Las múltiples justificaciones que el municipio de la capital dio para explicar el impuestazo no alcanzan a conformar a los vecinos de Resistencia. El clima no es más caldeado sólo porque en estas fechas los contribuyentes están recibiendo sus boletas y todavía no han tenido que hacer frente al brutal incremento.
La ciudad de Resistencia se pone a contrapelo de un esquema nacional que trata de que las variables que puede manejar el Estado no contribuyan a impactar en la inflación. Así se pueden detallar el freno al aumento de combustibles, a las tarifas del transporte público y los servicios públicos que están en mano del gobierno federal.
Tuvo alta exposición la ley tarifaria –tratada en el parlamento bonaerense- que impulsaba el gobernador Axel Kicillof porque planteaba un incremento progresivo del 75% para un segmento de mayores ingresos en el impuesto inmobiliario. Fue un durísimo debate que terminó con un fuerte recorte a la pretensión del mandatario del principal distrito del país.
La propuesta de Kicillof pretendía recuperar los ingresos de la provincia en los términos de la inflación del año pasado, que se estima todavía, por encima del 53%. El 75% hallaba explicación en que para los sectores menos desprotegidos sufrirían incrementos muy por debajo de la inflación.
En definitiva, el debate por la recuperación de los ingresos públicos, nunca tuvo consideración la desproporción que esos aumentos representaban con los salarios o los ingresos de los contribuyentes que en todos los casos nunca pudieron igualar a la inflación.
Pero todo eso queda muy lejos frente al brutal aumento de impuestos que reconoció el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Resistencia, Francisco Vescera. Aquí se reconocen aumentos de entre el 200% y el 300% con el argumento de que las tarifas en la ciudad capital vienen desfasadas desde el año 2014.
El funcionario, sin ruborizarse dijo a Radio Libertad que “el valor de la tierra no se actualizaba en Resistencia desde el año 2013, cuando se aprobó la ordenanza de 2014. Es decir, hace seis años. Ese valor si usted tiene en cuenta la inflación que hubo en el país en este tiempo, es de 600%. Nosotros lo actualizamos en un 200 o 300 por ciento".
Casi como si los vecinos de Resistencia tuvieran que agradecer que no haya que absorber otros 300% más que, según los criterios de la nueva gestión de Gustavo Martínez lo terminarán actualizando más adelante.
Este drástico aumento, ocurre mientras la ciudad se encuentra prácticamente paralizada. Las calles de tierra no reciben mantenimiento desde que comenzó esta gestión. Hace una semana, una empresa de colectivos –Línea 5- suspendió sus recorridos porque las calles están intransitables. De paso, el transporte público sufrió un nuevo paro por falte de pago de los subsidios.
Desaparecieron los contenedores (de la ex firma COTRECO) de que se habían dispuesto para una recolección diferenciada de residuos que podrían avanzar directamente a formas de reciclado, obligando a los vecinos a mezclar todos los residuos, poniendo un signo de interrogación sobre la política ambiental de esta nueva gestión.
¿Cuál será el destino de la mayor recaudación que el brutal aumento importará? Sería importante conocer cuál fue la respuesta que el municipio le brindó al Defensor del Pueblo de Resistencia. Igualmente, la sanción de una medida de este tipo resuelta unilateralmente por el intendente Martínez abrió algunos interrogantes. Las cajas que representaron los ministerios que manejó este espacio político durante la gestión de Domingo Peppo o la presidencia de Elida Cuesta en la Legislatura, ya no están. ¿Será esta una compensación? Las relaciones rotas con el gobernador Jorge Capitanich ¿la tendrán que pagar los contribuyentes de la ciudad?
Semejante aumento deberá notarse en la gestión de la ciudad. Resistencia tendrá que ser otra. Por ahora, la tarea parece no haber comenzado. La agenda del intendente no difiere mucho de la que mostraba cuando era presidente del Concejo. Aunque ahora sus responsabilidades son diferentes. Son mayores
