Antes de dejar el poder, Mauricio Macri le pretende dejar un negocio multimillonario a su amigo de la infancia Nicolás Caputo. El Gobierno licitará el puerto de Buenos Aires por cinco décadas a una única empresa en medio de un proceso plagado de irregularidades, que incluyen un festival de contrataciones anormales y un negociado inmobiliario de enormes magnitudes, que implicaría la extensión de Puerto Madero, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires.
El 2 de octubre el Ejecutivo informará quién será el nuevo operador del desembarcadero clave desde diciembre de este año, pese a que el contrato actual vence en mayo de 2020. La nueva explotación se extenderá 35 años, con posibilidad de añadirles otros 15 años, con lo que caducará recién en 2069.
La firma PSA de Singapur pareciera la que se erige como principal beneficiaria tras las modificaciones en los pliegos que realizó el Ejecutivo, aunque no se descarta que quede en manos de otra firma con el mismo origen, según pudo reconstruir El Destape. Llamativamente, oficia de cónsul de ese país en Argentina “Nicky” Caputo. Si bien tiene nacionalidad local, sus negocios en el exterior y su amistad a Macri llevaron a que las autoridades extranjeras le ofrezcan ese cargo.
El puerto mueve millones de dólares por año y, hasta el momento, la manejan tres firmas: UTE Terminales Río de la Plata SA, APM Terminals y Bactssa. Sin embargo, el Gobierno recortará el número a solo una. Esta idea surgió de un estudio que ordenó Macri a Indra en 2016, poco después de tomar el mando de la Casa Rosada.
Mediante la Resolución 129/16, la administración del Puerto de Buenos Aires contrató de forma directa a la empresa española que fue la que se encargó de definir y recomendar cómo debía ser la estructura de las terminales de ese puerto. Según el contrato, al que accedió El Destape tras meses de investigación, la firma Indra SI S.A., componente junto a Advance Logistics Group S.A. (ALG), de Indra Sistemas S.A. fue la designada para "lograr el objetivo de desarrollo de los nuevos pliegos" de concesión por un total de US$772.483, con la firma de Gonzalo Mortola, interventor de la Administración General de Puertos S.E.
Hubo dos proyectos preliminares entregados por ALG. El primero tiene fecha del 12 de diciembre de 2016 en la que se planteó la concesión de "dos terminales de contenedores" para licitarse en Puerto Nuevo (Buenos Aires), según la documentación a la que accedió en exclusiva este medio. Las mismas tendrían una duración de 25 a 30 años para operar en el puerto con mayor tráfico de contenedores de la Argentina y el Uruguay.
Con este primer diseño, las tres terminales - hoy operadas por tres empresas - se reducirían a dos. En la actualidad, argumentó AGL (Indra), las terminales de contenedores tienen una capacidad de 1,5 MTEU (unidad de medida de transporte marítimo expresada en contenedores) pero con el relleno y la fusión para tener dos terminales en vez de tres, se aumentaría la capacidad a entre 2,5 y 3 MTEU. Estas tareas implicarían una inversión, según la empresa, de entre 280 y 360 millones de dólares.
Pero en junio de 2017 el proyecto cambió. En el informe se plantea la concesión de dos terminales de containers, pero una de ellas, la "interior" que combine las tres existentes, que operan desde 1994, - por 20 años con una inversión de entre 230 y 300 millones de dólares - y una "exterior" por fuera del área del puerto - por 30 años - de manera progresiva.
Sin haber realizado un estudio de impacto ambiental, estas terminales estarían fuera de la ubicación geográfica actual del puerto, en terrenos ganados al río y quedarían liberados terrenos estratégicos para el negocio inmobiliario, en una zona aledaña a lo que hoy es Puerto Madero, como se puede ver en el plano que ALG presentó y al que accedió El Destape. Allí se explica que las dos terminales tendrán características similares y que la zona hoy destinada al puerto estará destinada a servicios de cruceros, comercial, áreas logísticas y construcciones inmobiliarias, un clásico del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
