Las elecciones de 1997 fueron el prolegómeno de la caída dos años después del nuevismo, en medio de las fuertes tensiones que dominaban la escena política provincial. Se venía de un 1996 muy difícil, en el que el incipiente acuerdo del Panu con el menemismo no había logrado quebrar la férrea resistencia opositora que llegó finalmente a bloquear la ofensiva reeleccionista del oficialismo gobernante. Carlos Menen había quemado las naves convocando a la residencia de Olivos a un conjunto de legisladores del PJ para orientarlos en favor de la reelección. A la hora de la verdad los números no alcanzaron los dos tercios y se abortó la posibilidad de que en 1997 el gobierno pueda correr con Tato como candidato, debiendo apelar a la fórmula Casco-Braillard Poccard. El año comenzó con otro traspié del nuevismo. El Poder Ejecutivo anticipó las elecciones para abril y nuevamente el Superior Tribunal fue actor decisivo en el nuevo intento fallido del Gobierno. Por una ajustada mayoría de tres votos contra dos, el Tribunal anuló la convocatoria anticipada de elecciones, las que pasaron al mes de setiembre. Otra vez la Justicia, como ahora vuelve a suceder con el pleito peronista, fue la que tuvo la última palabra en un final vertiginoso que puso en duda la participación del nuevismo por un error de los apoderados de la fuerza naranja. Nuevamente fue el propio Carlos Menem y su ministro del Interior, Carlos Corach quienes fueron fuerte para garantizar la presencia del Panu en esa elección, cuando todos los indicadores evidenciaban que los tiempos no darían para dirimir un conflicto cuasi insoluble. Perjudicadas estaban 59 comunas del PaNu. La decisión estaba en manos del Superior Tribunal donde, todo indicaba, se volvería a repetir el 3 a 2 con el decisivo voto del juez goyano Virgilio Acosta, quien recibía las presiones del Gobierno nacional que se expresaron en un par de llamados telefónicos desde la Casa Rosada. El núcleo duro de la resistencia opositora lo encarnaban, por entonces, Nicolás "Toti" Garay, José Antonio "Pocho" Romero Feris, Rodolfo Martínez Llano, Lázaro "Moto" Chiappe y Ricardo Leconte. Muchos de ellos, con vida, como actores de primerísima línea como Lucio Portel, Cacho Cortinas y los entonces estrategas judiciales Armando Aquino Britos y Rafael Morante Serneguet, adscriptos a la línea más dura, apegados a la lógica del Derecho. Las elecciones de 1997 corrían el serio riesgo de no realizarse. El poder central tenía la firme decisión de ir a fondo con una Intervención que, por entonces, se resolvía por decreto del Poder Ejecutivo. Algunos señalan que el mismo estaba redactado. Solo le faltaba número y su protocolización, algo parecido al decreto 1448, que nunca se firmó (entre el 1447 que dispuso la intervención al Poder Ejecutivo, y el 1449 que lo extendió al Poder Judicial). El 1448 debió intervenir la Legislatura de Corrientes. Su "no firma" fue negociada, una recordada madrugada del mes de agosto, en el primer piso de la Casa Rosada por una calificada delegación de legisladores en ejercicio con el entonces todopoderoso Carlos Corach. Lo cierto es que las elecciones estaban muy cerca en el tiempo, y la pulseada judicial alcanzaba su clímax. El Partido Nuevo había impreso y distribuido las boletas y seguía sin poder participar ya con la carga de las urnas previsto para un día jueves, a cuatro días de las elecciones. En el núcleo duro de la resistencia, que apostaba ya a bajarle la persiana al nuevismo, había una sola voz discordante, la del justicialista Rodolfo Martínez Llano que iba a ser electo diputado de la Provincia en esas elecciones que podían no llevarse a cabo si la Intervención hubiese interrumpido el proceso electoral. Él, mejor que nadie, sabía los márgenes de acción que existían. Virtualmente nulos. Tenía una relación privilegiada con el ministro Corach a quien lo unía, en tiempos distintos, el haber pertenecido al selecto club de egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. Tenía pues, en sus manos, como en otras oportunidades, apretar o no el botón rojo. Decidió no hacerlo, para contrariedad del resto, a quienes asistía la estricta razón de la ilegalidad en la que, por torpeza, había caído el nuevismo por error de sus apoderados. Fue el ministro Virgilio Acosta, un juez que adscribe al peronismo, quien, con gran cintura política, convocó a Martínez Llano para transmitirle la vía para descomprimir una situación a la que no se le veía salida. Martínez Llano dialogó a posteriori con el entonces fiscal de Estado, luego vicegobernador, el doctor Víctor Hugo Maidana, con quien rindió su última materia ante los flashes de fotógrafos allá por el 84, y al que luego le tocó la ingrata misión de llevarlo a juicio político 15 años después. Martínez Llano le transmitió el protocolo a seguir, para llevar adelante la participación del oficialismo gobernante. Le indicó la necesidad de lograr una medida cautelar, a través de un juez que ordene a la Junta Electoral Provincial se carguen las urnas con las boletas de las 59 controvertidas comunas incluidas. El doctor Maidana, quien también vive, al recepcionar la propuesta, se preguntó ¿qué juez podría disponer una medida de esta naturaleza? Fue el propio Martínez Llano quien se lo indicó. Señaló al doctor Alfredo Saade, entonces juez de instrucción 6 quien, paradójicamente, fue el primero de los 14 jueces que fueron destituidos por la Legislatura en el 99. Horas después la Junta Electoral recibía la cautelar que posibilitaba que, al día siguiente, las urnas llevarían la boleta del Partido Nuevo para participar de las elecciones de 1997. La Provincia logró postergar, por dos años, la Intervención Federal que llegaría, dos años después, en la madrugada del 17 de diciembre de 1999. La sinonimia con lo que está aconteciendo con la controversia con la boleta del Frente para la Victoria y el sello del PJ, no podría ser más idéntica. Muestra inequívoca de que la judicialización de la política, por mala praxis de los dirigentes, conduce a un grado de incertidumbre tal en la que los tiempos procesales quedan en manos del Poder Judicial. Una situación que ahora se reedita con el claro recuerdo que, por entonces, se llegó, a cuatro días antes de la elección, sin saber si un sector político participaba o no de las elecciones. No hay dudas de que los tiempos de la justicia no se compadecen con los tiempos de la política, una realidad que pocos consideran al momento de entrar en un terreno que no controlan y mucho menos manejan. El Libertador
