El expresidente Mauricio Macri dejó el poder hace dos meses y la protección judicial de la que gozó durante los últimos cuatro años parece haber llegado a su fin. Son varias las causas que involucran al referente del PRO y que prometen complicarlo este año. A continuación, las investigaciones que más preocupan al exjefe de Estado.
El Correogate
El juez federal Ariel Lijo investiga si el propio expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Maurizio, el Ejecutivo aprobó una condonación lo que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse una suma exorbitante de dinero.
La historia se remonta a fines de la década del 90. El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato. La empresa (Correo Argentino S.A) sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año por lo que al 2001 la deuda del Correo con el Estado ya ascendía a 296 millones pesos/dólares (entonces regía la convertibilidad). Aquel mismo año, la empresa entró en concurso de acreedores.
Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino S.A realizó propuestas irrisorias que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario. Una vez que Macri llegó a la Casa Rosada, las negociaciones se aceleraron. Así fue que el gobierno de Macri aceptó una oferta irrisoria.
Entonces apareció la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien rechazó la propuesta por “abusiva”. El caso se hizo público en febrero de 2017 y fue tal el escándalo que se abrió una causa penal para investigar cómo se dieron las negociaciones. Macri tuvo que desandar las pasos que había dado.
Para la fiscal, la propuesta equivalía a “una condonación” de la deuda. Implicaba una quita de más de $4 mil millones de pesos en aquel entonces y más de 70 mil millones a 2033. Por la escalda del caso, Macri debió retrotraer todo a “fojas cero”.
Hoy ese intento de acuerdo sigue siendo investigado en los tribunales de Comodoro Py. El funcionario de mayor rango que más complicado está hasta ahora es el exministro de Comunicaciones y ex titular de Defensa, Oscar Aguad, que fue uno de los que llevó adelante el acuerdo con la empresa. Fue indagado y se espera una resolución sobre su situación procesal.
Mauricio Macri está imputado pero no fue citado. Por ahora. Lo que está claro es que si el juez procesa a Aguad (pareciera no tener mucho margen para no hacerlo), Macri quedaría aún más comprometido por ser su superior y estar vinculado a la empresa beneficiada con la condonación.
Peajes
Un grupo de diputados nacionales denunció penalmente a Macri por el negociado con los peajes.
Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, AUSOL -a través de su controlante española ALBERTIS- hizo una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, con el que buscaba disparar la renegociación del contrato integral de concesión. Algo que finalmente logró. El planteo ante el CIADI -cuando las vías legales no estaban agotadas en la Argentina- funcionó como engranaje para que el gobierno le diera todo tipo de beneficios a la concesionaria del Acceso Norte. El Grupo Macri fue socio en esa firma durante la renegociación del contrato y vendió sus acciones antes de que se concretaran los beneficios.
AUSOL reclamaba una compensación del Estado por el atraso en sus tarifas desde el 2002 (hasta esa fecha estaban dolarizadas por la convertibilidad), algo que el gobierno macrista avaló. De acuerdo a los denunciantes y tal como se desprende de los balances de la firma, la compensación ascendió a 500 millones de dólares. Pero no se realizó ningún estudio técnico para determinar ese monto. ¿De dónde surgió el número que Macri le reconoció a su exsocio?
Por eso, los legisladores nacionales no solo denunciaron a Macri. La denuncia penal apuntó contra el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quienes dispusieron llegar a un arreglo sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero que se lo habilitase. Para los denunciantes se trató de “un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”. También está siendo investigada la propia AUSOL que se benefició con la extensión del contrato a 2030, el aumento de tarifas y el levantamiento de multas, entre otras medidas. Esos instrumentos, entienden los investigadores, fueron los que se utilizaron para ejecutar la compensación que se agregó como un ítem más al contrato integral que arregló la empresa con el gobierno de Cambiemos.
En el marco de esta causa, que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, el jueves 13 de febrero se allanaron las oficinas de AUSOL durante 5 horas. Se incautaron libros contables, registros de accionistas, balances, discos rígidos. Los investigadores buscan determinar la conformación societaria de la empresa y cómo se reflejó la renegociación del contrato en los libros de la firma. También se analiza la compra que hizo la firma Natal de las acciones que tenía de AUSOL la familia Macri.
La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con las empresas.
Según declaró López bajo juramento en sede judicial, mantuvo encuentros con el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri; con el operador judicial Fabián “Pepin” Rodríguez Simón; y con el empresario Nicolás Caputo, “hermano de la vida” del jefe de Estado para buscar destrabar su situación judicial y atacar a Cristina Fernández de Kirchner.
El expediente (que en la carátula lleva el nombre del expresidente) se encuentra en etapa probatoria. La próxima semana, la jueza María Romilda Servini de Cubría iniciará una nueva ronda de declaraciones testimoniales.
Parques Eólicos
Otra causa que incomoda al expresidente se inició hace casi dos años. En enero de 2018 se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos.
La historia es así: el ministerio de Energía licitaba contratos de venta de energía renovable por 20 años, en dólares. En 2016, se presentó la empresa española Isolux, que estaba quebrada pero aún así ganó varios contratos. Lejos de desarrollarlos los terminó vendiendo. ¿Y a quién? Al Grupo Macri, que pagó 25 millones de dólares.
El Grupo Macri, después de algunas medidas del estado que hicieron mas rentable el negocio, terminó vendiendo ese paquete de contratos a dos empresas, por u total de 73 millones de dolares. Es decir, como sostienen los denunciantes, se hizo “un pasa manos” en apenas 6 meses por una importante diferencia económica.
Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron señalados en 2018 de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia presidencial en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. El juez de este expediente es Marcelo Martínez de Giorgi.
Campañas
En otro expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py se investiga la financiación de las campañas electorales de Cambiemos. Alcanza, en última instancia, a Macri (e implica a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal).
El expediente, que también como Correo está en el juzgado de Ariel Lijo, abarca a los procesos electorales de 2015 y 2017 pero solo en lo que hace a los cargos nacionales.
Entre las irregularidades analizadas se incluye el robo de identidad de muchas personas para simular aportes que nunca existieron (fueron truchos) así como el aporte de privados que eran contratistas del Estado.
En la actualidad, el juzgado de Lijo hizo pedidos de informes a la AFIP respecto a algunas empresas sospechadas.
Dos nuevos casos
Tal como reveló Ari Lijalad en este medio pocos días atrás, el macrismo vía el Ministerio de Justicia, le pagó a Alejandro Vandenbroele 1,5 millones de pesos para que levante un hotel boutique en Mendoza. Ocurrió luego de que declarara en contra de Amado Boudou en la causa Ciccone. Su testimonio fue clave para complicar la situación judicial del expresidente. La nota derivó en una denuncia judicial que recayó en el jugado federal N°11, que ahora subroga el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La fiscal Paloma Ochoa le dio impulso este jueves por considerar que el hecho debe se investigado.
Otro caso que se abrió este año y ya tuvo novedades es el de Vicentín. Durante la gestión de Javier González Fraga como presidente del Banco Nación, Vicentín recibió un préstamo de 18.700 millones de pesos. La empresa no saldó esa deuda y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández. La firma agroexportadora fue uno de los principales aportantes privados a la campaña de Cambiemos de 2019, con 13,5 millones de pesos. Estas irregularidades derivaron en una denuncia penal.
El viernes 14 de diciembre, el fiscal Gerardo Pollicita imputó a González Fraga y a dos responsables de la cerealera, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, por otorgar un préstamo “irregular” que perjudicó al Estado.
