La comisión de Legislación daría luz verde al proyecto la próxima semana y sería tratado en el recinto el 1 de agosto tras el receso. Se pone énfasis en la víctima, la investigación recaerá exclusivamente en el fiscal y se crean institutos para dar celeridad a los procesos.
¿Será esta la definitiva? Con un amplio historial de frustraciones, la iniciativa para crear un nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, que derogue el vigente de 1971, podría recibir la próxima semana un dictamen favorable en la Cámara de Senadores.
Los impulsores del proyecto son los miembros de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales: Noel Eugenio Breard, Ricardo Colombi y Graciela Rodríguez. Pero previamente existió un trabajo de una comisión mixta en la que se hicieron aportes sustanciales a su redacción. El miércoles último fue presentado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho el libro de comentarios sobre el proyecto cuyo autor es el reconocido abogado Jorge Buompadre.
Hoy la provincia se ubica con la normativa más desactualizada en materia penal. “Este miércoles le daremos dictamen y seguramente el 1 de agosto avanzaremos con la media sanción para que pase a la Cámara de Diputados”, señaló Breard en diálogo con época. “Es un trabajo de consenso muy fuerte que tiene como eje al Código Procesal Penal Federal que oportunamente presentó el ministro de Germán Garavano en el marco del Plan Justicia 2020”.
Entre los puntos sobresalientes se destaca el cambio de paradigma en el proceso de investigación. “La separación es clave, el fiscal investigará y el juez dictará sentencia”, comentó Breard a su vez que resaltó la figura del criterio de oportunidad a la que podrá abocarse el fiscal “se tratan de delitos menores que implican un desgaste económico y de tiempo”, para compensar existirán procesos abreviados con el objetivo de alivianar el trabajo en los juzgados y lograr celeridad para el imputado.
En este texto normativo se jerarquiza la participación del ciudadano con intervención en los procesos respectivos, cuenta con una participación más activa de la víctima que además deberá recibir contención psicológica y seguridad personal. Hay limitaciones en los recursos de casación, de queja y otras metodologías dilatorias respetando en todos los casos las garantías de los imputados. Se incorpora la posibilidad del acuerdo de juicio abreviado parcial, entre otras figuras.
“Otro instituto que se crea es el proceso de flagrancia, que si bien está vigente por una acordada del STJ, con el código será una consolidación”, indicó el legislador radical. Esta medida permite a la Policía aprehender a la persona hallada en el momento de cometer un delito -o inmediatamente después- y al Juez de Instrucción -en un plazo no mayor a las 72 horas- resolver su situación procesal.
Hay provincias que al modificar su marco normativo en el fuero procesal penal, incorporaron el juicio por jurados, pero Corrientes deberá esperar para ello. Se necesitarán leyes complementarias para avanzar en ese sentido. Vale recordar que Buenos Aires lo empezó a aplicar hace dos años, logrando condenas en varios casos resonantes como la absolución del carnicero de Zárate que atropelló y mató a un delincuente que lo asaltó. Este año absolvieron a Lino Villar Cataldo, médico que en 2016 mató de cuatro balazos a un ladrón.Desde 2004 existieron iniciativas, algunas llegaron al recinto y perdieron estado parlamentario. En el 2014 se volvió a presentar el proyecto de reforma y logró media sanción en Senado. Diputados al recibir el proyecto lo giró a comisiones y nunca se reactivó su tratamiento. Esta vez y con un fuerte impulso de la bancada oficialista en la Cámara alta el resultado, parece, será diferente.
Controversia por proyecto sobre “delivery”
La Asociación de Conductores del Volante del remís y afines de Corrientes (ACVACOR) solicitó al Concejo Deliberante ser convocados para debatir un anteproyecto vinculado a los motomandados, que exige la obligatoriedad de contar con la licencia de conducir profesional para toda persona que brinde un servicio de estas características.
A su vez reclaman por un proyecto que dicho sector presentó apuntando a crear la figura de “mototaxis” “y que fue frenado en el recinto”. Esperamos poder debatir para lograr un registro único y una normativa para poder trabajar en nuestra ciudad”, manifestaron en una misiva dirigida al presidente del Concejo capitalino Norberto Ast.
“Nos encontramos con un proyecto sobre documentaciones que como todos sabemos, aquel que va a manejar un vehículo de baja, mediana o alta cilindrada, lo mínimo que debe tener es seguro y registros de conductor”, agregaron al considerar “algo lógico” la iniciativa.
El concejal Fabián Nieves, impulsor de la normativa explicó que ACVACOR confunde “mototaxi” con una ordenanza ya vigente que regula la prestación del servicio de motomandados en la ciudad. Se promueven cambios en su articulo 6º exigiendo carnet profesional para obtener la autorización municipal.
“Con este proyecto estamos ayudando a mejorar la seguridad vial, asegurándonos que a todos los conductores que presten este servicio, de gran presencia en la ciudad, se le exija máxima responsabilidad y prudencia a la hora de conducir y prestar el servicio”, aseguró Nieves.