Domingo Peppo firmó el Decreto 292, una devolución de gentilezas de parte de un gobierno que hace agua en cuestiones de corrupción con un Poder Judicial que ha hecho hasta ahora lo necesario para demorar por un tiempo inestimable la investigación de esos hechos.
La premura de las detenciones, pero a la vez, la circunscripción de hechos, lleva a la contradicción de que el procurador del Superior Tribunal, Jorge Canteros, afirme que en la investigación provincial “no hay elementos” para imputar al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, mientras el fiscal federal Patricio Sabadini lo está investigando por “fraude en perjuicio de la administración pública” y “mal desempeño en la función” dos delitos de la órbita ordinaria.
En ese escenario, algunos empresarios de medios mantuvieron conversaciones con primeras figuras oficiales y a partir de allí directamente obvian los temas relacionados a los casos de corrupción bajo el pretexto de que “hay que dejar trabajar a la Justicia”.
Algunos periodistas mencionaron en las redes sociales –que ahora el gobierno intenta minimizar- que “mate de por medio” el gobierno y algunos dueños de medios de comunicación sentaron las bases para el nuevo funcionamiento de para el pago de las pautas. Lentamente todo comienza a volver a la normalidad.
Por su lado, Peppo, Toledo y Ocampo, entre otros, se fotografiaron durante la firma del Decreto 556 que desengancha a empleados judiciales de los haberes de magistrados y funcionarios, un viejo anhelo de la cúpula del Poder Judicial que carga en su mochila con dos multimillonarios juicios por esta misma causa, uno de los cuales todavía se está pagando.
Es la puntada final del proceso que comenzó a desandarse con el Decreto 292.
Mientras la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales, Graciela Aranda, también cabeza de la CGT avaló el desenganche, Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales denunció que el Decreto 492 es “una resolución del Ejecutivo para quedar bien con los jueces de la provincia en relación a las investigaciones judiciales federales que están transcurriendo en la provincia… Esto deja mucho que desear, este Gobierno está cada vez más corrupto, porque este tipo de actos hacen los Gobiernos corruptos”.
El contexto se completa con declaraciones del actual presidente del Superior Tribunal que parece dispuesto a todo para “defender la competencia” de los fiscales chaqueños para investigar a sólo cuatro funcionarios del gobierno de Peppo. La postura de Toledo –que embarca a toda la Justicia chaqueña- abre el camino hacia la Corte Suprema, que debe dirimir la cuestión. Pero de paso abre otra asunto ¿cuánto tiempo llevará todo esto?
“Llegó el momento de que la provincia reivindique sus funciones y el Poder Judicial va ser el primer en hacerlo” dijo Toledo en Canal 9.
Este es un resumen de las declaraciones del titular de la corte chaqueña en el canal de aire local reproducidas en el portal de ese medio televisivo:
Ante la consulta puntual de Canal 9, sobre el pedido de Sabadini de que fiscales provinciales se declaren incompetentes, dijo que “es muy importante para la Provincia, como parte del sistema federal, que pueda demostrar su solvencia para investigar este caso” y fue más allá al considerarse excluidos, “es como que las Provincias somos las cenicientas del Poder Judicial, o sea todo lo importante, todo lo rimbombante, todo lo que parece que debe relucir es de la Justicia Federal y nosotros tenemos que estar supeditados a lo que diga la justicia federal o a los remanentes, pero me parece que no es así, es al revés”.
Notablemente molesto con el pedido del fiscal federal, Rolando Toledo insistió en que “llegó el momento de que la provincia reivindique sus funciones y el Poder Judicial va ser el primer en hacerlo” y anticipó que el conflicto de competencias en la investigación de la Megacausa I “va llegar seguramente a la Corte”.
“Los que tenemos años, ya no nos sorprende nada, esta metodología se utilizó en varias ocasiones de desfalcos provinciales” contó a Canal 9 el presidente del STJ, “lo que me sorprendió es la cantidad de gente involucrada, el monto que se está hablando”.
Sobre la causa iniciada por Sabadini hace más de dos meses, indicó que “no es muy explicable como todo aparece de golpe. Uno con los años aprende que nada es casual en la vida” y remató que “si algo sucede todo junto es por algo, no es por casualidad”.
En rigor, el carácter de Cenicienta parece haber sido autoimpuesto por la Justicia chaqueña. Los hechos investigados por el fiscal Sabadini arrancan en 2014/2015, tomando como parte de su investigación trabajos realizados por el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela, sobre irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social, que apuntan a Roberto Lugo, pero que comienzan con la gestión de Beatriz Bogado y posteriormente la cuestión de la contratación de PIMP en la Municipalidad de Resistencia en tiempos de la intendente Aida Ayala.
Tal como señala al final “si algo sucede todo junto es por algo, no es por casualidad”. Efectivamente no parece casual que todo esto haya ocurrido durante todo este tiempo y ningún fiscal de la provincia lo haya advertido.
El nivel de corrupción que ha quedado expuesto ahora, no surge al momento en que comenzó a investigar el fiscal Federal, por el contrario es un proceso de degradación de muchos años que existió siempre y que los organismos de control no pudieron, no supieron o no quisieron detectar. De hecho no hay antecedentes de investigación judicial de esos “desfalcos provinciales” de los que habla Toledo en la pantalla del 9.
Resulta incomprensible que un ministro como Toledo entienda que ahora “llegó el momento” de intervenir. Abre esto un interrogatorio ¿Por qué ahora? ¿Qué hubiera ocurrido si lo que sucedió “por algo” como dijo el ministro del STJ no hubiera pasado? ¿Hubiera dejado de ser la justicia chaqueña la Cenicienta por decisión propia?
Haber circunscripto el esquema de corrupción del gobierno a cuatro personas parece el resultado de la paritaria para magistrados y funcionarios de la Justicia, en donde las partes dieron lo máximo que pudieron. El trabajo se centra ahora en cuánto puede demorar el proceso de investigación dentro del fuero ordinario, el paso inducido hacia la Corte es la jugada más visible.
Pero hay otros ejemplos. No hay noticias sobre el trámite de procesos penales sobre dirigentes políticos, entre ellos, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Urlich por el caso del edificio legislativo, el ex diputado Carlos Martínez por la causa PROCIC, en ambos casos hubo pedidos de desafuero, el actual intendente de La Leonesa, José Carbajal, en una causa por enriquecimiento ilícito o por el contrario, la forma en que se archivó la denuncia de Teo Gincoff que involucraba, entre otros a los ex ministros de Economía, y actual senador, Eduardo Aguilar y de Industria, Sebastián Agostini, por el caso del Fondo Fiduciario PROINTEX.
En este último caso, una Cámara de Apelaciones en lo Criminal ordenó investigar pero una juez de primera instancia dijo que no porque el denunciante no estaba legitimado. Si hubo daño económico, dijo la magistrada, no era Gincoff el perjudicado, sino el Estado y como el Estado no reclamaba –ni fue citado a presentarse para hacerlo- entendió que correspondía archivar el expediente.
Un ejemplo de que la propia Justicia provincia, al decir de Toledo, se evita lo “rimbombante” para continuar atendiendo “lo remanente”.
En términos estrictos para la Justicia chaqueña no hubo más corrupción desde que el ex vicegobernador Miguel Pibernus fuera condenado por el caso de las “tortas” o desde que una cúpula de funcionarios del Instituto de Colonización aceptara un juicio abreviado con una condena de prisión en suspenso en 2010, por una denuncia abierta en 2004.
En el caso de los funcionarios de Colonización, Carlos Gasko, Nildo Puebla, José Moreno y Héctor Kaluk fueron acusados por estafa a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Dos de esos delitos se le imputan ahora en las causas iniciadas por el fiscal Federal al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, que el gobernador Domingo Peppo se empecina en confirmar. Pero aun sabiendo esto por su trascendencia pública, el procurador Canteros ratifica –también- públicamente que no hay delito –que merezca ser imputado al titular de la cartera de Economía- en todo lo investigado por su equipo de fiscales, Graciela Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero.
Expresado de esa forma y dejando de lado sus obligaciones como funcionarios públicos, dejan entrever que ni siquiera curiosidad sienten como para pedir a la Fiscalía Federal ¿qué elementos tienen para imputar a Ocampo? Otra vez los propios fiscales de la justicia chaqueña dejan de lado lo rimbombante y se arropan con los trastos de Cenicientas. Como dijo Toledo, “no es casualidad”.
