Alberto Fernández hizo su campaña con una frase que le terminó dando buenos resultados electorales: “Vamos a aumentarle a los jubilados bajando la tasa de las Leliq”. El desarme de estos títulos emitidos por el Banco Central, cuyos rendimientos llegaron al 80% anual ya arrancó. Y también empezó el proceso de baja de las tasas, incluso antes de que asuma el nuevo gobierno. Sin embargo, luce mucho más complejo cumplir con la primera parte de la afirmación, es decir avanzar en una mejora de los ingresos a los jubilados. Podría suceder exactamente lo contrario: que la necesidad de “desindexar” la economía se lleve puesta la “movilidad jubilatoria”, que establece el ajuste del aumento de los haberes según la inflación pasada.
Matías Kulfas, una de las “espadas” económicas del presidente electo, viene reiterando que uno de los problemas que enfrenta la economía es cómo frenar la “inercia” inflacionaria. El “Pacto Social” que tiene pensado convocar Alberto Fernández y en el que participarán empresarios, sindicalistas y el propio Estado apunta a esa dirección. Es decir frenar los aumentos de precios y establecer pautas de incrementos nominales más bajas a partir de 2020. No sería un “congelamiento”, imposible de cumplir en un contexto de casi 60% de inflación anual, pero sí una suerte de barajar y dar de nuevo.
Dentro de este esquema se torna imprescindible dar marcha atrás con la actual ley de movilidad jubilatoria, aprobada a fines de 2017. La misma establece que los haberes se ajustan en un 70% por la inflación y un 30% por el RIPTE, es decir la remuneración promedio de los trabajadores en relación de dependencia. Su ajuste es trimestral.
Esta fórmula tiene un grave problema: si efectivamente se consigue una desinflación exitosa en los primeros meses del Pacto Social, las jubilaciones aumentarán muy por arriba de la inflación promedio, ya que ajusta según el promedio de los últimos seis meses. Por lo tanto, las cuentas públicas se verán fuertemente afectadas, obligarían al Banco Central a aumentar la emisión monetaria para tapar el agujero fiscal y en pocos meses esto generaría más presión cambiaria e inflación.
El próximo gobierno tiene a mano un atajo perfecto para borrar de un plumazo esta ley de movilidad. Se trata de una causa judicial que busca declarar su inconstitucionalidad y que ya llegó a la Corte Suprema. Detrás de esta demanda se encuentro un experto en temas previsionales, Miguel Fernández Pastor, quien además es cercano a Sergio Massa, uno de los principales referentes de Frente de Todos.
En su momento, presentó la demanda porque suponía una licuación del aumento que le hubiera correspondido a los jubilados en el primer semestre de 2018. Pero a la larga la fórmula terminó siendo beneficiosa, porque la inflación superó largamente la recaudación previsional, que era la variable de ajuste anterior a la reforma.
El nuevo gobierno no quiere asumir el costo político de “toquetear” la ley de movilidad actual, por lo que le calzaría perfecto un fallo de la Corte en esa dirección. Así volvería la anterior fórmula, que arrancó con el gobierno de Cristina Kirchner, que establece el ajuste automático de las jubilaciones según la evolución del RIPTE y de la recaudación de ANSES. Incluso prevé la posibilidad de establecer topes en situaciones extraordinarias, con lo cual tiene un mayor grado de discrecionalidad.
Sin acceso a los mercados financieros, por el momento la única opción que tiene este y el gobierno que asume el 10 de diciembre es recurrir a la emisión monetaria. El propio Kulfas reconoció que usará esta potestad, pero que lo hará con “precaución”.
Se trata, sin embargo, de una política extremadamente riesgosa. Con una inflación muy alta, darle al Banco Central rienda suelta a la emisión es un arma de doble filo. Si el déficit es muy alto la financiación vía emisión será excesiva, generando nuevos saltos de la inflación.
La clave será, por lo tanto, ir lo más rápido posible hacia el equilibrio fiscal para que la crisis actual no se profundice. La principal medida por el lado de los ingresos será un aumento de las retenciones al sector agropecuario, que quedaron licuadas por los sucesivos saltos del dólar. Un aumento a los impuestos a los Bienes Personales también está en danza, pero su impacto en los ingresos es menor y generaría un fuerte impacto negativo si la idea es captar nuevas inversiones.
Pero además del aumento de la presión fiscal, también habrá que manejar con cuidado el gasto público. Un paso importante en esa dirección será el cambio en la fórmula que indexa los haberes jubilatorios.
Recuperar el equilibrio de las cuentas públicas no es sólo una necesidad para quitarle presión al dólar y a la inflación. También es imprescindible para avanzar en una negociación con los bonistas y para conseguir un nuevo acuerdo con el FMI.
La exitosa renegociación de deuda uruguaya en 2003 vino de la mano de un importante superávit fiscal primario (antes del pago de intereses), que llegó casi a 3% del PBI. Esto permitió además enviar una señal a los bonistas sobre la capacidad de pago del país, lo que facilitó llegar a un altísimo grado de aceptación, que superó cómodamente el 90%.
Hasta ahora, el futuro gobierno no fue capaz de convencer a los mercados que efectivamente quiere llevar adelante un “canje amigable”, que implicaría un alargamiento de plazos (entre cinco y diez años), sin quita de capital y manteniendo las tasas de interés, aunque habría un “período de gracia” para volver a pagar. Pero los inversores por ahora se mantienen escépticos. El riesgo país a casi 2.300 puntos básicos revela que la expectativa es a una renegociación mucho más agresiva, no muy diferente a la quita récord de 2005.
