Son por contratos que estaban vencidos hace más de dos años y que siguieron cobrando peajes. Una de las empresas es IECSA, de Angelo Calcaterra, el primo de Macri.
El Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel estan imputados penalmente en una causa por presunta defraudación por haber permitido que varias empresas concesionarias de rutas nacionales, entre ellas IECSA, de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, siguieran cobrando peajes con los contratos vecidos dos años atrás.
Frente a esta situación, Macri emitió un decreto que salió este martes en el Boletín Oficial que deroga los contratos vencidos y ordena que alrededor de 3 mil kilómetros de rutas concesionadas y con contratos vencidos, serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A. una empresa estatal integrada por el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional.
Recién ahora, dos años después y tras la apertura de una denuncia penal, el Gobierno decretó “que teniendo en cuenta que las prórrogas de los contratos de los Corredores Viales Nacionales se han efectuado por el tiempo que demanden los procedimientos licitatorios, corresponde dar certeza a la finalización de dichos contratos de concesión”.
Mientras tanto, las emporesas beneficiadas de manera ilícita por Dietrich e Iguacel embolsaron más de 30 mil millones de pesos durante los dos años que siguieron cobrando peajes con sus contratos ampliamente vencidos.
Desde el gobierno sostienen que de esta forma la denuncia hecha pocas semanas atrás por los trabajadores de Vialidad Nacional se vuelve abstracta. Sin embargo el delito se cometió y el decreto no tiene efecto retroactivo por lo que correspondería que la investigación abierta ante la justicia siga su cruso sin complicaciones.
