Por año, nacen en la Argentina entre 2500 y 3000 bebés de madres que tienen de 10 a 14 años. En 2016 -son los últimos datos oficiales disponibles- estos nacimientos fueron 2419, unos siete por día. En otras palabras: cada tres horas una nena se convierte en mamá.
La cifra se mantiene más o menos estable desde la década del 80 y, según los especialistas, se trata de un drama silencioso, que suele explotar cada tanto en los medios cuando algún caso salta a la luz, pero que recién ahora comenzó a ganar, tímidamente, el lugar en la agenda que se merece. El desafío que representa esta problemática -una de las más complejas en términos sociales y de salud- es enorme y requiere un aborde integral desde las políticas públicas.
“La mayoría de los casos son embarazos forzados, la cara más cruel del embarazo no intencional. Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden”, señala Silvina Ramos, socióloga y coordinadora técnica del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Susana Chiarotti, que integra el consejo consultivo del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Comité de Expertas en Violencia de la OEA, define como “embarazo infantil forzado” a aquel que ocurre en una niña menor de 14 años sin haberlo buscado (lo que sucede en más de ocho de cada 10 casos) y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza el acceso a la ILE.
La situación de las provincias es dispar: Formosa y Chaco tienen la mayor cantidad de nacimientos en chicas de entre 10 y 14 años. En números, 5,6 por cada mil formoseñas y 4,4 por cada mil chaqueñas de esas edades parieron en 2016.
“Cada bebé que nace de una niña madre muestra un sistema de protección de derechos que falló una y otra vez”, asegura Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales y autora de El cuidado infantil en el siglo XXI. “Lo primero que hay que hacer es prevenir, por ejemplo con educación sexual integral (ESI), y cuando el sistema falla, proteger los derechos de esa nena, para quien no tiene nada de natural ser madre”, subraya.
Son niñas sin infancia: las más vulneradas de todas. Muchas, jamás tuvieron un juguete y sufrieron una vida atravesada por la violencia: de género, sexual, física y la lista sigue. Según un estudio de Unicef, la mayoría proviene de hogares con algún indicador de NBI y dejaron la escuela antes de quedar embarazadas.
En sus historias, se entretejen la pobreza, la exclusión, la falta de educación sexual, las uniones tempranas y las relaciones desiguales de poder, la imposibilidad de acceso a servicios de salud amigables que las contengan y les expliquen sus derechos (entre ellos, el de acceder a la interrupción legal del embarazo -ILE- si así lo requieren). Con la maternidad, el círculo de marginalidad y dependencia se retroalimenta.
Abusos
Fernando Zingman, especialista en salud de Unicef, sostiene: “Los estudios cualitativos muestran que en la gran mayoría de los casos, estos embarazos precoces son producto de abusos sexuales, que suelen ser intrafamiliares”. Las formas de coerción van desde la imposición forzada hasta las amenazas, los abusos de poder y otras formas de presión.
Zingman explica que la mayoría de las niñas madres tienen 14 años (representan el 81% de los casos) y una parte considerable llega a los servicios de salud en una etapa avanzada del embrazo (en el segundo o tercer trimestre). Otras, cuando el trabajo de parto ya está desencadenado. En muchos casos, buscan esconder la panza todo lo que pueden: por miedo, por vergüenza, por no saber qué hacer ante una realidad que las desborda.
El miedo, la angustia y la sorpresa son los sentimientos que las invaden. “El embarazo, resulta del desconocimiento por parte de ellas de las consecuencias de la actividad sexual o cuando, conociéndolas, no pueden hacer nada para prevenirlas. No acceden a educación sexual, a métodos de prevención de embarazos o de anticoncepción de emergencia”, suma Chiarotti.
Amnistía Internacional advierte que las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de entre 20 y 24 años, mayor probabilidad de que sus hijos tengan bajo peso al nacer, de parto pretérmino, de mortalidad perinatal, de sufrir convulsiones, de hemorragia posparto y de infección endometrial.
Para Unicef, estos casos exceden lo que se considera un “riesgo médico obstétrico” o para la vida, y abarcan otros sociales, afectando gravemente su integridad psicológica.
Legislación
Desde hace casi un siglo, la legislación argentina incluye como causales de no punibilidad del aborto el riesgo para la vida o salud psicofísica de la mujer y el embarazo producto de una violación. Cualquier niña menor de 15 años, puede enmarcarse dentro de las mismas.
“En los casos de niñas embarazadas, los equipos médicos tienen la obligación de ofrecerles toda la información de forma clara, completa y en un lenguaje accesible, sin esperar que la demanden. Sin embargo, en muchísimas ocasiones esto no ocurre”, apunta Zingman.
Juan Carlos Escobar, coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, considera que algo fundamental para los equipos de salud que reciben a estas niñas, es que “no naturalicen el embarazo”.
“Muchas suelen recibir una fuerte presión para que asuman su rol materno. Es clave que se las escuche en un ámbito de privacidad y confidencialidad (sobre todo, porque el 80% de los casos de abuso son intrafamiliares), dándoles una consejería en opciones, no dejando traslucir el ‘deber ser’ que piense el equipo de salud”, asegura Escobar.
Para los referentes, la prevención es clave. “Por un lado, educar y empoderar a las niñas para que puedan rechazar acercamientos sexuales indeseados. Eso se logra con la implementación plena, en todo el país, de la ESI”, explica Chiarotti. “En segundo lugar, evitar la impunidad en estos casos de violencia sexual, ya que la impunidad multiplica. Las autoridades educativas y de salud deben estar preparadas para proteger a la niña, escucharla, darle información, asesoramiento y atención adecuada”.
La Nación
