El acuerdo del Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional plantea un fuerte recorte en transferencias de dinero y financiamiento de obras públicas en las provincias para lo que resta del año y hasta 2020 inclusive. Viviendas, pavimentación y cloacas, entre otros trabajos de urbanización, son obras que están bajo la lupa para este ajuste que comienza a aplicarse con recortes desde el 1 de julio.
Así lo reconoce el propio Gobierno con la planilla del ajuste que publicó el ministerio de Hacienda de la Nación, tras los cálculos de recortes que planificó el ministro Nicolás Dujovne.
En el plan de ajuste, “un punto sensible de la poda estará dada por una baja real del 74 por ciento en las transferencias corrientes a las provincias. Son los fondos que la Nación envía a los gobernadores y a los intendentes por fuera de la coparticipación federal”, dice un informe del diario La Voz del Interior de Córdoba.
La nota, firmada por el periodista Javier Álvarez, plantea que el recorte de Macri en las provincias será “a través de numerosos programas, muchos de ellos coordinados desde el Ministerio del Interior: programas de vivienda, urbanización de villas, obras urbanas, como pavimentación, cloacas y cordón cuneta, se canalizaron durante dos años de modo directo con intendentes de todo el país y también con gobernadores. Esos recursos casi desaparecerán”.
En base a datos oficiales del informe de Hacienda, la nota del matutino cordobés dice: “¿De cuánto será esa poda entonces? Serán unos 133.400 millones de pesos que la Nación dejará de enviar a las 23 provincias y a la Capital Federal. La disminución se irá aplicando progresivamente entre el mes próximo y diciembre de 2020”.
En cuanto a las obras públicas, los gastos de capital bajarán 81 por ciento en el período comprometido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un frenazo que golpeará con dureza en la obra pública, debido a una reducción estimada en unos 70 mil millones de pesos.
“La obra pública se resentirá por partida doble, dado que caerá el presupuesto destinado por la Nación, pero también los fondos propios que iban a volcar las provincias y los municipios, que ahora tendrán que cubrir otros baches que se generarán por el ajuste”, dice el informe de La Voz del Interior.
Estos gastos son todos los destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan a los exponentes del sistema económico. Esto reduce el margen de maniobra del Gobierno para impulsar sectores sensibles de la producción o, incluso, realizar el mantenimiento del patrimonio del Estado.
Esto impactará de lleno, reconocen en el Gobierno nacional, en todo lo relacionado a estudios de preinversión; ejecución de obras; compra de maquinarias y de equipos para las empresas públicas, como Arsat, Aysa, Ferrocarriles Argentinos y Fabricaciones Militares, entre otras.
En Casa Rosada, aseguran que convocarán a las provincias para evaluar la situación y diseñar un recorte de gastos y de transferencias nacionales no automáticas, sin afectar los planes sociales, las obras en marcha y el funcionamiento administrativo. Todo indica que será la etapa más conflictiva del ajuste, ya que la mayoría de los gobernadores insiste en que la reducción de gastos corresponde al Estado nacional y tienen la llave para trabar en el Congreso el presupuesto 2019.
