Ante el avance de la iniciativa de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo que fue aprobada en un plenario de comisiones y que se tratará en el día de mañana en el recinto en el marco de las sesiones extraordinarias donde se convertiría en Ley, la CTA Autónoma ratificó su postura ante los diferentes bloques de la Cámara de Diputados a través de una nota formal.
A continuación, reproducimos dicha nota:
A los Presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados FPV / FR / GEN / UCR / PRO / Cambiemos / FIT
Por la presente, y ante la sorpresa de no habernos convocado como CTA Autónoma a acercar nuestros aportes como sí lo hizo la Cámara de Senadores, nos dirigimos a ustedes a los efectos de reiterar nuestra posición respecto al tratamiento de la Ley de Riesgos de Trabajo que se llevará a cabo en la próxima sesión.
Tal como lo expresáramos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores y en la sesión de la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo, sostenemos nuestras objeciones al presente proyecto y a su sanción parlamentaria porque viola el art. 14 bis de la Constitución Nacional que declara “que será el Estado el que otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable…”, privatizando como agentes del sistema a las ARTs, empresas con fines de lucro cuyos intereses son contrarios a los de las personas, los trabajadores formales, que se supone proteger.
Introduce un elemento inaceptable como es que las Comisiones Médicas sean una instancia administrativa previa y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado se vea compelido a solicitar el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, pretendiendo así, acentuar el carácter jurisdiccional de órganos administrativos en abierta violación del art. 109 de nuestra Constitución.
Por otra parte, no solo, difiere la obtención de niveles de prevención y protección para un futuro incierto sino que, además, se propone obstaculizar aún más los reclamos judiciales que surgen debido a las inequidades reconocidas del sistema.
El presente proyecto no garantiza prevención, seguridad, salud ni, en su caso, reparación suficiente e inmediata que es la manera de evitar la judicialización actual que -no obstante- sólo responde al 15% del total de las contingencias asistidas por el sistema, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre los años 2012 y 2015.
Además, sigue incólume uno de los puntos más injustos del actual sistema que reside en no reconocer las enfermedades profesionales que denuncian los trabajadores o, en su caso, ocultarles a los propios enfermos el carácter laboral de su enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores Diputados de la Nación su voto negativo al presente proyecto de ley y que, desde los trabajadores, los especialistas de la salud laboral junto a otros sectores de la sociedad argentina, abramos una discusión sobre la consagración de una ley justa que contenga rasgos efectivos de prevención y protección laboral acordes con las mejores prácticas y la normativa internacionales sobre la materia y, en su caso, de justa reparación y que permita construir una herramienta eficaz contra las muertes en el trabajo y las enfermedades profesionales.
