Todos los préstamos fueron previos a los pedidos de planes de pago por impuestos, pero fiscalía los omitió. Detalle de cómo AFIP modificó reglas para impedir que la petrolera pagara impuestos post-2016. Cronología de "presiones", gestiones fallidas y el rol de los interventores para liquidar los activos. Hay un "resolución secreta" firmada por Abad.
Uno de los aspectos centrales de la acusación por la que se elevó a juicio la causa Oil Combustibles era el señalamiento acerca de que el dinero reformulado en planes de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) era extraído de la petrolera para financiar a otras empresas del Grupo Indalo, descapitalizándola. Sin embargo, aquella presunción que se había tenido como sólida, ayer fue desbaratada durante la última audiencia de indagatoria del empresario Fabián De Sousa, que detalló que el flujo de fondos de la compañía, oficializado en sus estados contables, permitía discernir que el dinero que había sido inyectado en adquisiciones y apuntalamiento de otras compañías era anterior al pedido de planes de pago de la AFIP y databa de 2011, 2012 y 2013, meses antes de la solicitud para acogerse a los planes del Artículo 32.
Y que los préstamos, además de devengar intereses a favor de Oil –algo que siempre había sido negado por la fiscalía- estaba además sustentado por aportes de los accionistas que capitalizaron al grupo en u$s 63 millones entre 2014 y 2017.
La indagatoria tuvo nuevamente un pizarrón explicativo para graficar cuáles y por qué montos habían sido los denominados “prestamos intercompanies”, algunos referidos como aportes irrevocables de capital a las sociedades y todos, asentados en los estados contables de Oil.
Nunca se peritaron, según De Sousa, para establecer por qué, entre otras cosas, habían sido declarados como parte del plan de negocios e inversiones que en 2011 había iniciado la petrolera. Allí estaban acciones del Banco Finansur, la aseguradora Providencia y los medios de comunicación.
Todos adquiridos con anterioridad a la solicitud de los planes particulares de refinanciación para el ITC. La sorpresa también la marcó el correlato casi exacto de una causa que ya había investigado a Oil Combustibles por haber ingresado el ITC en planes generales –abiertos para todos los contribuyentes- que había tenido el mismo origen periodístico, una denuncia de Elisa Carrió y una investigación penal, sólo que tres años antes, en 2013.
La causa a cargo de Sebastián Ramos culminó un año después con un sobreseimiento que no fue apelado por la fiscalía y concluyó en la inexistencia de delito, por una maniobra casi calcada a la señalada en 2016, que finalmente derivó en la quiebra de la petrolera.
Esa descripción, cronológica y con aspectos técnicos cerró la declaración de De Sousa que la próxima semana habilitará la instancia de preguntas de la querella y de la fiscalía.
“Para mí no era ningún negocio no pagar los impuestos”, sostuvo para reforzar que no sólo estaban declarados los préstamos en los balances respectivos y que hubo devoluciones por parte de las empresas que los recibieron a Oil Combustibles, sino que las tasas por intereses resarcitorios que se habían pagado sobre las posiciones eran elevados.
“Al momento del ataque, teníamos pagado el 70% de las obligaciones”, sostuvo retomando parte de las conclusiones de la pericia oficial de la Corte Suprema. Cuestionó principalmente la versión de la que no se movió la fiscalía y era que los empresarios habían descapitalizado a Oil para expandir el grupo.
Y en la cronología de cómo la AFIP –gestión Alberto Abad- presionó para empujar a la quiebra a la compañía, resaltó que la denuncia original del organismo recaudador había sido por “insolvencia fiscal fraudulenta” y que fue cerrada por “inexistencia de delito” por la jueza en lo penal económico Verónica Straccia durante el año 2016.
El combo de irregularidades que denunció tuvo un capítulo especial para la demanda civil que la AFIP intentó y que debe resolverse a la par del juicio penal.
En lugar de defenderse en ese punto, De Sousa invirtió el rol y se propuso enumerar las medidas que habían causado perjuicio fiscal por las que demandará civil y penalmente a los funcionarios que intervinieron. Así relató los pormenores de las modificaciones normativas que hizo la AFIP para impedir que Oil pudiera hacer frente a las deudas que empezaba a acumular desde la “declaración de guerra” del presidente Mauricio Macri en marzo de 2016.
Incluso, reveló que existe una resolución “secreta” N° 395/16, que fue firmada por Abad, que impidió específicamente a la petrolera ingresar en los beneficios que planteaba la Ley de blanqueo de capitales, que incluía una amplia moratoria con requisitos laxos.
Esa decisión se había apoyado en un dictamen del jefe de Asuntos jurídicos de AFIP, Eliseo Devoto, quien en una suerte de documento premonitorio, afirmó que no debían ingresar porque “próximamente”, Cristóbal López y De Sousa iban a ser procesados. De hecho, planteó otra singularidad inexplicable: al momento de sentar la denuncia, tras la nota en el diario La Nación que hizo estallar el caso, la AFIP no había adoptado una sola medida administrativa (de manera oficial) que les permitiese afirmar que había alguna clase de deuda exigible. Según constató un escribano, por sistema, había una deuda de $2684, ridículamente inferior a todo lo que se había señalado públicamente.
Sin embargo, logró medidas cautelares para congelar todos los fondos durante meses de 34 compañías relacionadas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la medida y sostuvo que no debía habérsela otorgado, pero más de un año después.
La maniobra para intentar colapsar al grupo había tenido otros partícipes finales y necesarios: los interventores de Oil -Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi-, este último de lazos estrechos con el propio Abad. En seis meses, terminaron por liquidar la petrolera y luego intentaron un reclamo multimillonario de honorarios.
