Siendo jefe de Gabinete a Jorge Capitanich le pidieron una opinión sobre una denuncia penal que el senador Pino Solanas había interpuesto en su contra y también contra Axel Kicilloff por las negociaciones con el Club de Paris. “En este país, no se le niega una denuncia a nadie; ni un vaso de agua ni una denuncia” dijo en tono sarcástico.
Ajeno a su propia ironía, el actual intendente de Resistencia pasó por alto las graves irregularidades cometidas en la contratación de PIMP S.A. -pese a que hubo varias alertas-, enterándonos ahora cuando declaró como testigo en la causa Lavado II que no lo hizo para “no judicializar la política”.
Cierto es que puesto a cuidar los recursos de todos los resistencianos Capitanich fue testigo de hechos que fueron irregulares tanto que ahora - casi 4 años después y más de 2 de haber asumido-, la Justicia Federal los está investigando y no precisamente por impulso de las autoridades de la Municipalidad de Resistencia.
El silencio al que se llamó el intendente tras tomar conocimiento de las negociaciones, de los actores y de los términos de los acuerdos que renegoció sin renegociar pone en duda la subjetiva calificación de “mejor administración” que hace el actual jefe comunal comparándose con la anterior. No pueden desconocerse los avances en materia de pavimento, por citar un ejemplo de los pocos que hay, pero en transparencia hubo un fuerte retroceso.
Si los hechos que se investigan fueran reales –algo que terminará determinando la Justicia- podría afirmarse que en términos de transparencia este gobierno es peor que el anterior. Porque el anterior no podría ser parangón.
Resulta insensato y hasta auto-incriminatorio que en el acta de la audiencia testimonial que dio Capitanich hubiera afirmado que no denunció a la gestión anterior “para no judicializar a la política”. No se sabe si lo dijo ante el juez, pero sí lo dijo luego de prestar declaración. En un país normal con Justicia independiente sería mérito suficiente para armar una nueva investigación y determinar si esa conducta no tipifica el 277 del Código Penal.
Pero los casos de PIMP, Relevamientos Catastrales y Estacionamiento Medido no son los únicos en los cuales la administración actual de Resistencia encontró irregularidades y no hizo denuncias para no judicializar la política.
Dijo Diego Arévalo, secretario de Obras Públicas, en 2016 hablando sobre obras de pavimentación “la avenida Edison, entre las avenidas Chaco y Urquiza. Comparando los presupuestos, el gobierno de Aída Ayala la había presupuestado en 42 millones de pesos pero finalmente, tras haber recalculado el costo, se ejecutó por 32 millones”.
Fueron declaraciones a la Radio Facundo Quiroga en diciembre de 2016 (que se pueden escuchar al final de esta misma nota), y siguiendo la línea que baja el jefe “no iba a hacer denuncias”, “nosotros no nos transformamos en denunciadores mediáticos”. Para el funcionario de Capitanich se trató de corrupción, pero eso no lo movió a denunciar.
Y en verdad no lo hicieron, no denunciaron nada. Nunca. El endeble argumento del funcionario municipal es que las obras sobrepresupuestadas no se ejecutaron por lo que no se consumó ningún ilícito.
La actitud contradice con otros servicios que sí se adjudicaron como los citados PIMP, Relevamientos Catastrales y Estacionamiento Medido, en donde tampoco hubo denuncias.
Nunca fue un alerta para la gestión actual que con menos del presupuesto elaborado para recapar la avenida 9 de Julio en 8 cuadras Captanich hiciera 20.
Efectivamente, el recapado de la avenida entre Nicolas Rojas Acusta y Avenida Chaco durante la gestión de Ayala fue presupuestado en 27 millones de pesos (por 8 cuadras) y la actual gestión lo hizo por poco más de 18 millones de pesos, pero por un recapado de entre las calles Nicolas Rojas Acosta y Delfino/Portela, con un total de 20 cuadras.
Son las renegociaciones de las que el intendente fue a testimoniar. En todas las publicaciones de esa obra –desde que se ejecutaron hasta ahora- hay un detalle puntillosamente cuidado. En ningún archivo de prensa, en ningún discurso se menciona quién fue adjudicado.
Las versiones no confirmadas es que la hicieron algunas de las empresas hoy investigadas por su relación no sólo con la gestión anterior, sino con el recientemente detenido con domiciliaria, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Jacinto Sampayo.
El jefe de los municipales fue un poder dentro de la intendencia que no reconoce mandatos institucionales. Los traspasa. No importa si gobiernan radicales o peronistas. En el fondo Capitanich no sólo no denunció a Ayala. No denunció a Sampayo. Y eso fue la garantía de estabilidad para su gestión, porque antes de eso, era un opositor. El Sindicato Municipal no sólo era aliado de Cambiemos él era integrante de la Alianza con un concejal en la lista resultó electo.
Y hoy se investiga si esa relación política hasta el 10 de diciembre de 2015 fue también comercial y frente a los hechos actuales ¿podría ser que ambos extremos continuaron tras la asunción de Capitanich?
De hecho, tras el testimonio del intendente, el fiscal Sabadini dejó en claro que lo que buscan es “la existencia de sobreprecios”.
También en diciembre de 2016, el ingeniero Daniel Retamozo, un empleado -que 12 años antes la gestión de Aída Ayala había sumariado por denunciar sobre precios en las obras de lomos de burro y la pavimentación de la avenida Urquiza entre otras-, le escribió al intendente Jorge Capitanich advirtiéndole que no había sido magia el resultado de sus negociaciones con empresarios para bajar los precios de las obras de recapado de la avenida 9 de Julio y de pavimentación de avenida Edison entre avenida Chaco y avenida Urquiza.
No sólo eso, detalló un entramado de hechos, personas y funciones dentro de las irregularidades que la adecuación de precios que cerró el intendente actual había dejado en off side. Y lo conminaba a denunciar a quienes elaboraron esos presupuesto. Como dijo Arévalo las obras no se adjudicaron, pero los que erraron tan feo en los cálculos ¿sólo se habían equivocado?
Pese a la gravedad del cuadro, al intendente no pareció importarle. En el audio de aquella conversación con Radio Facundo Quiroga, admite que se trata de un caso de corrupción, pero también deja en claro que no va a hacer denuncias habla allí de “no transformarse en denunciadores mediáticos”.
Retamozo publicó en diario Norte todos los detalles antes de la Navidad de 2016 y nadie lo escuchó. Ni en la gestión peronista de la Municipalidad, ni en la Justicia. Probablemente ningún funcionario político ni judicial compró el diario ese día. O no los compran para no toparse con notitias criminis. No deben leer Facebook o Twitter, ni portales de internet. Toda una rareza en los tiempos 2.0.
Muchos cuestionan el temor de los denunciantes que prefieren el anonimato, pero cuando personas con nombre y apellido superan los miedos y dan la cara, no son escuchados por el poder. El poder se vuelve corporativo. Trasciende los partidos políticos. La lección de los casos Lavado 1, 2 -y el 3 que se avecina- es que la ausencia de Justicia hizo que la corrupción se enseñoreara en el poder. Deberíamos preguntarnos ¿para qué quieren los políticos llegar al poder, para qué quieren los fiscales ocupar esos cargos?
El Centro Mandela difundió esta semana que la Tesorería General de la Provincia movió en 2014 4 mil millones de pesos al margen de la ley. De su propia Ley Orgánica y de la Ley de Administración Financiera. Lo saben los propios funcionarios de la Tesorería que son los mismos de aquella época, lo saben en la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas que son organismos de control y lo saben en la Justicia que ¿está investigando? una cuestión colateral por el desempeño de una empleada que a esta altura de los acontecimientos es un “perejil”.
¿Cuántas investigaciones judiciales hay por este último tema? 0. Ninguna. ¿Habrá que esperar hasta 2022, cuando pasen otros 4 años?
La aprehensión de una empleada de Gabinete con rango de subsecretaria de la entonces secretaria de Empleo, Liliana Spoljaric –ahora diputada-, la de su socio, personal de Gabiente de la hasta hace poco ministra de Planificación, Maly Serrano, también con rango de subsecretario nos muestra que el negocio del Fondo Fiduciario de la Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) estaba en los niveles más altos, pero no sólo en los dos o tres detenidos.
Y a pesar de estar detenidos por los negocios hechos con dos sociedades: PUBLICAR S.R.L. y COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.R.L. en el portal de “TRANSPARENCIA” del gobierno ninguna de las dos empresas le facturó un solo peso al Estado. ¿Cómo es posible? La respuesta es FIDUCIARIA DEL NORTE. Fondos públicos se mueven en secreto sin que la gente pueda conocer cuánto ni cómo por tratarse de una empresa que se mueve como sociedad anónima, pero que no deja de ser del Estado.
¿Cuántos de todos los empleados de Fiduciaria que hoy perciben salarios y honorarios del primer mundo no van a jubilarse luego con alguna ley especial en el Insssep? Ya lo hemos visto, pera unas cosas es privada, y para otras llegará el momento en que va a ser pública.
La política se protege a sí mismo. Y se reserva la mayoría para designar fiscales y jueces y/o en su caso removerlos. Un sistema perverso que con la explosión del jueves negro -9 de marzo- dejó en evidencia la raquítica calidad institucional de la provincia. No será esta generación de dirigentes la que la saque del pozo.
