. Agustín Rossi, actual diputado nacional y exministro de Defensa, explicó a El Destape que el envío de los pliegos "es una decisión política del Gobierno" y remarcó "que los anteriores ministros de Defensa no mandaron por los antecedentes".
Rossi se mostró extrañado por el envío de estas cinco promociones "por fuera de los pliegos que se mandan normalmente, una vez al año porque se hace una reestructuración de la Fuerza" y explicó por qué pudieron haber pasado 14 años sin nuevos nombramientos: "Sus antecedentes hacían inconveniente el ascenso. Como fueron indultados por eso no elevamos su ascensos".
Por eso, Montenegro remarcó que "la definición de ascender a oficiales superiores es una decisión política", lo cual generó preocupación dentro de los organismos de derechos humanos: "Hay que estar muy alertas, cuidando las instituciones siempre" porque "en estos cargos jerárquicos tiene que haber personas que en ningún momento hayan sido insubordinados, siempre tienen que estar subordinados al poder político. En Bolivia derrocaron a un Gobierno". Algo que, aclaró, no tendría cabida en nuestro país porque se construyó un importante "piso de derechos que la sociedad abrazó en su conjunto".
Pisoni destacó que "el pueblo argentino se ha manifestado en las urnas y por suerte este tipo de políticas se van a acabar el 10 de diciembre". En ese sentido, Rossi aclaró que el mensaje del Ejecutivo no tiene un buen futuro dentro del Senado pero que, en caso de demorarse la votación, "el Presidente electo puede retirar los pliegos".
Si bien, al igual que Rossi, Montenegro consideró que probablemente los pliegos no avancen, a futuro hay que "fortalecer las instituciones. Uno de los desafíos pendientes tiene que ver con la formación en derechos humanos de las Fuerzas". En este contexto, aclaró: "No estamos en contra de las fuerzas de seguridad, hay que fortalecerlas con hombres y mujeres capacitados, con buenos sueldos y subordinados al poder político".
