Es la distancia entre el 0,5% sobre PBI que defiende el Gobierno y el 1,5/ 1,8% que asegura el presidente electo que le dejará la actual gestión. El dato es clave para negociar un plan de pagos con el FMI.
Alberto Fernández planteará la necesidad de llegar a un superávit fiscal primario, como una política de Estado. El presidente electo lo dejará en claro ante un ámbito concreto: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el primer caso, como muestra sobre la intención de darle a la economía argentina un esquema de previsibilidad. En el segundo, como el aporte que hará el Estado nacional para la causa. Lo que aún no está claro, es el año en el que la próxima gestión podrá llegar a ese superávit.
El problema son las diferencias entre lo que afirma el próximo gobierno que se recibirá como herencia en las cuentas públicas; y lo que desde las oficinas de Hernán Lacunza se garantizan que serán los datos fiscales.
Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que le dejará la gestión de Mauricio Macri, alcanzará un déficit de entre 1,5 y 1,8% del PBI; por encima incluso de la meta de 1% comprometida ante el FMI para este año, según reza el stand-by vigente. Si se cumpliera la previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $ 250.000 millones.
Lacunza afirma y garantiza, que el dato será mucho menor, y que Alberto Fernández heredará, en el peor de los casos, una diferencia entre ingresos y gastos de no más de 0,5% del PBI. Esto es, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado.
La diferencia alcanza entonces a los $160.000 millones; un nivel incluso superior al costo del paquete pos-Paso que lanzó Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones.
La realidad tardará en conocerse. Recién para la tercera semana de enero se sabrá cual es el resultado fiscal primario real que dejó Mauricio Macri en su paso por la administración nacional; y, en consecuencia, que tan lejos estará Alberto Fernández en garantizar el año en que logrará el equilibrio. Igualmente, la intención del próximo presidente es que no más allá del 2021, el superávit sea una realidad y que para el final de su mandato, puesta mostrar un superávit no menor al 1% del PBI. La intención es aún más ambiciosa: según el próximo gobierno, este resultado positivo se logrará con una expansión de la economía y no con ajuste.
Este esquema de búsqueda del equilibrio fiscal, fue uno de los puntos principales que el propio Alberto Fernández habló con Kristalina Georgieva en la conversación telefónica que ambos mantuvieron la semana pasada. Y, según el albertismo, la confianza del próximo jefe de Estado en lograr números positivos entre ingresos y gastos, fue uno de los capítulos que más entusiasmó a la directora gerenta del FMI.
La economista búlgara, coincidió con el argentino en que el superávit primario es fundamental para que cualquier plan económico local sea creíble; y le dio un primer voto de confianza a su interlocutor local hasta conocer cómo se garantizará ese objetivo.
No hablaron de años concretos; pero Alberto Fernández le mencionó que la herencia que recibirá no es la que menciona el Gobierno, sino mucho peor. Al menos 1 punto del PBI peor. Georgieva no emitió comentarios, ni mucho menos coincidencias.
Pero le otorgó el beneficio de la duda al presidente electo hasta conocer el programa económico general que tiene en mente el argentino. Lo que sí quedó como compromiso desde Buenos Aires, es que para el momento de terminar su mandato de cuatro años, Alberto Fernández entregará las cuentas públicas con superávit fiscal.
Este punto es, obviamente, indispensable para que desde el FMI se tome en serio una promesa de pago desde la Argentina, al momento de renegociar los términos del pago del stand-by vigente. Ya en esa charla, Alberto Fernández le había aclarado a la directora del FMI, que su intención era la de no pedir los casi u$s11.000 millones que aún el organismo podría girar como parte de los desembolsos comprometidos y no ejecutados en el acuerdo vigente.
También en esa conversación, se habló de la necesidad de negociar un plan de pagos al estilo del acuerdo que en septiembre del 2003 el país firmó con el Fondo, durante la gestión de Néstor Kirchner. Nuevamente, la búlgara ni avaló ni negó la posibilidad; y dejó todo en manos de los negociadores que habilitará en su momento, y que comandará el venezolano Luis Cubeddu.
Lo que sí le aclaró Georgieva al argentino; es que en esa instancia, la presentación de un plan fiscal sólido y creíble será fundamental para que el plan de pagos que proponga el próximo gobierno pueda ser discutido.
Acreedores privados
Una de las cuestiones que aún quedan por resolver de estas negociaciones, es si la discusión con el FMI se hará antes, durante o después de la habilitación de la discusión con los acreedores privados. La intención del próximo oficialismo, es que el esquema negociador sea paralelo, y que la oferta a los fondos de inversión y bancos se concrete casi al mismo tiempo que las discusiones con el organismo financiero internacional.
No sería el esquema que más convence al Fondo. Desde Washington se defiende la tradición que siempre sea el FMI el que abre las discusiones con países en problemas de pago, y que sólo después de un acuerdo que incluya el plan de pagos del stand-by.
Desde Buenos Aires se percibe que esta actitud tiene una motivación concreta: que el FMI se garantice la existencia del dinero para cumplir con ese plan; ya que, se sabe, son muchos los técnicos que hablan en Washington de la imposibilidad del país para cumplir con los pagos al Fondo y a los acreedores privados al mismo tiempo. Son los mismos que en la sede del FMI hablan de una necesaria quita de capital e intereses.
