Cancillería advirtió sobre la realización de una audiencia en la OEA con el claro objetivo de interferir en el proceso electoral.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo hoy una audiencia pública de carácter general sobre la “Situación de la independencia judicial en la Argentina”. Ante esto, el Gobierno argentino denunció que dicha audiencia fue una burda operación político-mediáticapara interferir en el proceso electoral orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín. La nota publicada por el diario Clarín con fecha 16 de octubre es evidencia de ello y de la explícita instrumentalización política que se está haciendo de la propia audiencia y del rol de la Comisión, dice un comunicado difundido por Cancillería. Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente. La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente, dice el texto. Hace más de un mes la Embajadora ante la OEA Nilda Garré se comunicó con el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicarle las implicancias negativas que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales. Ante la negativa de la Comisión de postergar unos días la realización de la audiencia es que me vi obligado a enviar una carta a la Comisión de la OEA anunciando que la Argentina no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el proceso electoral, agrega. Cabe resaltar que la Argentina ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo ésta la primera vez que se ve obligada a no presentarse. Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25. En efecto, las asociaciones que requieren esta audiencia no están ajenas al referido proceso electoral, toda vez que han funcionado en los últimos años como espacios políticos de y para quienes ejercen o ejercieron sus cargos ejecutivos, continúa el comunicado. Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25. En efecto, las asociaciones que requieren esta audiencia no están ajenas al referido proceso electoral, toda vez que han funcionado en los últimos años como espacios políticos de y para quienes ejercen o ejercieron sus cargos ejecutivos, continúa el comunicado. ¿Quiénes son los grupos que solicitaron la audiencia? La diputada nacional por el PRO, Laura Alonso, fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano inmediatamente antes de postularse como candidata; Unidos por la Justicia tiene como director académico a Germán Garavano, ex Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y referente del mismo partido político y Álvaro Herrero asesor del candidato opositor Sergio Massa y miembro de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo mediático opositor Clarín, es el vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Nicolás Ducoté, Subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actual gestión del candidato presidencial Mauricio Macri (PRO), es referente y miembro del Consejo de Fundadores de CIPPEC. A través de este accionar, los solicitantes han pretendido, infructuosamente y con argucias utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para introducir un debate político durante la veda electoral que rige de acuerdo con la normativa del Estado argentino, explica el comunicado de Cancillería. Llama poderosamente la atención que esa Comisión, consciente del contexto descripto anteriormente, haya decidido igualmente convocar a la audiencia para un tema que, a todas luces, no requiere un trato urgente, una resolución inmediata o una acción para evitar un perjuicio irreversible. El Gobierno argentino está seguro de que este penoso episodio llevado adelante por personas y medios que buscan alterar la democracia argentina no logrará su objetivo de alcanzar con este tipo de acciones empañar el camino de la democracia elegido por los argentinos, concluye.