Se revelaron más detalles de la denuncia penal presentada por el director general de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, José Mario Moyano que involucra directamente a Ricardo Colombi, el gobernador de la provincia que “hace años acuñaba a uno de los más importantes proveedores de drogas de Santa Fe".
Moyano deja en claro que estaba en la Provincia de Corrientes cumpliendo una “estricta orden” de un Juez de la Nación, el Dr. Aldo Alurralde, juez federal con asiento en Reconquista, y que se actuó en pleno derecho en lucha contra una organización de tráfico y comercio de estupefacientes de la que también participa la Fiscal Federal de Reconquista, Viviana Bruno Campagna.
Señala que una vez que irrumpieron en los 8 lugares previstos allanar “muñidos de facultades legales y con estricto cumplimiento de las formalidades procesales”, siendo las 7:58 horas recibió un llamado telefónico del número 3794505109, quien se presentó como el subjefe de la Policía de la Provincia de Corrientes, comisario general Mendoza, quien le pidió explicaciones sobre la presencia de policías santafesinos en Corrientes y le cuenta que había “varios padres que manifestaban que sus hijos fueron secuestrados y trasladados en una camioneta identificable con el N°5.756”.
Lo tranquilizó respondiendo que esas personas “no fueron secuestradas”, sino que estaban cumpliendo con el deber de la carga pública de oficiar de testigos en los allanamientos.
Más tarde, el comisario mayor Valenzuela, subjefe de la Unidad Regional de Goya se presentó en calle Chile al 1100, donde allanaban un domicilio y le informaron que secuestraron pruebas.
Moyano comentó que su colega correntino tenía “notorio estado de malestar y nerviosismo, y comenzó a cuestionar con palabras agresivas e injuriantes la falta de aviso previo y la gravedad de trasladar testigos de la ciudad capital correntina”.
Igual los agentes santafesinos continuaron la tarea encomendada por el Juez de la Nación.
En su denuncia penal, Moyano cuenta que “con posterioridad al suceso”, personal de custodia externa de la casa allanada le contó que el comisario mayor Valenzuela “había intentado ingresar en forma indebida (al domicilio que allanaban y donde había droga)… con el peligro concreto de entorpecer la labor policial”.
También se dejó constancia en acta que “con el firme propósito de suspender o frustrar la medida judicial, el mismo funcionario Valenzuela ordenó a sus subalternos la concentración de la máxima cantidad de empleados policiales locales y móviles policiales identificables, tanto en la arteria de mención como así también frente a las viviendas, formando un cerco de seguridad como medida de amedrentamiento e incipiente amenaza al personal operante, logrando entorpecer el movimiento de supervisión de otros lugares allanados”.
Luego que los policías correntinos cercaron a los santafesinos, llegó el Dr. Balestra, un juez penal de la Provincia de Corrientes, quien “visiblemente exaltado ordenó que se suspenda la actividad policial”, lo que no se acató porque se le exhibió el recaudo legal correspondiente.
Entre tanta gente de sobra, llegó también el gobernador
Moyano relata en su denuncia penal que “Ricardo Colombi arremetió contra el personal policial actuante con palabras insultantes y en un intento de poner fin al operativo intentó ingresar al interior de una de las viviendas que estaban allanando e intentó retirar por la fuerza a dos testigos de actuación, razón por la que la custodia externa le cerró el paso, lo que provocó la ira desmedida y agresiva”.
MÁS PAPISTA QUE COLOMBI
Paradójico también es que mientras el gobernador estaba tan nervioso e injuriante, Moyano asegura que “los testigos le manifestaron espontáneamente que se encontraban en buen estado y que lo habían tratado bien”.
El jefe policial santafesino dice que teniendo en cuenta la investidura del gobernador, llamó al ministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro y los puso en comunicación.
Al cortar, Colombi se retiró del lugar “en el mismo estado de exaltación, no sin antes ordenar a su personal policial que detenga a todos los policías involucrados en la medida judicial”.
ES ORDEN DEL JEFE
Más tarde, el subjefe de la Unidad Regional de Goya notificó a Moyano que “tenía orden del gobernador Colombi de meterme preso a mí y al resto del personal que se encontraba allanando, a lo que respondí que no resultaba procedente porque se cumplía una medida ordenada por la justicia federal”.
En su denuncia Moyano señala que “a las 13:30 se acercó nuevamente Valenzuela junto a otro comisario de apellido Bordón, quienes me manifestaron formalmente mi estado de detención y la orden de trasladarme a la jefatura local por orden de la jueza de Instrucción de la Ciudad de Corrientes, Dra. Ferreyra”.
Señala que “6 horas después de estar privado de mi libertad y sin información alguna de mi estado procesal”, a las 19:30 lo llevaron a la oficina del comisario mayor Valenzuela donde le hicieron firmar un acta “la cual no justifica la causa de mi detención y solamente se limita a expresar que se me imputará en el futuro en los autos caratulados Vivian Etel Levitzky y otros s/denuncia por presunta infracción artículos 144 bis y 248 del Código Penal Argentino, con intervención del Juzgado de Instrucción de la 6ª nominación de Corrientes”.
El director general de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, José Mario Moyano, calificó los hechos como “aberrantes y reprochables”.
RESUME MOYANO
“El procedimiento ordenado por la Justicia Federal de Reconquista se ha llevado a cabo en forma legal y con exitosos resultados”.
“La medida judicial fue entorpecida o demorada en su normal ejecución por exclusiva responsabilidad de las autoridades policiales, el titular del Poder Ejecutivo y jueces ordinarios de la Provincia de Corrientes, con posible infracción al artículo 237 ss y cc del Código Penal”.
“Fui privado ilegítimamente de mi libertad, sin expresión de motivos, habiéndose conculcado derechos fundamentales susceptibles de ser denunciados y pasibles de sanción a sus responsables, previsto en los artículos 141, 143, 144 bis y 248 del Código Penal”.
“Fui expuesto públicamente en la prensa de todo el país, menoscabando mi imagen, buen nombre y honor, mi integridad psicofísica y la de mi familia, como así también el de la institución que represento”.
Por tales circunstancias José Mario Moyano pidió formalmente en su denuncia ante el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, “la adopción de las medidas que considere menester, atento a la presunta comisión de ilícitos y al estricto cumplimiento de las normas vigentes en la materia, y con la intención que tales hechos no vuelvan a suceder”.
¿Qué hizo el Juez de la Nación?
El 30 de diciembre de 2016, Aldo Alurralde trasladó la denuncia a la Fiscalía Federal de Reconquista para que investigue la presunta comisión de delitos que describe el denunciante José Mario Moyano.
Moyano resaltó el apoyo que recibió de todos sus superiores, incluyendo al secretario de Investigación Criminal Rolando Galfrascoli, al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al propio gobernador Miguel Lifschitz.
