La Justicia federal de Morón procesó a ex funcionarios del Hospital Posadas, situado en la ciudad bonaerense de Haedo, por administración fraudulenta, compras irregulares y la incorporación de personal sin cumplir requisitos. La decisión fue firmada por Néstor Barral, titular del Juzgado Federal 3 de Morón.
El juez procesó a los ex funcionarios del hospital Domingo Martín Latorraca, Andrés René Rodríguez, Lorenzo Manuel Donohoe y Cecilia Natalia Gatta Castel por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
A Ricardo Ariel Rotsztein, Pablo Saavedra, Eddie Alan Pérez y Emilio Ramiro Fernández los consideró partícipes necesarios porque como monotributistas facturaron honorarios profesionales por asesoramiento en la dirección de administración financiera. Los directivos investigados por Barral estuvieron al frente de la gestión del nosocomio durante 2015, designados por el sabbatellismo. Todos eran habituales aportantes del partido Nuevo Encuentro, liderado por Martín Sabbatella.
El magistrado les trabó a todos los imputados embargos sobre sus bienes por montos que van de los $2.000.000 a los $500.000 pesos.
La causa se abrió el 17 de febrero de 2016 por la denuncia concretada por Alberto Jorge Díaz Legaspe, entonces Director Nacional Ejecutivo a cargo de la Administración del Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas", porque cinco días antes se había dañado un resonador magnético cuando introdujeron una silla metálica en el equipo.
A partir de ahí se abrió un sumario y se supo que en el ámbito de la Dirección General de Administración Financiera "existían compras irregulares, ya que se habían suprimido procesos licitatorios para ser suplantados por el modelo de fondos rotatorios -sólo válido para casos de emergencias", señala la resolución.
Los hechos investigados, y por los cuales los citados se encuentran procesados, se relacionan con la compra de bienes y contratación de servicios realizados a través de mecanismos de excepción a fin de poder manipular los proveedores elegidos y los precios abonados.
Dicha estructura se encontraba integrada por algunos de los procesados, quienes ni siquiera trabajan en relación de dependencia con el Hospital y, por ende, no tenían las facultades para realizar las contrataciones.
También se denunció "la contratación de varios servicios pagados por esa misma modalidad, a los fines de realizar un acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015 en el Hospital Posadas, cuando dicha erogación no se encuentra vinculada con el objeto del nosocomio".
Ese episodio fue un acto encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner para inaugurar obras, que según la denuncia habría costado más de 600 mil pesos. Asimismo, se denunció la "incorporación irregular de 1.500 personas durante dicho período para realizar actividades no asistenciales, sin cumplir con los requisitos fijados".
En otro orden, también fue investigado el escandaloso pago de otro acto de la ex mandataria con animación incluida a cargo del cantautor Víctor Heredia, la contratación de 60 colectivos para trasladar militantes al lugar, y un servicio de catering para los invitados especiales cuyo pago finalmente nunca fue reclamado luego de hacerse público.
El costo total del evento ascendió a casi $600.000 y fue abonado por el propio Hospital, desviando fondos que debieron ser destinados a atender la salud de los pacientes que allí se atienden.
