La presencia de la ministra Marcela Mosqueda en la Legislatura dejó entender perfectamente que la funcionaria no sintoniza al malestar de sus propios colegas independientemente de si las medidas de fuerza la decretan los gremios con los que mantiene una fuerte disputa.
Lo grave de la sesión de interpelación fue que su resultado se midió en términos de tiempo. Las horas que duró y el interés de la oposición en si después de la novena hora se levantaron y dejó sin quórum la sesión.
Existieron dos elementos que frustraron al docente que esperó por bastante tiempo que la ministra fuera a dar explicaciones. El primero, claramente la cuestión salarial. Que Educación pretenda fundamentar que el salario docente le viene ganando a la inflación implica ya no sólo desconocer la situación general de sector, sino directamente la realidad de toda la provincia en relación con el sector público.
Hubo un reconocimiento oficial a que la pauta salarial para los docentes se cumplió y terminó cerrándose en un 10% para todo el 2018 cuando la inflación general de precios terminará rondando el 50%.
Los medios nacionales están advirtiendo que el poder adquisitivo de los salarios en general en el país y tomando como base los acuerdos paritarios de los grandes sindicatos privados o incluso de los estatales también nacionales, sufrirán una pérdida del 30% de su poder de compra.
Las paritarias nacionales están cerca por encima del 30%, incluida la de los docentes bonaerenses que todavía están conflicto con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Sólo esas mediciones desmienten a la ministra, además de sus propios datos duros, pero a eso debe agregarle la sensación generalizada.
La impresión real de lo ocurrido al final de la interpelación no pudo ser apreciada en su totalidad a partir de la cobertura mediática que se le dio a la intervención de Mosqueda, que llevó a una barra de aplaudidores al recinto y que a la vez tuvo fuerte cobertura mediática al final desde la propia oficina de prensa del gobierno provincial y otros periodistas particulares que intentaron hacer aparecer a los legisladores opositores como distrayéndose con el uso del celular o ganados por el cansancio.
La otra gran cuestión es la inyección de fondos que representan las “escuelas de gestión social” a través de las cuales se envían fondos sin control a movimientos piqueteros. La expresión de la ministra justificó esos envíos. “Yo defiendo la escuela pública de gestión estatal, la escuela pública de gestión social, la escuela pública de gestión privada y la escuela pública de gestión indígena”.
Sólo que en las tres escuelas públicas que no son del Estado, pero reciben fondos públicos para el pago de salarios de sus docentes no rigen el Estatuto del Docente. No se concursan los cargos de los maestros y fundamentalmente no se toman en cuenta los conocimientos ni la formación de los directivos de esos establecimientos.
Esa “detalle” que no parece haber advertido la ministra, ni los legisladores, mucho menos los medios de comunicación impacta de lleno en la educación que imparten esos establecimientos, que a su vez compiten deslealmente con la “escuela pública de gestión estatal” que es la está consagrada por la Ley 1420 de educación común, laica, obligatoria y gratuita” sancionada durante el gobierno de Julio Argentino Roca.
La deserción escolar admitida en la sesión fue del 20% pero hay otras cifras que deberían medirse y que están escapando pero que tienen igual impacto. Ese 20% no va directamente a la escuela, pero otro porcentaje alto recibe una educación de inferior calidad en establecimientos que dan clases un par de horas sólo los sábados y sólo por dos años, por docentes que están fuera del Estatuto Docente o porque directamente quienes la dan no son docentes.
El Estado está abdicando de una de sus principales responsabilidades, en una provincia afectada severamente por las políticas nacionales anticipadas aquí por la gestión de Domingo Peppo. En el país el índice de pobreza se disparó al 33,6% durante el tercer trimestre de este año y constituye así un aumento de 19% respecto de las cifras difundidas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) un año atrás. Sobre ese total los niños se llevan la parte más dura. La pobreza golpea chicos de 0 a 17 años vio un incremento del 44% al 51,7%.
En el mismo informe, denominado Estancamiento estructural, pobreza, crónicas y desigualdad crónica en Argentina 2010-2018, se señala que en 2018 cerca de la mitad de los hogares declararon que sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus gastos. Esta tendencia negativa se observa con niveles diferenciados para todos los grupos sociales destacándose la amplia incidencia registrada en el estrato de trabajadores marginales (el 74% de estos hogares de declararon esta situación, mientras que en los hogares de clase obrera integrada el porcentaje alcanzó al 58%).
También en este año tuvo lugar un descenso de los hogares y la población en situación de pobreza que accede a transferencias monetarias provenientes de programas sociales. Esta tendencia se explica por el empobrecimiento de sectores pertenecientes en los estratos medios que no acceden a transferencias por parte del Estado.
El sector docente y las políticas implementadas de las denominadas “cuatro clases de educación pública” que mantiene el Ministerio de Educación en el Chaco están afectados por las mediciones de la UCA, y en las cuatro categorías utiliza para medir la Clase media, la Clase media no profesional, la Clase obrera integrada y la Clase trabajadora marginal.
Las cifras de la pobreza y el caótico sistema educativo que mantiene el Ministerio coadyuvan a garantizar pésimas estadísticas. Serán el legado de una gestión a la que recién sobre el inicio de su último año de gobierno la oposición -cada vez más disgregada- parece haberle echado un ojo.
